En casi todos los puntos de la zona costera de Maldonado se afianzan organizaciones de vecinos extremadamente atentos ante cualquier acción que impacte sobre el medioambiente. Cada vez están más conectados a través de grupos de Whatsapp, donde intercambian información y asesoramiento sobre los pasos a seguir en caso de detectar daños en el entorno. Pero, además, han elaborado un detallado protocolo de denuncia ambiental que facilita las cosas.

Durante este fin de semana, por ejemplo, un grupo de vecinos de Solís Grande descubrió movimientos de apariencia irregular en un padrón muy cercano al arroyo Las Flores. En el terreno había personas talando árboles con motosierras, mientras que dos retroexcavadoras abrían paso a lo que parecían calles y fraccionamientos de lotes.

Rápidamente, los vecinos se pusieron en contacto con el grupo Naturalmente Piriápolis y Zona Oeste, y el domingo 20 asentaron la situación vía web al Sistema de Denuncia Ambiental. También recopilaron información sobre el caso para presentarla ante la Dirección General de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado (IDM) a primera hora de este lunes 21.

Alertaron a las autoridades de la comuna sobre estas excavaciones y aperturas de calles en un terreno que, según confirmaron mediante el sistema de georreferenciación de la comuna, corresponde al padrón rural 6551. Desde la IDM les informaron que ese predio no está habilitado para obras ni figura en la Dirección Catastral. Tampoco el padrón fue modificado por el Programa de Actuación Integrada (PAI), proceso que se lleva adelante para poder cambiar de categoría del suelo y pasarlo de rural a urbano, en este caso, para poder construir.

Con todo, este lunes por la tarde se detuvieron las obras de lo que parece ser un “fraccionamiento ilegal”. Déborah Díaz, integrante de Naturalmente Piriápolis, destacó que aún no saben quiénes son los responsables de esas tareas, pero aseguró que ya se estaban ofreciendo lotes para la venta. “Las máquinas trabajaron a full sábado y domingo, y eso era muy sospechoso. No están registrados, es una situación totalmente trucha. Están pasando por encima de todas las normativas de la intendencia”, lamentó.

Díaz aseguró a la diaria que los vecinos de la zona ya están “cansados” de que sucedan situaciones como esta. Manifestó, además, que “muchas veces tienen miedo de denunciar porque no conocen qué hay detrás”, si alguna sociedad anónima (SA), una sociedad por acciones simplificada (SAS) o el representante de alguien más.

Protocolo de denuncia ambiental

Tras haber constatado otras irregularidades que atentaban contra el medioambiente o las normativas de obras, como el fraccionamiento ilegal que también denunciaron en la zona de Zanja Honda (2021-2023), se formó una Agrupación de Derecho Ambiental Ciudadano que creó un “protocolo de denuncia ambiental”.

El objetivo es que las personas sepan cómo actuar y llevar el asunto a los organismos competentes cuando detecten situaciones anómalas en perjuicio del medioambiente.

El protocolo explica, en principio, en qué situaciones pueden intervenir para defender el ambiente de la localidad donde viven, tanto sea por acciones de públicos como de privados. La clave, dice el texto en este punto, es “involucrarse y preguntar hasta recibir respuestas concretas, escritas, claras y oficiales”.

Otro tramo plantea qué cosas denunciar, como la devastación de humedales y montes nativos, movimientos de tierra o arena de apariencia ilegal, actividades con maquinaria pesada sin autorización; apertura de calles en fraccionamientos desconocidos; alteración o derivación de cursos de agua; corte y extracción de monte nativo para leña; o corte de vegetación de borde de ribera de orilla a orilla, entre otras situaciones.

En tercer lugar, establece las formas de comunicarse con las personas que están incurriendo en presuntas irregularidades, sea en predio público o privado. Indica las formas de recopilar información y qué pruebas se pueden aportar (como registros fotográficos o filmaciones, rastrear los padrones en el sitio georreferenciado de la IDM), además de recomendar el contacto con grupos vecinales para radicar juntos las denuncias y hacerles un seguimiento.

El extenso protocolo también explica cuáles son los organismos a los que recurrir y cómo funcionan en su interna, proporciona los teléfonos de los funcionarios a cargo, detalla legislación ambiental y procedimientos para realizar pedidos por ley de acceso a la información pública, entre otras recomendaciones. Quien desee solicitar esta guía o asesorarse puede escribir al correo electrónico [email protected].