La Junta Departamental de Maldonado dio aprobación definitiva al Programa de Actuación Integrada (PAI) La Morenita, ubicado en una zona rural comprendida entre José Ignacio y la ruta 9, casi 900 metros al este del camino Sáez Martínez. Esto permite a la Intendencia de Maldonado (IDM) recategorizar el suelo rural como “suelo suburbano residencial campestre” y aprobar un fraccionamiento con destino a residencias en propiedad horizontal.
De acuerdo a la propuesta, desarrollada por Göra Capital, el padrón de 30 hectáreas será fraccionado en 32 lotes de superficie igual o mayor a 4.000 metros cuadrados. Fuera de los predios individuales podrán localizarse construcciones no residenciales de servicios. Los inversores cederán una superficie de dos hectáreas para “espacios libres” y destinarán un área “como reserva de flora y fauna a la zona definida en el Plan Entre Lagunas”.
El masterplan de La Morenita, publicado en la web, señala que habrá cancha de tenis, cancha de fútbol, una senda aeróbica y “lagunas y muelles”. El diseño paisajístico está a cargo de Lorena Ponce de León (Identidad Paisajismo), mientras que el diseño de las residencias corresponde al estudio Ravecca, Montaño, Artagaveytia (RMA), reconocido por su participación en barrios privados de Canelones.
“La vocación de la zona responde a una dinámica de urbanización reciente, que se apoya en la subdivisión de grandes predios y el crecimiento por proyectos de fraccionamiento de promoción privada, desarrollados como unidades con diferentes formas de gestión”, indica un tramo del PAI.
La microrregión donde se ubica La Morenita está conformada por un sector sur de “tierras de alto valor por su proximidad a la zona costera, que aumenta su interés turístico”, con una estructura parcelaria subdividida para localizar chacras marítimas, agrega el documento, elaborado por el ingeniero agrimensor Daniel Sztern, director de Enviro Consultores, con participación del exsecretario general nacionalista de la Intendencia de Maldonado José Luis Real.
Un proyecto “desprolijo”
El Frente Amplio (FA) no votó el expediente. El edil Joaquín Garlo advirtió que la Comisión de Planeamiento y Ordenamiento Territorial firmó su informe favorable al PAI antes de que compareciera la directora de Urbanismo, Soledad Laguarda, para evacuar dudas sobre el proyecto. Lo mismo ocurrió en la Comisión de Obras Públicas y en la de Legislación, que también avalaron la iniciativa de la IDM en tiempo récord.
Durante la sesión plenaria, Garlo señaló que algunos ediles blancos consideraban necesario postergar el tratamiento del tema, mientras que otros del mismo partido remarcaron que había ordenes de la IDM de aprobar el expediente “con premura y sin fundamentar” los motivos. De hecho, según Garlo, algunos blancos “confesaron que firmaron el informe en mayoría sin siquiera abrir la primera página del expediente”.
Para el FA, la propuesta presenta “dificultades” en cuanto al servicio de agua potable, saneamiento y energía eléctrica. En principio, OSE informó que la red más cercana al fraccionamiento se encuentra a más de siete kilómetros. Por ese motivo, los servicios serán privados y tanto las obras como la gestión correrán por cuenta del fraccionador. Para Garlo, esto viola disposiciones del artículo 47 de la Constitución.
Por otra parte, la oposición remarcó que, ante la ausencia de saneamiento, la disposición final de las aguas servidas será mediante barométricas que se descargarán a decenas de kilómetros de distancia, en la planta de tratamiento de OSE en la zona de El Jagüel.
El abastecimiento de energía eléctrica y alumbrado público se realizará mediante una conexión subterránea con la red pública de UTE, y las obras también correrán por cuenta del fraccionador. Citando un informe de UTE al respecto, Garlo señaló que en esa zona “no hay obras de transmisión ni de subtransmisión planificadas para el corto plazo, y que, dada la obligatoriedad de brindar el servicio eléctrico, podría surgir la necesidad de expandir las redes”.
El FA pretendía que el expediente regresara a la Comisión de Legislación para corregir el texto del proyecto de decreto -que a su juicio era desprolijo- y que Laguarda explicara el proyecto de la urbanización. Sin embargo, una vez más, la fuerza política fracasó ante el peso de la mayoría oficialista. El PAI de La Morenita fue aprobado por 22 de los 29 ediles presentes en sala.