En octubre de 2016, la edila colorada Susana de Armas planteó en la Junta Departamental las “múltiples carencias” que había constatado en la Terminal de Ómnibus de Maldonado, sobre todo en cuanto a la falta de mantenimiento edilicio “en todo aspecto” y a los malos servicios que se ofrecían. Por entonces, estaba en curso un llamado a licitación pública para tercerizar la gestión de esta terminal –más las de San Carlos, Maldonado, Punta del Este y Piriápolis–, que finalmente el intendente blanco, Enrique Antía, adjudicó a Maldonado Trans Limitada.

La empresa está dirigida por dos correligionarios blancos: Álvaro Hualde y Miguel Galán. El primero es hermano del actual vicepresidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), José Hualde, en tanto su socio es hijo del histórico dirigente wilsonista Miguel Ángel Galán, quien fue jefe de Policía de Maldonado de 1990 a 1993 y ministro de Industria de Luis Alberto Lacalle, y falleció en 2014.

La licitación pública dio a Maldonado Trans el derecho de “utilización, explotación, puesta en valor y mantenimiento” de las principales terminales del departamento. En contrapartida, la empresa ofreció un canon anual de 100.000 dólares más 40.000 para la realización de obras de infraestructura. Para supervisar el cumplimiento de la licitación, Antía contrató sistemáticamente a su consuegro Augusto Victorica Turenne.

De acuerdo con las resoluciones publicadas en la web de la Intendencia de Maldonado relevadas por la diaria, Victorica tuvo la misión de “coordinar y controlar el cumplimiento de lo establecido” en la adjudicación a Maldonado Trans, por lo menos hasta enero de 2020. No hay registros de quién cumple esa tarea desde entonces. Pero esta semana la edila Susana de Armas volvió a llevar el asunto del “deplorable” estado de la terminal fernandina ante la Junta Departamental de Maldonado.

“En todos estos años se ha realizado poco o nada para que se brinde un servicio acorde al que los usuarios de Maldonado merecen”, aseguró, antes de ofrecer un informe sobre las carencias edilicias y de servicios, que fundamentó con imágenes. “Esta terminal es la puerta de entrada a nuestro Maldonado y necesita inversión y mantenimiento. No se trata sólo de recaudar, también tiene que mantenerse y mejorarse en todo aspecto”, remarcó, antes de exponer algunas muestras para fundamentar su reclamo.

En materia edilicia, mostró imágenes de los techos con su pintura descascarada y manchas de humedad que comprometen algunas instalaciones eléctricas. También enumeró que las barandas para facilitar el acceso de personas con dificultades motrices “se encuentran en mal estado o no existen”. Añadió que la señalética es “la misma de hace seis años y se encuentra en pésimo estado”, está oxidada e ilegible, al tiempo que no existe un cartel indicador del nombre de la terminal, por lo que quienes llegan “no saben ni dónde están”. Tampoco existe una casa de cambio para los viajeros.

Otra muestra del mal estado de las instalaciones relevado por la edila es que no funciona la cerradura de ninguna de las puertas. “A la noche, cuando cierra la terminal, el guardia de seguridad que pernocta allí atraviesa un palo para trancarlas”, relató. Si bien destacó que el servicio de limpieza “es bueno”, resaltó que las papeleras datan de la época en que se inauguró la terminal –en 1979– y advirtió que luego de cierto horario todas las personas que se encuentran en situación de calle utilizan los baños para su aseo personal y los dejan en “estado desastroso”.

También mencionó la falta de seguridad y los conflictos que se generan en el entorno del edificio, pese a que existe guardia privada. A modo “anecdótico”, comentó que cuando los cuidacoches habilitados por la Intendencia de Maldonado se retiran, aparecen personas que intentan ejercer esa tarea y generan conflictos de diferente naturaleza. “Sabemos que la Policía trata de poner orden para que estas personas no provoquen inconvenientes, pero por momentos la situación se vuelve dificultosa y [estas personas] ocasionan perjuicios directos e indirectos a los usuarios”, comentó.

“Los usuarios pagan los impuestos correspondientes para el uso de dicho espacio y los pasajeros pagan para recibir buenos servicios. Deberíamos tener esa terminal en excelente estado, en todo aspecto”, dijo De Armas, quien reclamó “inversiones que permitan ofrecer los servicios con la calidad que los usuarios –más de 2.000 por día en baja temporada– se merecen”.