En marzo de 2023, un grupo inversor liderado por el desarrollista Daniel Zulamián compró, mediante subasta pública, uno de los dos padrones de la exestación de Ancap (Gorlero y calle 30) en Punta del Este. Pagó la base de 2.300.000 dólares, en tanto fue el único oferente. Quizás porque todo el predio era considerado Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación desde 2021, aunque poco después de su venta el Ministerio de Educación y Cultura retiró esa característica a la fracción subastada.

Con esto, el empresario se dispuso a construir una torre donde alguna vez funcionó el estacionamiento de la estación, con una altura que duplica la máxima permitida por la ordenanza vigente desde 2012 para ese lugar, que es de hasta diez pisos (28 metros). Así, Zulamián solicitó a la Intendencia de Maldonado (IDM) la viabilidad de levantar una torre de 20 pisos (54 metros).

Según se desprende de las versiones taquigráficas de la Comisión de Obras de la Junta Departamental, la administración del intendente nacionalista Enrique Antía apoyó la iniciativa con el fundamento de que, en los años 70, una ordenanza permitió construir hasta 54 pisos en la península de Punta del Este. Además, el proyecto promete necesarios estacionamientos y la millonaria inversión generaría cientos de puestos laborales.

El oficialismo siguió a pies juntillas las indicaciones del intendente, y la Junta Departamental puso el broche de oro al negocio inmobiliario al conceder la excepción a la normativa edilicia, sin los votos del Frente Amplio (FA), en la sesión extraordinaria que se desarrolló entre la noche del miércoles 17 y la madrugada del jueves 18. El trámite fue rápido. Sólo expusieron dos ediles blancos –vinculados a los negocios inmobiliarios– y dos opositores.

Partido Nacional: “Hay que votar trabajo”

Hasta 2012 el máximo de altura permitida en ese enclave era de 12 metros, pero el gobierno del intendente frenteamplista Óscar de los Santos habilitó una excepción que llevó la altura a los 28 metros, como parte de las negociaciones para conseguir en comodato la fracción del viejo edificio de Ancap donde hoy funciona el Municipio de Punta del Este.

Considerando este hecho, el edil blanco Javier Sena, además presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, apeló a la ironía para fustigar a la oposición: “Son 28 metros, ahora planteamos un poquito más, poco más de 50 metros. Vemos que los que no votaron hoy votaban antes”, se rio el edil, a cuyo juicio el balneario “está deprimido” y necesita emprendimientos.

El edil herrerista Darwin Correa, quien también opera en el sector inmobiliario, fue el otro oficialista que defendió la iniciativa privada en el plenario. “La torre tendrá la misma altura que los edificios de la manzana. Además, llevará cinco pisos de estacionamiento –cuatro desde la superficie y uno en el subsuelo– y tendrá régimen combinado de hotelería, servicios y apartamentos”, argumentó.

Añadió que el diseño “no transgrede la parte visual” porque, a modo de “homenaje al arquitecto” Rafael Lorente, la torre “estará revestida en ladrillo y se relacionará con el histórico edificio lindero”, que sigue siendo Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación.

En contraposición a su correligionario, Correa opinó que “Punta del Este no está deprimida, necesita estacionamientos”. Entonces señaló que, dada esa carencia, “está bien” que cinco pisos del futuro edificio se destinen a vehículos.

Luego destacó que, una vez en marcha, el emprendimiento dará “120 puestos de trabajo fijo entre hotelería y apartamentos”. “Maldonado es el departamento del trabajo, se necesitan empleos. Hay que votar para generar trabajo. Si un inversor quiere invertir 20 o 30 millones, con este ciudadano cuenta sin problema”, concluyó.

La postura contraria del FA

El FA se expidió en contra. “Por el volumen, es una excepción mamarrachesca. Los pisos que se piden de más son algo extraordinario”, opinó el edil de esa fuerza política Fermín de los Santos.

Para Joaquín Garlo, el otro edil que habló en nombre de la oposición, “llamó mucho la atención” que la IDM fundamentara la viabilidad de la excepción en una ordenanza que se derogó hace décadas. “Se basa en una ordenanza de los 70 que fue derogada hace más de 40 años. Se pretende, en base a aquella ordenanza, habilitar la construcción en altura en un lugar que, se supone, intentamos que no siga densificándose”, alegó.

Sin otras intervenciones ni debate, la excepción quedó aprobada sin los votos del FA y el plenario pasó a otros asuntos.