La Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU) denunció la destitución irregular de la anestesista Ana Vernengo del cargo que desempeñaba desde hace años en el Hospital de Maldonado, y remarcó que esto coincidió con una denuncia penal por acoso planteada por la doctora contra el director de ese centro de salud, Guillermo Acosta.

“La doctora Vernengo podría haber sido objeto de acoso por el actual director del Hospital de Maldonado. Esto ha llevado a la justicia a disponer medidas cautelares de restricción de acercamiento a la doctora, lo que imposibilitaría su desempeño en el cargo de dirección”, expuso el sindicato en una resolución firmada por el presidente Germán Reta y por el secretario Miguel Da Fonte en representación de la comisión directiva.

El texto añade que, “en forma concomitante a tal resolución judicial”, ASSE inició un sumario a la anestesista “sobre una serie de supuestas faltas”. Ante esa situación, la SAU pidió entrevista al directorio del prestador público para analizar “gremialmente el caso”, pero las autoridades no respondieron y destituyeron a la doctora.

“Luego del estricto análisis de todo el expediente sumarial” el área jurídica de la SAU llegó a la conclusión de que su destitución “carece de fundamento o motivación legítima alguna”. Añade que la instructora sumariante de ASSE “desestimó la mayor parte de las faltas imputadas” al tiempo que la Oficina Nacional del Servicio Civil “desaconsejó” la destitución.

Cargo “en conflicto”

Teniendo en cuenta esos informes, Vernengo interpuso “recursos administrativos que habilitan a ASSE a revocar la destitución dispuesta”. La SAU y el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) insistieron en solicitar una reunión con el directorio de ASSE, pero en esta oportunidad tampoco consiguieron una reunión para hablar del tema.

En consecuencia, la SAU declaró el cargo “en conflicto” y exhortó a sus colegas a “abstenerse de presentarse a cualquier llamado, o aceptar cubrirlo hasta que se aclare la situación de la doctora”.

El sindicato, que una vez más ha pedido una reunión “urgente” con ASSE, advirtió que, si esta no es concedida, solicitará la mediación de la Dirección Nacional de Trabajo. También resolvió remitir su resolución al directorio del prestador público de salud, al Ministerio de Salud Pública y al de Trabajo y Seguridad Social, y a las gremiales médicas.

FEMI: “hay una omisión preocupante”

La Federación Médica del Interior (FEMI), también intervino en el asunto al emitir un comunidado para respaldar a Vernengo y manifestar su “rotundo rechazo a toda forma de discriminación, persecución y/o acoso hacia las profesionales médicas”.

“Preocupa la omisión y pasividad de las autoridades luego de que la propia Oficina Nacional de Servicio Civil desaconsejara su remoción y se verificara que la destitución careció de fundamentos”, dijo la FEMI.

“La inacción es silencio cómplice y la falta de investigación de los hechos dictaminados en la Justicia es preocupante”, concluyó el gremio de los médicos del interior del país.

Unión Médica: “es grave” para todos los médicos

La Unión Médica de Maldonado -gremial que representa a los médicos del departamento- también analizó el caso y, el viernes pasado, resolvió “ratificar en todos sus términos” la resolución de la SAU “que expone las múltiples irregularidades administrativas por parte de ASSE”.

En su cometido de “asegurar las condiciones del trabajo médico adecuadas y la protección frente a la vulneración de derechos con las consiguientes pérdidas del trabajo médico”, la gremial manifestó su “total apoyo” a la doctora Vernengo.

“Nos preocupa sobremanera la actitud de ASSE en este caso, ¿qué tipo de precedente sienta esto, no solo para la colega, sino para todos los médicos del subsector público en el país?”, cuestionó el presidente de la Unión Médica de Maldonado, Federico Machado, en declaraciones a la diaria.

En su opinión, “es grave” que ASSE desoyera a la Oficina de Servicio Civil, “un órgano de contralor administrativo, independiente” que desaconsejó la destitución.

Por otra parte, basado en el análisis jurídico de la SAU, Machado advirtió sobre “un cúmulo de irregularidades” que podrían derivar en un juicio contra ASSE por daños y perjuicios o un eventual abuso de funciones. “¿Qué autoridad se hará cargo si la población termina pagando los costos?”, cuestionó.