Días después de reunirse con el intendente Enrique Antía para conocer sus intenciones sobre el futuro de “los techos rojos” del balneario, la Comisión pro Fomento de Punta Colorada (CFPC) envió una nota al jerarca para solicitarle documentación detallada sobre el proyecto de la rambla en la playa Brava, cuyas obras comenzaron a ejecutarse el 7 de mayo.

Con el ánimo de “dar tranquilidad a los vecinos” sobre un proyecto de esa magnitud, la CPFC pidió acceder “al plano del trazado y una descripción, memoria o esquemas que permitan comprender los trabajos que están en proceso de ejecución”. Incluso sugirió mantener “una reunión o intercambio con los directores del proyecto” como una alternativa para facilitar la comprensión de las obras. Pero Antía no contestó.

Entonces, directivos de la CFPC lograron que el coordinador de la Dirección de Obras de Zona Oeste, Miguel Vigliante, les proporcionara alguna información de manera verbal, pero con esto la preocupación reinante desde que la maquinaria pesada bajó a la costa aumentó: el coordinador dijo que la directora de Medio Ambiente de la Intendencia, Betty Molina, le aseguró que “no es necesario tener permiso ambiental, según lo dispuesto en la Ley 19.772”.

El pasado lunes 3 –tras una asamblea el domingo–, la CFPC insistió con otra nota al intendente. “Sería muy importante tener por escrito la fundamentación de esta opinión” de Molina, consideraron la secretaria Cristina Tello y la vicepresidenta Viviana Misurraco, firmantes del escrito. “Existe gran preocupación de la comunidad sobre cómo van a resolver el curso de las cañadas, los niveles y los humedales, así como el trazado final”, apuntaron.

Además, le contaron al intendente que en la asamblea del día anterior los vecinos exigieron información “en forma reiterada”, por lo cual se resolvió “insistir fuertemente en la urgente necesidad de contar con documentación de esta obra de gran magnitud”. Pero tampoco en este caso han recibido respuesta.

Este miércoles 5, la CFPC emitió un comunicado público en el que manifestó su “asombro y decepción” por la falta de respuesta de la IDM y porque, según sus datos, las obras de la rambla se están ejecutando “sin los permisos ambientales que impone la ley” en una zona “tan delicada ecológicamente”.

Más reclamos y denuncias

Al margen de los reclamos de la CPFC, a mediados de mayo la Red Unión de la Costa y la asociación civil Nativos Punta Colorada se declararon “en alerta” por el repentino inicio de las obras “sin comunicación oficial a la ciudadanía y sin la autorización ambiental correspondiente”. Mientras las agrupaciones anunciaron que llevarían el caso a la Justicia, decenas de denuncias llegaron al Ministerio de Ambiente a través del sitio web de la cartera.

También Nativos Punta Negra se expidió sobre el asunto y rechazó “el reiterado procedimiento de hacer obras en la zona costera sin la debida planificación técnica y estratégica para transitar hacia el desarrollo sostenible”. No sólo entiende que se vulnera la normativa ambiental, sino también el derecho de la ciudadanía a una comunicación “transparente” sobre el proyecto. No obstante, las obras continuaron y todas las organizaciones siguen esperando respuestas oficiales.