Activistas y políticos contrarios al proyecto de construir un complejo residencial de 29 bloques en Punta Ballena celebraron, este miércoles, los resultados del informe técnico del Área de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente (MA) que recomendó denegar la autorización ambiental del proyecto.

La Red en Defensa de Punta Ballena Natural, Libre y Silvestre –integrada por agrupaciones vecinales, académicas, estudiantiles y políticas– remarcó que “el informe, etapa intermedia del proceso ministerial, coincide con datos fundamentales” que aportaron en las instancias de puesta de manifiesto y audiencia pública sobre el emprendimiento.

Además de repasar los “impactos negativos inadmisibles en la biodiversidad” expuestos en el informe, la red enfatiza que el documento técnico considera “pertinente comenzar acciones que garanticen la conservación de la zona”. En ese sentido, instó a la población a participar en la campaña de firmas para que la punta rocosa sea declarada área no edificable y área natural protegida.

Si bien los promotores de la iniciativa –liderados por el magnate argentino Delfín Ezequiel Carballo y el abogado uruguayo Eduardo Carrera Hughes– tendrán diez días para formular descargos, los colectivos esperan que el ministro Robert Bouvier considere el informe técnico y rechace la autorización ambiental previa del proyecto.

“Confiamos en que mantenga la postura declarada de priorizar la opinión de sus técnicos y que el proyecto sea finalmente denegado. Esperamos que esa resolución refleje los lineamientos y recomendaciones técnicas rechazando la autorización solicitada”, indicó la red en un comunicado.

Movus: “Un paso en la dirección correcta”

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) también manifestó su esperanza en que “la resolución ministerial final sobre el tema refleje los lineamientos y recomendaciones técnicas, denegando de plano la autorización solicitada”.

Además, llamó la atención sobre “la necesidad de dotar a esa icónica zona de un estatuto que la proteja definitivamente de los proyectos de ocupación del territorio y genere las herramientas para proteger adecuadamente el patrimonio histórico, geológico y biológico de la zona”.

En el comunicado que emitió este miércoles ratificó, además, su apoyo a la iniciativa departamental para que se declare a Punta Ballena como área natural protegida.

Edil Garlo propone mesa de diálogo sobre el futuro de Punta Ballena

Para Joaquín Garlo, edil frenteamplista de Maldonado y activista del colectivo No al Proyecto Punta Ballena, si el complejo residencial es rechazado, “la pelota pasará a la cancha” del gobierno de Maldonado.

“La autorización ambiental previa era una condición para el acuerdo suscrito en 2017, por el cual los privados cedían al dominio público parte de Punta Ballena y la IDM viabilizaba el emprendimiento constructivo. Si la autorización no se dicta, el acuerdo cae”, explicó a la diaria.

A su juicio, esto no impedirá que “se presenten nuevos proyectos, que se alambre Punta Ballena como ocurrió en 2004”, por lo cual entiende que el gobierno departamental deberá buscar una solución y convocar a “un gran ámbito de diálogo” en el que participen la Junta Departamental, la IDM, la sociedad civil organizada, la academia y el MA.

“Las posibilidades son infinitas”, dijo Garlo. En este punto, opinó que gana importancia la campaña de firmas que llevan adelante los colectivos contrarios al proyecto edilicio, para que el Estado proteja a Punta Ballena como área no edificable y para que sea declarada área protegida con un plan de manejo ambiental y desarrollo sostenible.

También consideró que el gobierno deberá evaluar la posibilidad de expropiar los terrenos en cuestión. “La solución tiene que surgir en forma conjunta de todas las partes, tiene que haber una instancia de intercambio para llegar a la solución”, dijo y destacó la importancia de las instancias de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones sobre el territorio y el ambiente.

“Aunque estas instancias no son vinculantes en la legislación vigente en nuestro país, en este caso fueron determinantes. El informe técnico que dio a conocer el MA incorporó elementos que el Estado no manejaba y que surgieron en las instancias de puesta de manifiesto y de audiencia pública”, recordó.

Rodrigo Blás: “El gobierno no cede a presiones del dinero”

El diputado herrerista por Maldonado, Rodrigo Blás, también se expresó sobre el caso y resaltó que “este es un gobierno que da garantías” a todas las partes y que “no actúa al grito ni cede a las presiones del dinero y de la inversión cuando esto significa dejar de lado nuestro patrimonio y nuestro medioambiente”.

“Hoy Maldonado recibe del gobierno nacional el cuidado de su futuro, de su desarrollo, en relación a lo que hace a convivir con el medioambiente. Eso es bueno para todo el departamento y es bueno para nuestro acervo cultural, patrimonial y medioambiental”, declaró a su área de prensa.