Siguiendo los lineamientos del programa de trabajo establecido en el informe final de la Comisión Especial de Punta Ballena, el intendente Miguel Abella inició formalmente, este viernes, el proceso para la incorporación de padrones al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y la elaboración de un Plan Local para la Microrregión.

Mediante la Resolución 00915/2026, que firmó junto con el secretario general, Álvaro Villegas, se creó una comisión técnica asesora con participación de la Universidad de la República (Udelar), la sociedad civil y los partidos políticos, que elaborará la propuesta de ingreso al SNAP y los insumos para el Plan Local. Villegas dijo a la diaria que “la semana que viene” se solicitará a los diferentes organismos que “designen a sus delegados para comenzar de inmediato los trabajos”.

El reciente acto administrativo era el paso más esperado por las organizaciones civiles, tras el “histórico” acuerdo unánime logrado en la Comisión Asesora Especial (CAE) para garantizar la protección de los múltiples valores de la punta rocosa de Punta Ballena y sus adyacencias.

Doble misión

La comisión técnica interinstitucional asistirá al intendente Abella en “la preparación de la solicitud de ingreso al SNAP; las medidas de protección de los inmuebles 12931, 15535, 14819, 24262 y 16775 de la localidad catastral Punta Ballena; la elaboración del Plan Local de la Microrregión Punta Ballena y la adopción de medidas cautelares. Para esto, deberá “analizar y procesar la información y documentación pertinente”, siguiendo los términos establecidos por la Comisión Especial Asesora en su informe.

La resolución será notificada a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente y a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) del Ministerio Vivienda y Ordenamiento Territorial. Según el informe de la comisión especial, “dentro de los 60 días” se deberá remitir un proyecto a la Junta Departamental promoviendo las medidas cautelares para los cinco padrones de la zona adyacente a la punta rocosa, considerados “objeto de especial conservación”. En estos predios no podrán autorizarse construcciones con excepciones a la normativa.

De pie ante el poder económico

Todo comenzó en un quincho de Las Grutas en la tormentosa noche del 2 de noviembre de 2023. Más de 200 estudiantes, profesionales universitarios, pescadores, residentes extranjeros, vecinos de toda la vida y actores políticos desafiaron una alerta de ciclón en busca de estrategias para frenar al magnate argentino Delfín Ezequiel Carballo.

El empresario y sus socios esperaban que el gobierno nacional los autorizara a construir 29 edificios con 329 apartamentos, más piscinas y otros servicios, sobre la península rocosa de Punta Ballena. Y muchos de los presentes confiaban en que, a pesar del poder económico de los promotores del proyecto, era posible encontrar la fórmula para impedir la pérdida de uno de los lugares más icónicos del país.

La académica Isabel Gadino, especializada en el estudio del territorio, el medio ambiente y el desarrollo costero, no estaba en el grupo de los optimistas. Contó a la diaria que aquella noche llegó a la asamblea junto al abogado José Luis Sciandro, su compañero del Grupo de Estudios Territoriales del Centro Universitario Regional Este (CURE), con el presagio de “algo terrible”: pensaban que Punta Ballena “se perdería para siempre”.

“Más allá de quedar feliz por el entusiasmo del público, seguía muy desesperanzada porque no le veía mucha salida”, confesó la experta que semanas atrás firmó el informe final de la CAE en representación de la Udelar. Ahora, al evaluar el camino recorrido, reconoce que “el entusiasmo, el compromiso y la capacidad de la gente para proponer alternativas de lucha y de salida fue impresionante”, pero también hubo algunas particularidades del caso que favorecieron el éxito de la sociedad civil. “Fue una experiencia atípica”, reflexionó.

Gadino: con Punta Ballena “se alinearon los astros”

Para Gadino, hubo “ventanas de oportunidad” que el movimiento social supo aprovechar. “Se alinearon los astros”, comentó la científica. Primero, la magnitud de los valores del territorio que estaba en juego, que era apreciado dentro y fuera del país y que miles defendieron en la puesta de manifiesto previa a una audiencia pública en la que los empresarios promotores del desarrollo inmobiliario quedaron contra las cuerdas. La calidad de los argumentos y la fundamentación llevaría al gobierno a negar la autorización ambiental para el proyecto.

Pero había que ir a más para garantizar el futuro de la zona. Y entonces, otra vez, un factor a favor: los actos electorales de 2024 y 2025 permitieron encontrar gente, credencial en mano, dispuesta a firmar la iniciativa popular que derivó en la declaratoria de Punta Ballena como reserva natural departamental y que, además, obligó al gobierno departamental a crear la CAE. Una cosa llevó a la otra y así sucesivamente.

La Intendencia de Maldonado (IDM) no tuvo otra opción que accionar bajo el mandato popular. Pero Gadino también reconoció la “voluntad política” de contemplar la opinión de la sociedad civil y el trabajo que, a través de Villegas, se llevó a cabo para que todos llegaran a un acuerdo unánime con respecto a lo que quieren para Punta Ballena. De todas formas, se toma los resultados con cautela: “El éxito no está asegurado nunca, incluso si el área ingresa al SNAP”, dijo.

A su juicio, lo importante es el compromiso unánime de determinar el rumbo. “Como universidad, analizamos conceptualmente y teóricamente las cuestiones de un conflicto ambiental con visiones diferentes del territorio y con capacidades diferentes de operar en él: el movimiento trabajó contra compañías o inversores con muchísimo poder económico y capacidad de obtener información. Creo que supimos aprovechar las ventanas de oportunidad y de ese aprovechamiento salió un buen producto final”, evaluó. Ahora, “el diálogo abierto hacia adelante y los espacios de escucha” alientan a continuar.

La madre de las experiencias interpartidarias, según Garlo

Para el diputado frenteamplista Joaquín Garlo, quien tuvo una participación activa desde el comienzo del conflicto, el caso de Punta Ballena ha marcado “un hito” en cuanto a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones sobre el territorio y el medioambiente. Al igual que Gadino, el legislador recordó aquella reunión autoconvocada en Las Grutas en 2023 como “el fermentario de todo un proceso de organización popular”.

“Para que pasen cosas buenas la comunidad debe ser un actor protagonista en el proceso; dar escucha y participación a la sociedad civil es la manera de lograr procesos saludables y mejores construcciones colectivas”, remarcó. Reconoció, en ese sentido, que la IDM “dio cumplimiento al mandato popular de forma responsable y fomentando un ámbito de trabajo lo más plural posible”.

Por otra parte, consideró que la comisión asesora especial creada por el intendente el año pasado fue “la madre” de las comisiones interpartidarias que actualmente abordan otros temas de interés departamental. “Demostró que es posible sentarnos ante una misma mesa, dejando las diferencias de lado y poniéndonos a trabajar en las coincidencias para lograr cosas buenas”, dijo.

Para el legislador, los resultados de hoy son “una síntesis de lo que significa la democracia uruguaya”. “Uruguay sigue demostrando que el sistema de partidos tiene la madurez suficiente para gestionar los disensos con responsabilidad republicana”, que es “lo que la sociedad de Maldonado y la sociedad uruguaya le exigen”, expresó.

Montesdeoca: “Es una gran lección de la ciudadanía a los partidos”

El abogado Augusto Montesdeoca, delegado del Partido Colorado en la CAE junto con su colega Carolina López Barla, valoró el “reconocimiento del principio de participación como un elemento esencial para el tratamiento de los temas que hacen al patrimonio cultural y natural” del departamento.

“Creo que esto fue una gran lección de la ciudadanía a los partidos políticos”, dijo a la diaria, para recordar que los gobiernos de los exintendentes Óscar de los Santos (Frente Amplio) y Enrique Antía (Partido Nacional) consideraban inicialmente que el proyecto edilicio en Punta Ballena “era un buen negocio para el Estado”. Actualmente, tras un análisis jurídico de los antecedentes del caso, “el consenso político es que aquello era una barbaridad y que ese territorio debe pasar al dominio público y ser protegido”, destacó.

Por otra parte, reivindicó la prohibición de las excepciones en los padrones que la IDM no postulará al SNAP como “un aporte del Partido Colorado”. “No podemos aprobar excepciones que afecten el destino de la tierra en la defensa del ordenamiento territorial. No se puede afectar normas de bien público, de bien común, sin la participación ciudadana. Hay que reivindicar los principios de participación y de consulta pública”, insistió. Montesdeoca celebró el consenso que derivó en la resolución de este viernes y, como Garlo, consideró que es un “buen precedente” para las comisiones interpartidarias que trabajan en políticas públicas estratégicas para Maldonado.

Niggemeyer: “Aprendimos a buscar que ganemos todos”

Desde el Movimiento Punta Ballena Protegida, Fernando Niggemeyer dijo a la diaria que han transitado un proceso “muy largo y complejo” y destacó que la comunidad pueda, ahora, participar en la comisión técnica tanto en la elaboración de la presentación para el ingreso de padrones al SNAP como en la discusión del plan de ordenamiento para la microrregión.

Al evaluar el camino recorrido, consideró que el movimiento No al Proyecto Punta Ballena”, germen del actual movimiento consolidado, logró conjugar una cantidad de capacidades de personas de “diversos orígenes, formaciones y edades”. Sin embargo, cree que eso no hubiera sido posible sin el “tejido” que generó el CURE con los trabajos de extensión que ya realizaba en materia de gestión ambiental y ordenamiento cuando se anunció la puesta de manifiesto del polémico proyecto residencial.

“Ese antecedente nos permitió conectarnos rápidamente, sumado a la capacidad de organización de la Red Unión de la Costa. El movimiento fue trabajando en forma organizada, dividido por temas: estrategia, jurídica, eventos, preparación para la audiencia pública, recolección de firmas para la iniciativa popular y luego para generar la propuesta de ingreso al SNAP”, recordó.

También opinó que esa experiencia “desafiante y enriquecedora” les permitió a las organizaciones “entender lo que es la búsqueda de consensos, que se da mucho en la política, pero que mucha gente no acostumbra en otros ámbitos”.

“Aprendimos a entendernos, a buscar que ganemos todos”, celebró. En adelante, el Movimiento Punta Ballena Protegida será parte de las dos misiones centrales de la nueva comisión técnica. “Eso es histórico para Maldonado y marca un punto de inflexión claro de lo que venía siendo últimamente el gobierno departamental”, concluyó.