Durante el plenario de esta semana en la Junta de Maldonado, el edil nacionalista Osvaldo Matteu manifestó su preocupación por la “falta de soluciones” para las personas en situación de calle en Maldonado, que en febrero pasado llegaron a 360, de acuerdo con un censo de la Policía departamental. Aclaró que no se trata de “echar a la gente” del departamento, sino de “salir a rescatar a los que quieren trabajar” y darles esa posibilidad.
Entonces propuso que estas personas sean “contratadas para trabajar en el campo, que planten a cambio de un salario” y que se conviertan en proveedores de alimentos para diversos organismos del Estado, como el Instituto Nacional de Rehabilitación, teniendo como nexo al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Matteu consideró que así “se sentirán dignas” y dijo que, “habiendo tanto campo en Maldonado”, tiempo atrás le planteó esta iniciativa a la directora departamental del Mides, Paula Caballero. “Yo creo que no es tan difícil, pero la directora me dijo que hay mucha burocracia…”, aseguró.
Para sustentar su preocupación por buscar soluciones, leyó parte de una entrevista de la diaria con el experto Gonzalo Bustillo, quien advirtió que, “sin cambios estructurales”, Uruguay podría tener casi 20.000 personas viviendo en las calles para 2036.
“Pensando en lo que dice Bustillo, la realidad está ahí, a la vuelta de la equina. La vemos todos los días. Quienes vivimos siempre en Maldonado jamás imaginamos encontrarnos con 20 o 40 personas tiradas en una vereda”, lamentó.
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“No nos pueden dominar 300 personas”
Luego aseguró que estas personas están “molestando a la gente que paga sus impuestos y que se levanta temprano para llevar a sus hijos a los colegios y tiene que pasar por encima de los que están durmiendo”.
También recordó que, en Punta del Este, los turistas que pagan miles de dólares por alquilar un apartamento conviven en verano con personas que acampan en la playa bajo las acacias. Y que, en los semáforos, los conductores se cruzan con “cuatro o cinco personas” que piden monedas y no saben si pueden ser atacados.
Tras señalar que “no es digno de un ser humano” dormir tapado con nailon y cartones y hacer “sus necesidades” en los zaguanes de las casas, aclaró que esa realidad no es culpa de ningún gobierno en particular, sino que viene desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, afirmó que el gobierno nacional “no está haciendo nada”.
“Esto no se puede permitir más. No es posible que nos dominen 300 personas que están en la calle en Maldonado”, insistió.
Por eso opinó que los partidos políticos deberían aunar esfuerzos y recordó que, tiempo atrás, le presentó a la Junta Departamental una nota para crear una comisión específica. En su opinión, los ediles pueden actuar juntos “sin buscar réditos políticos” para desarrollar proyectos que den oportunidades laborales y colaborar con los diferentes organismos que deben afrontar esta problemática, como el Mides, la Intendencia o la Policía.
A mediados del año pasado, alejado de la postura humanista que intentó mostrar esta vez, Matteu había propuesto que los usuarios de los refugios del Mides retribuyeran al Estado con trabajo comunitario. “Se deben ganar lo que el pueblo les da: alimentación, luz, alojamiento. Que pinten una escuela, que arreglen una vereda o una plaza”, sugirió entonces. Ahora solo se preguntó, al pasar, “cuál es el beneficio que recibe el Mides”. Pero no avanzó en el concepto.