La Intendencia de Maldonado (IDM) plantea invertir en la creación de una Guardia Ambiental que operará en tres bases logísticas y estará integrada por guardaparques fijos y pasantes del Polo Educativo Tecnológico (PET) Arrayanes de UTU, según indica el proyecto de la modificación presupuestal 2027-2030, aprobado este miércoles 8 en una sesión extraordinaria en la Junta Departamental.
La Guardia Ambiental estará en la órbita de la Dirección de Ambiente del Departamento de Gestión Territorial y, de acuerdo con la ficha de funcionamiento, “constituye una línea estratégica orientada a fortalecer la educación ambiental, la vigilancia del territorio, la prevención de infracciones y la protección del patrimonio natural departamental”.
En 2027 habrá cuatro cargos fijso de guardaparques, que están “incluidos en la propuesta presupuestal de la Dirección de Ambiente, con posibilidad de ampliar el equipo con nuevos funcionarios especializados”, y ocho pasantes. En tanto, en 2028, se elevará a seis la cantidad de guardaparques fijos y los pasantes a 12. En 2029 serán siete fijos y 14 pasantes. Para los cargos de guardaparques del escalafón E, se realizará un llamado a concurso interno, y las pasantías remuneradas del PET Arrayanes se enmarcan en el convenio suscrito entre la IDM y la institución educativa en febrero pasado.
Para la ejecución de este proyecto se prevé una inversión total de 43 millones de pesos, destinados a financiar guardaparques, pasantes, tres camionetas, choferes, uniformes y herramientas. Según la planilla a la que accedió la diaria, proporcionada por el director general del Departamento de Planeamiento y Presupuesto de la IDM, Enrique Baeza, se asignarán casi 3 millones de pesos para guardaparques en 2027, 4,5 millones en 2028 y 5,2 millones en 2029. En tanto, para los pasantes se destinarán 4 millones, 6 millones y 7 millones, respectivamente. En ambos casos, la remuneración nominal será de 55.554 pesos, correspondiente al escalafón 3E, y la asignación de recursos está clasificada dentro de “servicios personales”.
Para las tres camionetas, el Departamento de Obras Públicas invertirá 6 millones de pesos (bajo el rubro maquinaria, vehículos y otros) solo en 2027 y casi 2,3 millones anuales para choferes durante los tres años (clasificado también dentro de “servicios personales”). En tanto, el presupuesto para uniformes será de 60.000 pesos en 2027, 90.000 pesos en 2028 y 105.000 pesos en 2029, además de 200.000 pesos para herramientas menores en 2027 y 100.000 en 2028 y la misma cifra en 2029. En total, el proyecto demandará 15,5 millones de pesos en 2027, 12,9 en 2028 y 14,7 en 2029.
Bases logísticas operativas en Pan de Azúcar, Maldonado y José Ignacio
El despliegue territorial de la Guardia Ambiental se organizará en tres bases logísticas operativas, cada una equipada con un vehículo para operativos de control, patrullajes y traslado de equipos. Una de ellas estará ubicada en la Estación de Cría y Fauna Autóctona (ECFA) del Cerro Pan de Azúcar, y tendrá bajo su jurisdicción la zona suroeste del departamento: las cuencas del arroyo Solís, de la Laguna del Sauce y del Río de la Plata desde la desembocadura del arroyo Solís hasta la del arroyo El Potrero.
La segunda base operará en el Parque Indígena, ubicado en la avenida Aparicio Saravia, a orillas del arroyo Maldonado, que brindará cobertura a la cuenca del arroyo Maldonado y las cuencas de nivel 3 del Río de la Plata y del océano Atlántico, desde el arroyo El Potrero hasta la desembocadura del arroyo Maldonado. Esto incluye humedales, bosques, matorrales y herbazales psamófilos, áreas costeras “sometidas a alta presión turística” y zonas de expansión urbana. A su vez, señala que, esta base “permitirá la presencia diaria de la Guardia Ambiental en puntos críticos donde se registran mayores impactos derivados de obras privadas, tránsito en playas, uso intensivo de espacios naturales o actividades recreativas no reguladas”.
La tercera base funcionará en el comunal de La Juanita y comprenderá las cuencas de la Laguna Blanca, Laguna José Ignacio y Laguna Garzón, que son “prioritarias” por su biodiversidad, ambientes de humedales y conectividad ecosistémica, “siendo hábitat principalmente de una gran población de especies de aves migratorias, característica que convierte a estos sitios en Áreas de Importancia para las Aves (IBAs)”.
Presencia territorial durante toda la semana
El funcionamiento operativo “se organizará en turnos que garanticen presencia territorial durante toda la semana, con patrullaje planificados y recorridas preventivas”. Los guardaparques fijos ejercerán “funciones de vigilancia, control de impactos, verificación de denuncias y seguimiento de indicadores ambientales”. Mientras que, los pasantes, “bajo supervisión técnica”, participarán en actividades educativas, relevamientos de biodiversidad, procesos de señalización, apoyo en operativos, diseño de campañas y acompañamiento en acciones con la comunidad.
Las dos líneas principales de la guardia serán la preventiva (educación, sensibilización y contacto directo con residentes, turistas y operadores) y la correctiva (registro de infracciones, documentación fotográfica, elaboración de informes y derivación a las áreas responsables de los procedimientos administrativos). Para ello, se aplicarán protocolos uniformes para intervenciones en dunas, cursos de agua, incendios incipientes, rescates básicos de fauna, supervisión de obras, control en áreas sensibles y coordinación con organismos como la Policía, Bomberos o Prefectura.
El personal recibirá capacitación continua sobre legislación ambiental, comunicación con el público, primeros auxilios, brigadismo, monitoreo de fauna, uso de GPS, sistemas de reporte digital como Earth Ranger y buenas prácticas de gestión territorial, indica el proyecto de modificación presupuestal planteado por el intendente Miguel Abella. La iniciativa, además de incluir tareas como fiscalización, educación ambiental, control y vigilancia de áreas naturales y zonas críticas, apunta también a consolidar un vínculo “más estrecho” con comunidades locales, centros educativos, organizaciones civiles, sectores productivos y operadores turísticos.