El exdirector de la CIA y exsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump Mike Pompeo reconoció que cuando la agencia de inteligencia estaba a su cargo, conspiró para secuestrar y matar al activista Julian Assange, y pidió que las fuentes que revelaron la información fueran enjuiciadas.

Entrevistado en el podcast The Megyn Kelly Show, Pompeo dijo que “las 30 personas que supuestamente hablaron con uno de estos periodistas deberían ser procesados por hablar sobre actividad clasificada dentro de la Agencia Central de Inteligencia”.

También afirmó que “algunas partes son ciertas” sobre lo revelado en el informe, incluida la agresiva campaña que la CIA organizó contra Wikileaks, la plataforma fundada por Assange, a raíz de la publicación de los documentos de la “Bóveda 7”, una filtración de datos de la CIA que se produjo durante la gestión de Pompeo y que revela algunas de las herramientas y métodos de piratería que utilizaba la agencia. En este sentido, dijo que “cuando los malos roban estos secretos, tenemos la responsabilidad de ir tras ellos para prevenir que suceda” nuevamente, y que buscaban “responsabilizar a aquellas personas que habían violado la ley de Estados Unidos”.

El pasado domingo, una investigación de Yahoo! News para la que se entrevistó a 30 exfuncionarios de la CIA reveló que en 2017, al enterarse de la posibilidad de que el servicio secreto ruso intentara trasladar a Assange a Moscú para darle asilo, se comenzaron a bosquejar distintos planes para secuestrar e incluso matar al australiano, que en ese momento estaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.

Los planes incluían un enfrentamiento a tiros con los funcionarios del Kremlin por las calles británicas, estrellar un auto contra el vehículo que trasladara a Assange y disparar al avión que lo llevaría a Rusia antes de que pudiera despegar

El director de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Ben Wizner, dijo a Yahoo! News que los dichos de Pompeo en el podcast de Megyn Kelly “verificaron la veracidad” de la investigación periodística, porque “la única razón para procesar a alguien es que reveló información clasificada legítima”.

Por su parte, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, que en 2020 denunció que Assange había sido “maltratado hasta el punto de que ahora presenta síntomas de tortura psicológica” en la cárcel, dijo en un video que publicó en su cuenta de Twitter que el caso “no se trata de la ley. Se trata de intimidar al periodismo, de suprimir la libertad de prensa, de proteger la inmunidad de los funcionarios estatales”.

Desde 2019, cuando Ecuador le retiró el asilo, Assange está privado de libertad y aislado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Reino Unido, con un cuadro de depresión clínica. Actualmente está esperando que se resuelva el pedido de extradición presentado por Estados Unidos, que fue presentado durante la administración de Trump (con Pompeo ocupando la Secretaría de Estado) y ratificado por el gobierno de Joe Biden, acusado de haber ayudado a Chelsea Manning, exanalista del Ejército, a intervenir una red informática clasificada y a conspirar para obtener y publicar a través de Wikileaks una serie de documentos clasificados sobre las violaciones a los derechos humanos del Ejército estadounidense en Afganistán e Irak.

La extradición fue rechazada en enero por una jueza, pero Estados Unidos presentó una apelación, que aún no fue resuelta. Esto generó la crítica de varias organizaciones civiles, que reclamaron a Biden que desista de este caso judicial.

Wizner, de la ACLU, consideró que la investigación periodística y las declaraciones de Pompeo son motivo suficiente para que el gobierno estadounidense abandone sus esfuerzos de extraditar a Assange, ya que “este caso criminal sin precedentes se inició en parte debido a los planes realmente peligrosos que estaba considerando la CIA”.