Centenares de efectivos del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal fueron desplegados en el estado mexicano de Baja California por orden de las autoridades locales y del gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador como consecuencia de los numerosos hechos de violencia que se dieron en los últimos días en ese estado como consecuencia de una reacción del cartel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones de narcotraficantes más importantes del país.
Decenas de autos fueron incendiados, al igual que algunos comercios, en las ciudades de Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y Rosarito, en el estado de Baja California, donde además varias calles y carreteras fueron cortadas por integrantes de la organización delictiva, lo que generó pánico entre la población y la reacción, en medio de duras críticas, del Ejecutivo. Medios mexicanos informaron sobre la detención de varias personas involucradas en estos hechos, algunas de las cuales fueron identificadas como miembros del cartel Jalisco Nueva Generación.
Pero los hechos de violencia no se dieron únicamente en el estado situado en el extremo noroeste del país, en la frontera con Estados Unidos. También Jalisco, Guanajuato y Chihuahua fueron escenario de varios hechos de violencia, todos ellos relacionados con grupos de narcotraficantes, que en algunas zonas del país tienen de hecho mayor poder que las propias fuerzas de seguridad del Estado.
De acuerdo a lo que informó el portal Aristegui Noticias, los primeros hechos de esta inédita ola de violencia sucedieron en la noche del martes, en algunas localidades de los estados de Jalisco –cuya capital es Guadalajara, la segunda ciudad más importante del país– y Guanajuato, el estado más violento de México, según datos recientes de homicidios dolosos de la Comisión Nacional de Seguridad, consignados por el diario Milenio. La razón del estallido de la violencia de las organizaciones delictivas, según lo expresado por el presidente López Obrador, fue una acción policial llevada a cabo en la municipalidad de Ixtlahuacán del Río, en Jalisco, donde gracias a un trabajo de inteligencia se logró irrumpir en una reunión de jefes de grupos narcos, la mayoría de ellos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación. Cinco de ellos fueron detenidos y uno resultó muerto durante un tiroteo con las fuerzas de seguridad.
Días más tarde, el jueves, la violencia se apoderó de Ciudad Juárez, ubicada en el norteño estado de Chihuahua, pegado a la frontera con Estados Unidos, donde un motín en una cárcel motivado por un enfrentamiento entre integrantes de dos bandas narcos rivales –Los Mexicles y Los Chapos, según informaron autoridades del estado– desencadenó una ola de violencia en varios puntos de la ciudad que les costó la vida a 11 personas, dos reclusos y nueve civiles. Una de las personas asesinadas fue un conocido locutor; en el ataque también murieron otros tres trabajadores de la emisora Mega Radio, que estaban realizando una transmisión desde una pizzería. A la mañana siguiente, el viernes, en la habitual conferencia de prensa que da cada mañana, López Obrador dijo que la situación es “lamentable” y reconoció que era “algo que no se había presentado”, hablando acerca de la violencia ejercida por las bandas narcos contra civiles. “Se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia, no fue sólo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Entonces, esto es lo más lamentable”, expresó el mandatario, según lo consignado por el portal Animal Político.
Finalmente, el sábado la violencia asoló a las localidades del estado de Baja California ya mencionadas, lo que puso en total alerta a las autoridades mexicanas y también a las estadounidenses, dado lo cerca que queda su territorio de estas zonas.
La falta de control por parte del Estado de la situación quedó graficada en un video publicado en su cuenta de Facebook por la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, integrante del Movimiento Regeneración Nacional, el sector de López Obrador, quien pidió a los criminales que actúen solamente contra “quienes no les pagaron” o con quienes tienen “facturas” pendientes, y no contra la población civil en general.
“No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”, expresó Caballero.