La Fiscalía guatemalteca informó que pedirá que se retire la inmunidad para el presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera. El fiscal Saúl Sánchez anunció la noticia en una conferencia de prensa, y afirmó que iniciará acciones contra los dos políticos por actos de “depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias”, según informó Radio Francia Internacional. La Fiscalía también imputa por esos delitos a seis legisladores opositores.

De acuerdo con la agencia Efe, Arévalo y Herrera son acusados de dañar el patrimonio de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) por participar en la ocupación a la fuerza del campus universitario en 2022. Según la Fiscalía, participaron en manifestaciones en contra de la designación como rector de Walter Mazariegos, quien está en el cargo desde julio de 2022. Varios miembros de la USAC cuestionan su liderazgo y afirman que hubo fraude en las elecciones que le dieron ese cargo.

Durante los últimos meses, Arévalo ha acusado a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, de intentar dar un “golpe de Estado” para impedir que acceda al gobierno el Movimiento Semilla, que ganó las elecciones de agosto y debe asumir en enero. En una entrevista con BBC Mundo, Arévalo afirmó: “Están fabricando causas para tratar de criminalizar a distintos actores. No me cabe duda que lo pueden llegar a hacer en contra mía y de los demás”. El dirigente dijo que se lleva adelante “una persecución política que se hace de manera absolutamente ilegal, violando competencias establecidas constitucionalmente”.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad ha pedido al Tribunal Supremo Electoral que proporcione la “copia certificada de la resolución o acuerdo en el que conste la inscripción de César Bernardo Arévalo de León como diputado listado nacional por el partido político Movimiento Semilla” dentro de 24 horas, según informó Europa Press. A su vez, el Tribunal Supremo Electoral ha rechazado el recurso de amparo que presentó Arévalo, que buscaba impedir las medidas tomadas por la Fiscalía.

El gobierno estadounidense y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han acusado a la Fiscalía de intervenir en las elecciones y atentar contra la voluntad popular. La OEA aprobó una resolución sobre los “acontecimientos recientes que afectan el Estado de derecho y la transición presidencial democrática en Guatemala” y criticó a la Fiscalía por intentar “desacreditar e impedir” el traspaso de poder. La resolución demanda que todas las instituciones “detengan o eviten” los actos de intimidación contra funcionarios electorales, miembros del Movimiento Semilla, y otros funcionarios electos.

Antes de que Sánchez anunciara que pediría retirarle la inmunidad a Arévalo y a Herrera, la Fiscalía comunicó mediante sus cuentas oficiales que estaban haciendo unos 30 allanamientos y se había detenido al menos a cuatro personas, según informó la Agence France Presse. Entre los detenidos, indicó, se encontraba Marcela Blanco, excandidata a diputada y militante del Movimiento Semilla.

Según publicó el diario guatemalteco Prensa Libre, Blanco dijo que no estudió en la USAC, sino que es egresada de la Universidad Rafael Landívar, pero agregó que apoya la lucha en contra del “usurpador que está allí”, haciendo referencia al rector. Blanco afirmó que los fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a su casa antes de las 6.00 e “intimidaron” a toda su familia. “A mí no me da miedo, pero a mi familia sí”, dijo.

En su cuenta de la red X, Arévalo describió las detenciones de los miembros del Movimiento Semilla como “espurias e inaceptables”, y manifestó: “Exigimos respeto a la seguridad e integridad” de Blanco y de “cualquier otro integrante del partido sometido a estos abusos”.