El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció que “por pedido de las autoridades nicaragüenses” cerró su oficina en Managua, “terminando así su misión humanitaria en el país”. En el mismo comunicado, recordó que en 2018 fue autorizado por el gobierno de Daniel Ortega “para abrir una misión en el país, enfocada en objetivos exclusivamente humanitarios”.

Ese año, a partir de abril, se desarrollaron fuertes protestas populares lideradas por estudiantes contra medidas económicas dispuestas por el Ejecutivo. Las movilizaciones se extendieron por tres meses y fueron reprimidas. Según números de la Organización de las Naciones Unidas, unas 300 personas murieron en ese contexto y muchas más sufrieron heridas o fueron detenidas.

En enero de 2019, la instalación del CICR en Managua fue establecida como “misión permanente”. Para entonces, la organización y el gobierno nicaragüense “formalizaron un acuerdo para visitar a personas detenidas”. De acuerdo con el comunicado, la tarea que desarrolló el CICR en los últimos años en Nicaragua se enfocó en tres grandes áreas.

Una consistió en apoyar a la Cruz Roja local para “brindar servicios de restablecimiento del contacto” entre personas detenidas y sus familias, y para “fortalecer su labor humanitaria en favor de las personas más vulnerables”. La segunda tarea fue la de “prevenir y atender consecuencias humanitarias de la privación de la libertad”, y la tercera consistió en “actividades de formación sobre el derecho internacional humanitario”, los derechos humanos y el marco jurídico que se aplica a la actuación de las fuerzas armadas y de seguridad.

Según recordó el diario opositor La Prensa, que funciona fuera del territorio nicaragüense desde que el gobierno confiscó sus instalaciones, el jefe de la misión del CICR, Thomas Ess, fue expulsado del país en marzo de 2022. Un año después, en mayo de 2023, el órgano legislativo nicaragüense, la Asamblea Nacional, anuló la ley que creó la Cruz Roja Nicaragüense “como ente autónomo y descentralizado adscrito al Ministerio de Salud”. Esa institución actuaba en el país desde 1931.

La decisión parlamentaria tuvo lugar después de que el gobierno acusara a esa organización humanitaria de haber violado la neutralidad en las manifestaciones contra el gobierno, que para el oficialismo fue un intento de derrocarlo, recordó la agencia AFP. Junto a esa medida, el gobierno confiscó las propiedades de la Cruz Roja local.

Sin embargo, el CICR continuó trabajando y era la única organización internacional que accedía a verificar la situación en la que se encuentran los presos opositores al gobierno, señaló La Prensa. Al menos fue así hasta junio de 2021, cuando se informó que el CICR ya no tendría acceso a las instalaciones de El Chipote, una de las principales cárceles del país en la que están decenas de presos políticos.

“Como hace en más de 80 países, la labor que realiza el CICR tiene una finalidad exclusivamente humanitaria, y se apega estrictamente a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia”, manifestó la organización en un comunicado de este martes.

“A través de la acción directa y de un diálogo bilateral y confidencial con autoridades, personas afectadas por consecuencias humanitarias y otros interlocutores clave, el CICR trabaja en la promoción de entornos respetuosos de la vida y dignidad humana”, agregó. También manifestó que los representantes regionales del CIRC para México y América Central están disponibles para “reanudar su diálogo y acción humanitaria en Nicaragua”.

En los últimos años, el gobierno de Ortega proscribió a más de 2.000 organizaciones civiles a las que acusó de violar diversas leyes. A muchos opositores los declaró apátridas y les confiscó sus viviendas.

Una organización social integrada por nicaragüenses exiliados en San José, la capital de Costa Rica, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, advirtió el lunes que el gobierno de Ortega está aplicando además “la apatridia de facto”. Esto consiste en impedir a los ciudadanos opositores o críticos regresar al país después de haber viajado al exterior, explicó, según informó Efe.

De acuerdo con la organización, sufrieron esta medida, sin recibir ninguna explicación, “familiares de personas excarceladas políticas, periodistas, madres de asesinados o asesinadas y personas defensoras de derechos humanos”.