Con los votos a favor de seis de sus nueve integrantes, la Corte Constitucional de Ecuador aprobó un informe de “admisibilidad” que abre paso al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Este proceso, que lleva adelante la Asamblea Nacional, el parlamento ecuatoriano, se inició por malversación de fondos públicos. La oposición acusa al presidente del delito de peculado y también había sumado el de concusión. Sin embargo, en su fallo, la Corte Constitucional sólo admitió el primero como causal del juicio.
“En el análisis del procedimiento se encontró que, [en] la solicitud presentada y el trámite seguido hasta aquí en la Asamblea Nacional, se han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso”, expresó la corte en su pronunciamiento, según citó la agencia de noticias Efe. Señaló que existió “falta de prolijidad en la activación” del juicio político, pero esto no tiene consecuencia en el fallo.
De este modo, el trámite del juicio político seguirá su curso en la Asamblea Nacional. Según informó Telesur, el parlamento tiene un plazo de 30 días para procesar la defensa, los descargos y demás instancias del juicio.
Se podrá llegar al punto de la censura, la destitución del presidente, si en el parlamento de 137 integrantes la votan 92 legisladores, dos tercios del total. Si no se reuniera ese mínimo de votos, el proceso se archivaría. Pero la oposición afirma que cuenta con los apoyos que se requieren para condenar al presidente. Actualmente, Lasso enfrenta un escenario en el que sólo 18 legisladores son oficialistas.
Si el juicio político termina en la destitución de Lasso, el vicepresidente, Alfredo Borrero, ocuparía el cargo del jefe de Estado, con el objetivo de completar el mandato y liderar una transición hacia el próximo gobierno.
La oposición acusa al presidente de ser el responsable político de una trama de corrupción en empresas públicas en la que está vinculado su cuñado, el empresario Danilo Carrera. Afirma que Lasso utilizó su cargo para proteger a algunos de los involucrados en esa red, y que usó su influencia para que se archivara una investigación de la Policía antidrogas que implicaba a otro empresario, Daniel Chérres.
Lasso niega las acusaciones. El sábado, durante su intervención en la Cumbre Iberoamericana, en Santo Domingo, acusó a la oposición de impulsar un “golpe de Estado parlamentario” en su contra. Ante la Corte Constitucional, el presidente ecuatoriano presentó un documento de 91 páginas de descargo para que el tribunal desechara el pedido de juicio político de los legisladores, informó Associated Press. Argumentó que no quedaba probada ninguna acusación y que el pedido se presentó fuera de plazo, entre otras cuestiones formales. Sin embargo, la corte dio su visto bueno al pedido de proseguir con el juicio político.
Al conocer el fallo de la Corte Constitucional, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado en el que afirma: “A pesar de que no coincidamos con la decisión de la Corte Constitucional, respetamos el dictamen de admisibilidad sobre el juicio político”. Señala, sin embargo, que el planteamiento de los legisladores “nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico ni político alguno”.
Mientras este proceso se tramita, agregó la secretaría, “el presidente y el gobierno del Ecuador siguen trabajando por todos los ecuatorianos”. “Las inconsistencias en los argumentos de este juicio no acabarán con nuestra visión de servir a cada uno de ustedes, ecuatorianos”, agregó.
Por su parte, el expresidente Rafael Correa, que gobernó de 2007 a 2017, celebró el fallo de la Corte Constitucional con un mensaje en su cuenta de Twitter. “¡Chau, Guillermo! Un tipo tan ruin y básico como tú jamás debió ser presidente. Ahora irás, con sobra de merecimientos y junto a tu compinche [el expresidente] Lenín Moreno, al tacho de la basura de la historia”, publicó.
El partido afín a Correa, Unión por la Esperanza, es uno de los que promueven el juicio político contra Lasso, junto con el derechista Partido Social Cristiano. A estas bancadas se suman legisladores de Izquierda Democrática y del movimiento indigenista Pachakutik.
Lasso llega a esta instancia debilitado, luego de que el oficialismo fuera derrotado en las elecciones locales del 5 de febrero, en las que además la mayoría de los ecuatorianos votó No a una serie de consultas promovidas por el presidente.