Este martes comenzó en la sede del Supremo Tribunal Federal (STF), en Brasilia, el juicio por intento de golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete aliados del núcleo principal de la trama, incluidos cuatro militares de alto rango de las Fuerzas Armadas.

El primero en intervenir fue el relator de la causa penal, el ministro Alexandre de Moraes, quien defendió la democracia, las instituciones y la soberanía del país en un discurso pronunciado antes de comenzar la lectura de su informe, en el que resumió el avance de la causa penal, desde la fase inicial de la investigación hasta la actualidad.

“Lamentablemente, durante el curso de esta acción penal, se constató la conducta deliberada y consciente de una auténtica organización criminal que, de una manera nunca antes vista en nuestro país, comenzó a actuar de forma cobarde y traicionera con el fin de intentar coaccionar al Poder Judicial, en especial a este Supremo Tribunal Federal, y someter el funcionamiento del Tribunal al escrutinio de otro Estado extranjero”, destacó Moraes, haciendo referencia a las presiones que viene ejerciendo el gobierno estadounidense de Donald Trump.

“Esta coerción, este intento de obstrucción, no afectará la imparcialidad ni la independencia de los jueces de este Supremo Tribunal Federal”, agregó el magistrado, enviando con sus dichos un claro mensaje a los parlamentarios bolsonaristas que están presionando en el Congreso para conseguir la amnistía de su líder y el fin del proceso penal.

Después de Moraes, fue el turno del fiscal general de la República, Paulo Gonet, quien leyó el dictamen en el que solicitaba la condena de los acusados por su participación en la conspiración golpista.

De acuerdo a lo que consignó Agencia Brasil, Gonet enfatizó que “la acusación no se basaba en conjeturas ni suposiciones endebles” y que “los propios miembros de la organización criminal se esforzaron por documentar casi todas las fases de la operación”. Según él, “el delito de golpe de Estado no requiere una orden firmada”.

Medios brasileños informaron que solamente uno de los acusados estuvo presente en la sala donde se está desarrollando el juicio, el exministro de Justicia Paulo Sérgio Nogueira.

En el público, además de abogados y periodistas, también se encontraban legisladores del Partido de los Trabajadores y del Partido Socialismo y Libertad.

A diferencia de lo que ocurrió en marzo, cuando se analizó la acusación de la Fiscalía General, no se presentaron en el lugar legisladores afines a Bolsonaro.

“No participaremos en la farsa”, había adelantado Sóstenes Cavalcante, líder del Partido Liberal (PL), al que pertenece Bolsonaro, en la Cámara de Diputados.

En esa línea, el diputado bolsonarista Nikolas Ferreira, quien también integra el PL, dijo que la condena del exmandatario es segura y comentó de manera irónica: “Pusieron a cinco argentinos a juzgar a Pelé”.

Por su parte, Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, tampoco asistió a la sesión, sino que, de acuerdo a lo que informaron allegados, siguió el juicio desde su casa acompañado de dos de sus hijos, Carlos y Jair Renan.

En la sesión de este martes, los abogados de cuatro de los ocho acusados presentaron sus argumentos orales.

Jair Alves Ferreira y Cezar Bitencourt, representantes legales del exayudante de campo Mauro Cid, fueron los primeros en hablar.

Tras presentar a Cid como un “joven soldado” y un hombre de familia, reafirmaron la validez del acuerdo de delación premiada que fue clave para establecer las acusaciones, y negaron cualquier coerción por parte de la Policía Federal y Moraes para alcanzarlo, argumento que fue utilizado por la defensa de los demás acusados para anular el acuerdo.

El proceso seguirá este miércoles, con las declaraciones de la defensa del expresidente y otros tres acusados.