En Venezuela la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y funcionarios del gobierno acordaron designar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que incluirá un proceso totalmente distinto del que estaba llevando adelante el actual Parlamento en funciones, totalmente controlado por el chavismo, como parte de los acuerdos anunciados al finalizar el miércoles la primera semana de sesiones entre las partes.
De acuerdo con lo que informó el portal venezolano, Dinorah Figuera, por la oposición, y el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Jorge Rodríguez, en representación del oficialismo, leyeron un documento en el que alcanzaron las primeras decisiones de esta instancia promovida y tutelada expresamente por el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y su secretario, Marco Rubio.
A la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, que en su momento no fue reconocida por el chavismo, le correspondió anunciar esta renovación, que consiste en “iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia enfocado en reformas a la Ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a otras leyes del sistema de justicia. Y también a renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales”, explicó Figuera.
La oposición viene insistiendo en una reforma del TSJ, que validó la que considera reelección fraudulenta de Maduro en 2024. La transformación de esa corte es vista como determinante con miras a un futuro llamado a elecciones, de cuyas fechas todavía no se habló de manera oficial, más allá de especulaciones.
En esta etapa de diálogos está participando una parte de la oposición, pero no toda. Por ejemplo, la líder opositora y premio nobel de la Paz, María Corina Machado, quien se encuentra en el exilio en Panamá, no está, aunque manifestó públicamente que no se opondrá a este proceso.
En las conversaciones que encabezaron Rodríguez y Figuera, también estuvo sobre la mesa la recuperación de los activos de reserva internacional que el Estado venezolano tiene retenidos en el Banco de Inglaterra.
Según informó AFP, hace algunas semanas la presidenta venezolana en ejercicio, Delcy Rodríguez, le pidió mediante una carta al rey Carlos III liberar el oro de las reservas internacionales depositado en el Banco de Inglaterra para atender a los afectados por el doble terremoto que sacudió el país el 24 de junio , que causó la muerte de más de 6.000 personas, además de cuantiosos daños materiales en varias zonas del país.
Esto provocó que, mientras todavía siguen la remoción de los escombros en busca de desaparecidos, cerca de 25.000 personas estén viviendo en campamentos improvisados, tanto en la capital, Caracas, como en La Guaira, una zona turística que quedó casi totalmente destruida por el sismo.
Venezuela tiene depositados en ese banco con sede en Londres lingotes de oro valorados en 1.900 millones de dólares, de los que no puede disponer por decisión de Reino Unido, que también desconoció la reelección del expresidente Nicolás Maduro, quien el 3 de enero fue secuestrado y trasladado a Nueva York, donde está enfrentando un juicio por varios cargos junto con su esposa Cilia Flores.
Desde 2019, la oposición, entonces con mayoría en el Parlamento venezolano, comenzó un proceso para impedir que el gobierno de Maduro pudiera acceder a esos fondos.