La campaña del “shock”

Hace unos años, la periodista y escritora Naomi Klein publicaba su obra La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, un libro interesante que demuestra con hechos y argumentos cómo los mentores del neoliberalismo y la Escuela de Chicago –inspirados en Milton Friedman– han aprovechado y manipulado las realidades y las coyunturas para lograr imponer sus recetas económicas. La autora se refiere a estas como medidas de “shock” o “choque” económico, las cuales, a pesar de su impopularidad o impertinencia, logran imponerse por diferentes medios. En algunos casos, apelando a la violencia y a la destrucción, como sucedió en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet o en Irak durante la ocupación estadounidense, tras la caída de Saddam Hussein. En estos dos casos en particular pueden detectarse ciertas similitudes, ya que junto a la violencia y a las violaciones a los derechos humanos surgieron las reformas neoliberales, acompañadas de grandes negocios y de la enajenación y apropiación de los bienes estratégicos de los países.

El denominado “shock” de medidas impopulares tiene como mecanismo la rapidez y la contundencia, dejando a quienes podrían resistirse sin la posibilidad de poder reaccionar. Cuando gobernaba Lacalle Herrera pudimos apreciar la destrucción del aparato productivo de Uruguay, que trajo aparejada el debilitamiento de los sindicatos y de las organizaciones sociales. Esta situación, hábilmente aprovechada por los promotores de la receta neoliberal, permitió la implementación de políticas tendientes a flexibilizar las relaciones laborales. En este sentido, el desmantelamiento de los Consejos de Salarios será recordado como una de las políticas más infames desarrolladas por el gobierno de Lacalle Herrera, que tuvo como consecuencia la precarización del empleo y el aumento de la pobreza. Años después, durante la campaña de Lacalle Herrera en 2009, el tan mentado “shock” se manifestaba apelando a una terminología más burda y caricaturesca: el candidato dijo que iba a aplicar una motosierra, firme y dura, a las viejas estructuras. Palabras más, palabras menos, una forma un poco más vulgar para referirse a lo mismo.

Por lo tanto, oír la palabra “shock” de parte del precandidato Luis Lacalle Pou, lejos de trasmitir seguridad y tranquilidad, no hace otra cosa que generar inquietud y preocupación. Más aun, ante la experiencia política de los países de la región. Previo a asumir la presidencia en Argentina, el equipo de Mauricio Macri hablaba de la preparación de un shock de medidas para los primeros días del gobierno. En este sentido, el diario La Nación de Buenos Aires publicaba lo siguiente: “Muy cerca de Macri sostienen la teoría de ‘pegar primero para pegar dos veces’. La mejor manera de alejar los malos augurios de devaluación, corrida cambiaria o crisis financiera en las primeras horas, aseguran cerca del presidente electo, es a través de la ‘catarata’ de acciones que traerán ‘una ola de optimismo’ necesaria para atravesar los primeros días en el poder”.¹ Sin embargo, nunca llegó esa “ola de optimismo” a la Argentina, sino todo lo contrario. La catarata de acciones no trajeron otra cosa que una gran devaluación monetaria, más endeudamiento y crisis financiera. Pero lo más grave han sido las consecuencias sociales de esta política, donde los más pobres terminaron llevándose la peor parte. Al final del día, el “shock” terminó siendo la consolidación del estancamiento económico, la recesión y el aumento de la pobreza.

Como una especie de copia discursiva propia de estos tiempos, el precandidato Lacalle Pou propone la implementación de grandes “shocks” a ser aplicados en diferentes asuntos del devenir nacional. En este sentido, se habla de un “shock” de austeridad, cuando todavía tenemos en la memoria los ajustes fiscales sufridos en la década del 80 y 90. Un ajuste fiscal no generaría otra cosa que un perjuicio al aparato productivo y a las políticas sociales, afectando además los niveles de crecimiento económico que conserva el país, incluso en un contexto regional menos favorable. Nadie discute la importancia de combatir el déficit fiscal, pero hacerlo de manera intempestiva generaría una situación muy crítica.

Se propone además un “shock” de competitividad, a través del cual se revisaría la gestión de las empresas públicas y los Consejos de Salarios. Estas ideas parecen ser una remisión a políticas que en el pasado fueron impulsadas por el Partido Nacional. Sin ir más lejos, durante la anterior presidencia de Lacalle Herrera se intentó privatizar las empresas públicas y fue el pueblo organizado quien logró detener dichas pretensiones, a través de un referéndum.

En otro orden de cosas, a través del “shock” de seguridad se proponen una serie de medidas que poco tienen que ver con la profesionalización de la Policía. Si bien compartimos la preocupación que existe en cuanto a la seguridad pública, no nos parecen razonables las propuestas presentadas. Reincorporar 1.000 funcionarios policiales retirados parece darse de bruces con el profesionalismo que debe tener la fuerza. Además, esto ya fue implementado por el ex ministro Guillermo Stirling y terminó fracasando porque en su mayoría tenían la intención de realizar servicios 222, lo cual estaba descartado por el régimen propuesto. Vemos además con preocupación la propuesta de habilitar el porte de armas a quienes ya no integran la fuerza, porque ello puede derivar en situaciones de abuso y “gatillo fácil”. Pero no sólo eso: la posibilidad del “gatillo fácil” se encuentra presente también en su propuesta de crear la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales cuando hacen uso de la fuerza. Tener un uniforme y portar un arma no puede ser una carta en blanco para lastimar a la población, más aun cuando hoy la ley brinda las garantías necesarias para el uso de la fuerza de parte de los funcionarios policiales.

Otros asuntos planteados deberán discutirse en profundidad, y es responsabilidad de todo el espectro político la búsqueda de soluciones justas y razonables. Por ejemplo, estamos abiertos a pensar soluciones para mejorar el sistema de seguridad social. Creemos que este es uno de los grandes asuntos nacionales que deben priorizarse de cara a un nuevo gobierno. En nuestro programa proponemos la convocatoria a un gran acuerdo nacional sobre los principales desafíos a resolver en materia de seguridad social, en el que participen todos los partidos políticos y las organizaciones sociales del país. En este aspecto, como en otros, esperamos que el sistema político tenga la suficiente madurez para abordarlos de manera constructiva.

Si algo ha caracterizado al Frente Amplio es no quedarse estancado únicamente con los avances que ha habido en los últimos años. Por supuesto que debemos sentirnos orgullosos de los avances. Debemos valorar el hecho de que nuestra economía no ha parado de crecer, a pesar de los retrocesos ocurridos en la región. Estos avances, al igual que otros, constituyen la base para seguir mejorando y transitando hacia el Uruguay del futuro. Hay que seguir mejorando y exigiendo más trabajo y más recursos para resolver los problemas que aún existen. Por ejemplo, tenemos mucho que hacer en educación, como mejorar su calidad y reducir la deserción en secundaria. En materia de vivienda, debemos ponernos como meta la erradicación definitiva de los asentamientos irregulares. En materia de infraestructura, resulta imperativo mejorar las redes viales, recuperar el tren, las vías fluviales y mejorar las comunicaciones, incentivando además el uso de energías renovables. Todo esto y mucho más es parte del compromiso que asumimos como fuerza política de cara al próximo gobierno.

En este sentido, resulta llamativo que el programa de Lacalle Pou critique la gestión del Frente Amplio y paralelamente invoque como válidas cientos de políticas que fueron implementadas justamente por los gobiernos frenteamplistas. Por ejemplo, el precandidato blanco toma en consideración a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y al Plan Ceibal como instituciones válidas para el impulso y desarrollo de políticas públicas. Esto viene acompañado de un discurso que apunta a no tener intenciones refundacionales, lo cual no merece la menor confianza de nuestra parte, ya que la experiencia del pasado, como las de los países vecinos, demuestran otra cosa.

En el pasado, durante la campaña electoral de 1989, Lacalle Herrera no mencionó su programa de privatizaciones ni su intención de eliminar los Consejos de Salarios. Tal vez, si lo hubiera dicho, habría tenido que asumir un costo político que le hubiera impedido llegar a la presidencia. Por ello, por más de que algunos intenten disfrazar sus convicciones, la gente no debe desconocer quién es quién y qué intereses son los que se defienden. El Frente Amplio puede hablar con propiedad y convicción sobre todo lo hecho y defenderlo como propio. Lamentablemente, el Partido Nacional es incapaz de defender su gestión anterior, porque ello le implicaría defender lo indefendible.

Podrá decirse que estamos expresando cosas del pasado y que hablamos de antecedentes. Sin embargo, la política no es sólo lo que se dice sino lo que se hace y lo que se piensa. La historia, la ideología y los antecedentes de los partidos, así como de sus integrantes, resultan fundamentales para decidir qué se apoya y por qué. Y en una época en la que se apela mucho más a las consignas que a los contenidos, es nuestra obligación plantear un debate serio, un debate ético que implique un “shock” de dignidad y honestidad, con propuestas sinceras y sin la intención de engañar a la gente disfrazando las ideas. A todo eso debemos apostar.