Desde hace algunos años América Latina y el Caribe experimentan un aumento de flujos migratorios. Este fenómeno también ha alcanzado a Uruguay, donde más de la mitad de los migrantes recientes provienen de países latinoamericanos no limítrofes, con especial afluencia desde Cuba, República Dominicana y Venezuela.

Mientras que 6,3 millones de migrantes en América Latina son niños, niñas y adolescentes, en Uruguay representan casi un tercio de las personas que llegaron al país entre 2013 y 2017 (31,7%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE). Además de los desafíos que deben enfrentar quienes migran, los niños migrantes encuentran riesgos adicionales, que los colocan en situación de especial vulnerabilidad. Si viajan solos, en el trayecto pueden ser víctimas de trabajo infantil, bandas de contrabando, trata de personas, violencia y explotación o ser obligados a contraer matrimonio precoz. También corren el riesgo de perder la continuidad de su educación y de no disponer de atención médica de calidad. Deben enfrentar el desafío de adaptarse a las comunidades a las que llegan, un cambio que cuesta y que suele tener consecuencias físicas y psicológicas duraderas que pueden impedir a los niños desarrollar una vida plena, una vida a la que tienen derecho.

En Uruguay la normativa vigente permite brindar una respuesta adecuada a las familias migrantes y asegurar a adultos y niños la realización de sus derechos fundamentales, entre los cuales se destacan el acceso a la educación, a la salud y a las prestaciones sociales que brinda el Estado. La inclusión de los niños migrantes en el sistema educativo es de 95%, de acuerdo con el INE. Pero no todas las políticas alcanzan ese nivel de cobertura, lo que pone en evidencia la necesidad de generar sistemas de información que permitan a las personas migrantes conocer sus derechos y conectarse con los servicios que les permitan ejercerlos. Estas familias también tienen dificultades para cubrir otras necesidades básicas como la vivienda, el empleo formal y contar con redes de cuidados cuando tienen niños pequeños a su cargo.

El 13 de marzo de 2020 introdujo una nueva complejidad, cuando la situación del país se vio sacudida con los primeros casos de covid-19 y las vidas de las familias en Uruguay fueron alteradas por el nuevo contexto de emergencia sanitaria. Las familias migrantes fueron una de las poblaciones más afectadas por la interrupción de la actividad económica, educativa y social, agravando aún más su situación por los efectos en sus rutinas de trabajo, sus ingresos y sus condiciones de vida. Los migrantes, en su mayoría trabajadores informales y jornaleros, se vieron en dificultades para autogenerar ingresos, muchos otros fueron desvinculados de sus empleos y quienes estaban buscando insertarse en el mercado laboral encontraron sus posibilidades muy restringidas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada hace 75 años con la misión de apoyar a los más vulnerables ante situaciones de emergencia alrededor del mundo, y dar respuesta inmediata a las necesidades más básicas, como la salud, la alimentación y la protección. Es por esto que, si bien UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ya estaban trabajando en estrategias para atender la situación de las familias migrantes en Uruguay, ante la llegada de la pandemia reorientaron sus esfuerzos para brindar atención a las necesidades más inmediatas.

Como agencias de la ONU especializadas en infancia y migración, respectivamente, nos planteamos tres líneas de acción urgentes para complementar las estrategias del Estado en la respuesta ante la emergencia sanitaria, con especial foco en niños, niñas y adolescentes. La primera consistió en ofrecer un apoyo económico para ayudar a asegurar de manera temporal la vivienda a quienes recién llegaban al país o para respaldar por algunos meses a aquellos que por pérdida de empleo no estaban en condiciones de hacer frente a la renta de su hogar. En segundo lugar, se entregaron insumos a algunas familias para ayudar a su bienestar: kits sanitarios para mantener la higiene y prevenir el virus; camas, frazadas o calefones para el invierno; elementos para el cuidado de bebés recién nacidos como cunas, ropa y pañales; y juegos para contener a los niños del hogar. Por último, se continuó con el plan de trabajo para el apoyo psicosocial de las familias con niños a cargo, con especial énfasis en este contexto de incertidumbre en que las familias debieron enfrentar mayores dificultades.

UNICEF y OIM seguirán trabajando para apoyar los esfuerzos nacionales que apuntan al bienestar de las familias migrantes que llegan a Uruguay. Incluirlas y visibilizarlas es fundamental para asegurar que sus derechos se cumplan. Pero esto también implica desafíos que como sociedad necesitamos afrontar: UNICEF y OIM están listos para renovar el compromiso que hace 75 años fue asumido por todas las naciones y así sumarse a los esfuerzos colectivos del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, que apunten a garantizar a estas personas, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, las condiciones necesarias para insertarse plenamente en la sociedad y contribuir en la construcción de un mundo más justo e inclusivo.

Luz Ángela Melo Castilla es la representante de UNICEF en Uruguay, y Tanja Pacifico es la jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Uruguay.