La renta básica universal y la democracia social

Hace unos días, la Red Temática de Renta Básica Universal, constituida por varios docentes de la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Sociales y aprobada por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (Udelar) mediante la resolución Nº 15, del 16 de octubre de 2018, hizo pública una declaración con referencia a las actuales circunstancias sanitarias. Dicha red nuclea a docentes e investigadores de larga trayectoria, a los que se suman otros docentes inscriptos institucionalmente en otros servicios universitarios.

Voy a insistir en algunos conceptos manejados en esa declaración y en su diferencia respecto de otras propuestas que fueron ampliamente difundidas por diversas vías de comunicación. Es evidente que la emergencia sanitaria viene teniendo efectos de diferente naturaleza, uno de los cuales está directamente relacionado con la pérdida del poder de compra de las y los trabajadores, sobre todo, pero no solamente, de quienes se encuentran fuera del sistema de seguridad social. Es así como hemos visto que varios colectivos sociales, entre los cuales están los feriantes, los artesanos y los vendedores ambulantes, por mencionar algunos, han reclamado el apoyo del Estado y, más concretamente, solicitado subsidios para subvenir sus necesidades básicas y las de sus familias. Por otra parte, miles de trabajadores que han sido enviados al seguro de paro y otros tantos que han sido despedidos se sumarán a los que ya tienen enormes dificultades para subsistir y, en el mejor de los casos, perderán calidad y condiciones de vida.

En otras palabras, los impactos profundos de la pandemia se profundizarán en poco tiempo y por un período muy prolongado. La crisis recién se va instalando en el país y, a menos que se tomen medidas fuertes, profundas, intensas y de largo plazo, el deterioro del bienestar de la población habrá de acelerarse aún más. Las consideraciones de la Red Académica por la Renta Básica Universal incluyen la actual coyuntura y van más allá de los tres o cuatro meses que muchas medidas tienen como plazo de implementación. Sin embargo, aun cuando todas ellas son muy razonables, serán insuficientes para abordar la problemática del “día después”. He aquí la primera diferencia: nosotros proponemos un plan que cuenta con varias fases de implantación, empezando por la cobertura de emergencia hasta las respuestas de mediano plazo.

Por otro lado, el actual esquema de protección social uruguayo –muy sólido y extendido– admite y es un campo fértil para encarar reformas del tercer orden (aquel que corresponde no sólo al cambio de instrumentos, sino también al de objetivos), y esta es la segunda diferencia. La razón la expusimos oportunamente, en el sentido de subrayar el efecto pasajero de las medidas de emergencia. Pensar y proponer nuevos objetivos es imperativo. Entre estos objetivos hay uno fundamental: brindar un soporte o una base material para la población, garantizando el ejercicio de los derechos más elementales (y no sólo en períodos acotados). El único actor capaz de hacerlo es el Estado. Desde otra perspectiva, cuando la familia, el mercado y la comunidad no logran asegurarlo para todos, es el Estado que debe actuar. Y esto se puede concretar incluyendo un nuevo pilar en el sistema de protección social: la renta básica universal.

Para algunos, somos trasnochados; para otros, delirantes o utópicos. No obstante, hoy circulan notas y artículos de prensa en Europa y Estados Unidos que alientan esta propuesta, y ya no parece ser una medida extemporánea. Por el contrario, todo apunta en esa dirección. Así como un siglo atrás el sufragio universal parecía una utopía, la renta básica universal dejará de serlo en un breve plazo. La decisión política se tendrá que asumir tarde o temprano. Es en este sentido que, con seriedad y compromiso, nuestra Red Académica hará –en breve– un aporte concreto.

Christian Mirza es profesor universitario en la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar y fue director nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social entre 2005 y 2010.