Desde la colonia el despojo y la propiedad privada

Para la inmensa mayoría de la población en Latinoamérica, por tratarse de uno de los lugares más desiguales del planeta, los bienes están en manos de una minoría, mientras que la inmensa mayoría carece de lo que a la otra sobra y abunda. Seguramente es en el tema de la posesión de la tierra, sea rural o urbana, donde se ve con mayor claridad esa desigualdad. Como dice la canción “unos mucho y otros nada / y eso no es casualidad”.

De eso se trata, de descubrir el porqué de la desproporción, y negarnos rotundamente a creer que ese será nuestro “destino” sin que podamos hacer nada para cambiarlo. Hay que tener muy claro que, de no resolverse el problema del suelo urbano, las posibilidades de contar con vivienda y ciudades democráticas, no pasará de ser una ilusión inalcanzable.

El saqueo a que dio lugar la llamada Conquista de América se realizó en nombre de los reyes de España y de un dios desconocido para nuestros ancestros, a sangre y fuego, y así se produjo la apropiación indebida de América por los conquistadores. Las enormes riquezas naturales que tenían y aún tienen nuestras tierras fueron el objetivo, el preciado botín, que usurparon para enriquecerse.

Estamos frente a uno de los robos más grandes de la historia de la humanidad, y si seguimos el hilo conductor de la historia, es fácil percatarse de la continuidad de este atropello primario. Lo que hoy se proclama como derecho, aunque haya sido comprado o transmitido por ley de herencia, está viciado de nulidad frente a lo que es la justicia real, por su origen espurio. Los primeros usurpadores, como sus continuadores, se encargaron de fundamentar el despojo con la “nueva” figura que adopta la propiedad: la sacrosanta propiedad privada.

La tierra ya había dejado de ser un bien común del conjunto de la humanidad para pasar a ser patrimonio de minorías propietarias. Para ello hubo que legislar en todos y cada uno de nuestros países la inviolabilidad de la propiedad privada, dejándola escrita en cada una de nuestras constituciones, leyes, decretos y cuánto reglamento se les pudiera ocurrir.

El rol del Estado, entonces, pasa a ser fiel y custodia del “respeto” a la misma, y todo aquel que atente de cualquier manera contra ella será severamente penalizado. Hasta nuestros días, los marcos legales fundamentan y defienden como a ninguna otra cuestión la propiedad privada, catalogada por el pensamiento económico liberal como “el principal de los derechos”.

Pero la tierra es un bien inelástico, no se reproduce, es la que existe, entonces se instala la lucha por ella: por un lado, la inmensa mayoría por tan sólo un lugar para vivir, y por el otro, una minoría con voracidad para lucrar, haciendo que se transforme en una mercancía. Se produce de esta forma una lucha sin cuartel entre la tierra como derecho y la tierra como mercancía.

Estamos frente a una cuestión esencialmente política, que, por cierto, no se resolverá técnicamente. El eje de la resolución del problema de la vivienda pasa a ser en primera instancia la obtención del suelo para construir. En este devenir es que la humanidad transita.

La lucha por la obtención del suelo urbano para las grandes mayorías requiere tener claro que existen intereses antagónicos, que viven en disputa y que, en determinado punto, se hacen incompatibles.

En el marco de intentar resumir una conceptualización que englobe las aristas más importantes de este trascendental problema del suelo urbano, es que señalamos lo siguiente:

1. No existe solución al problema de la vivienda si no resolvemos el del acceso al suelo con servicios; todas las promesas políticas, sean del color que sean, si no formulan con claridad este problema y no le dan solución, no podrán impedir que la vivienda quede siempre en el “debe” y que se agudicen los déficits habitacionales en cada uno de nuestros países.
2. En la actualidad, para las inmensas mayorías, no existe la menor probabilidad de acceder al suelo si se sigue pensando que el mercado puede regular y resolver el problema, dejando al Estado como actor “facilitador”. Desde la ofensiva neoliberal, el Estado sólo “facilita” las ganancias de las grandes empresas constructoras. Ninguna de las posibilidades ofrecidas desde el mercado han sido aptas para las grandes mayorías, porque es muy engorroso tanto para la banca como para las empresas constructoras, hacer negocio con los pobres; es imposible que sean sujetos de crédito o clientes para hacer el negocio.
3. La gente seguirá asentándose donde pueda, cómo pueda y de la forma que sea, y será entonces que aparecerán las “regularizaciones” que deberán atender los efectos de hecho, por no atacar las causas.
4. El acceso al suelo actúa, entonces, como un elemento fragmentador del espacio, consolidando la inequidad. Hay una ciudad con ventajas y servicios para aquellos que todo lo pueden comprar, y hay orillas para todos los demás, las grandes mayorías.

Frente a esta situación, un instrumento político fundamental que se coloca en el debate es la lucha emprendida por las organizaciones de pobladores, en cuanto a la estructuración de Fondos o Carteras de Tierras e Inmuebles y la exigencia de que el Estado sea un actor determinante en el mercado de suelo para los sectores de bajos ingresos.

La estructuración de las Carteras necesita contemplar algunos aspectos importantes para que ellas efectivamente cumplan el objetivo buscado. Una primera cuestión es que deben tener un marco legal que asegure con claridad hacia quiénes están dirigidas, con qué financiación cuentan y que sean efectivamente sustentables, es decir, que cuenten con un permanente flujo de tierras e inmuebles, lo cual necesariamente implica el aporte de recursos.

El que la Cartera tenga sustento legal, que haya sido creada por ley, asegura mejor que las disposiciones permanecerán y deberán cumplirse, independientemente de qué partido político se encuentre en el gobierno. Aun así, pueden sucederse problemas por la falta de voluntad política, en llevar adelante la actuación de estas Carteras, por ineficiencias burocráticas o por una mala gestión urbana, pero entonces aparece como garantía la acción de las organizaciones sociales para ejercer la presión necesaria que permita evitar desviaciones y alcanzar los objetivos.

El otro tema que últimamente concentra la atención de los actores involucrados en el problema de la vivienda y el acceso al suelo, es lo que normalmente mencionan como “atacar el problema de los asentamientos”, para lo cual se propone como medicina mágica la regularización. Está claro que la pobreza no se puede regularizar, como lo impulsaron y lo impulsan los distintos planes de organismos multilaterales.

A la pobreza extrema se necesita darle una atención integral, en la cual la vivienda es nada más que un aspecto; lo central es la educación y el trabajo. En particular, de no resolverse la falta de trabajo estable y adecuadamente remunerado, los asentamientos seguirán creciendo y reproduciendo bolsones de pobreza, porque seguirán siendo la única alternativa posible.

En este sentido, algunas iniciativas han planteado la perspectiva de que el conjunto de los organismos del Estado atienda el problema, actuando de manera conjunta y coordinada. Eso está muy bien, pero no alcanza con voluntades solamente, a la voluntad hay que sumarle financiamiento estructural, porque si no, nos quedamos en los discursos.

La clave del problema, en lo que a vivienda se refiere, es lograr barrios heterogéneos y no segregados que contengan socialmente las desigualdades; pues no se trata de lavarle la cara a la pobreza, porque el problema seguirá. Existen en la historia de la humanidad muchísimas experiencias muy altruistas y de gran contenido humanitario, pero ello en ningún caso resolvió el problema de fondo, simplemente porque no lo atacaban, sino que aportaban soluciones mitigatorias. Y debe quedar claro que sin voluntad política no existe solución.

Para cambiar la política llevada adelante por los organismos de poder, las organizaciones del campo popular deben fortalecerse con propuestas y movilizarse para conseguir sus objetivos. Se trata de hacer política, de incidir en todas las instancias para cambiar la realidad. Es momento de unir esfuerzos, en torno a los problemas de la tierra rural y el suelo urbano, porque ambos problemas tienen fuertes puntos de encuentro, que justifican una acción conjunta, y fortalecer potencialidades que no se están aprovechando debidamente. Por ello pobladores urbanos y del campo deben conjuntar esfuerzos, generar plataformas comunes, no fragmentar las luchas.

El problema del acceso a la tierra no es sólo grave en el campo, lo es también en la ciudad. Partiendo de esta premisa, digamos que los millones de campesinos que se ven obligados a dejar el agro, al llegar a la ciudad se encuentran sin un lugar donde construir su vivienda. Y no es porque no exista tierra, es por la brutal especulación que los expulsa a la periferia.

Nuestro continente en 2025 seguirá teniendo inmensas ciudades inhabitables, y el problema, lejos de disiparse, se agudizará.

El modelo capitalista agroexportador implantado en el campo seguirá expulsando campesinos de su tierra. Por tanto, no ver la imperiosa necesidad de aunar esfuerzos entre las organizaciones campesinas y urbanas creemos que es un grave error político.

Gustavo González es secretario general de FUCVAM.