Proyecto Neptuno: una “solución” en busca de un problema

El Proyecto Neptuno es una solución en busca de un problema. O más bien se constituirá en un nuevo problema, o en varios problemas con los que cargarán las próximas generaciones.

Un consorcio de empresas privadas dio nombre a esta iniciativa, que consiste en la construcción de una planta potabilizadora que se instalaría en las orillas del Río de la Plata, en el departamento de San José, en la zona conocida como Arazatí. El agua potabilizada se enviaría por una línea de aducción (léase un caño enorme de más de un metro de diámetro), a lo largo de 80 kilómetros, para que nutra de más agua potable al sistema metropolitano de OSE. Este sistema abarca el departamento de Montevideo entero, la Ciudad de la Costa hasta el peaje Pando, y todavía envía algunos metros cúbicos más de apoyo al sistema que comienza después del peaje, conocido como Costa de Oro, y que tiene como principales fuentes de abastecimiento la Laguna del Cisne en Salinas y la Usina de Costa Azul, más algunas decenas de perforaciones en varios balnearios. El sistema metropolitano también comprende Las Piedras, La Paz, poblaciones sobre el eje de Ruta 8 hasta Pando y Santa Lucía.

Todo este sistema es atendido hasta ahora por la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, que extrae el agua del río Santa Lucía. Se trata de una planta nueva, con toda la tecnología, los controles y la capacidad que necesita una potabilizadora moderna y fiable, todo construido con inversión pública.

Si esto fuera un guion de teatro, aquí vendría un párrafo en que se describe la entrada de un personaje trágico que dará un giro inesperado en la historia: “Fulanito entra en escena, visiblemente alterado, los ojos inyectados en sangre, el cabello desarreglado, y da gritos, pidiendo auxilio: ‘Estamos al borde del abismo, peligra el abastecimiento de agua potable de la mayoría de la población, ocurrirá una tragedia y la gente huirá desesperada, buscando la última gota de agua en las ciudades del interior, ocasionando un colapso social y sanitario’”.

Decimos esto porque el argumento principal, sino el único que les queda a los promotores del Proyecto Neptuno, es el miedo: imponer la visión de que es terriblemente riesgoso depender de la planta de Aguas Corrientes y del río Santa Lucía.

El “respaldo técnico” de OSE

Cuando el ministro de Ambiente estuvo en la Comisión de Presupuesto, en ocasión de la Rendición de Cuentas, le preguntamos por este proyecto. En actas el ministro afirmó que el Proyecto Neptuno fue estudiado y aprobado por cuatro gerencias de OSE, tratando de decir que el Proyecto Neptuno cuenta con respaldo técnico de OSE y no es una mera decisión política.

Realizamos un pedido de acceso a la información pública a OSE y, entre otras cuestiones, pedimos el informe técnico de las cuatro gerencias. Lo que mandaron son informes firmados por el actual gerente general de OSE, que es, obviamente, un cargo de confianza política.

La nota formal con la cual el gerente general de OSE aconseja al directorio del organismo aceptar la iniciativa privada que había ingresado a OSE el 13 de noviembre de 2020, para la construcción del Proyecto Neptuno, va acompañada de varios documentos anexos, escritos entre 2010 y noviembre de 2020. De la respuesta al pedido de acceso a la información realizado no surge que la iniciativa privada Proyecto Neptuno haya sido analizada y avalada por los servicios técnicos de OSE, tal como afirmó el ministro Peña.

Por el contrario, el aval del proyecto viene aconsejado al directorio por un colaborador estrecho, de confianza política: su gerente general, el mismo que fungió en ese cargo en los 15 años previos a 2005, en los que, por ejemplo, ocurrió la privatización de los servicios de OSE en Maldonado con muy malos resultados.

La coincidencia anterior sirve también para explicar por qué hay documentos que apoyan al Proyecto Neptuno (o Arazatí) fechados con anterioridad a la presentación de la iniciativa privada. Es que no hablamos de un hecho aislado, es parte de un modelo, que acompaña los objetivos de gobierno.

El Proyecto Arazatí (o Neptuno, según su presentación actual) ya había sido impulsado por los directorios de OSE en los 90 y principios de los 2000. En esa época el proyecto preveía hacer una toma de agua bruta desde el Río de la Plata, en similar ubicación, y enviarla para su potabilización a la planta de Aguas Corrientes. Se fundamentó la necesidad de esta obra en razones de urgencia y riesgo de catástrofe; se estaba dando un período prolongado sin lluvias (como tantos que han ocurrido), y esto parecía justificar, para los responsables políticos de la época, realizar una enorme inversión en una toma y línea de transporte de agua bruta en tiempo récord. Pero pasó lo que tenía que pasar: llovió, las razones de urgencia se disolvieron, literalmente, y mientras tanto, había otras crisis sociales y económicas más reales que atender.

Escenarios de provisión de agua potable

OSE tiene en su haber al menos tres estudios técnicos de envergadura que analizaron los escenarios de provisión de agua potable segura y de calidad al área metropolitana. Mencionaremos tres: el Plan Director de Agua Potable de Montevideo y Área Metropolitana (2000); un estudio sobre la alternativa más apropiada para el aseguramiento del abastecimiento de agua potable al sistema metropolitano hasta el año 2045 (realizado en 2013); y el “Estudio y recomendación de la alternativa más conveniente para asegurar el abastecimiento de agua potable para el sistema metropolitano”, de 2017.

Estos estudios, a lo largo de los años, contando con expertos nacionales y extranjeros, evaluaron la posibilidad de hacer una toma de agua desde el Río de la Plata, entre otras alternativas posibles, para la provisión del agua potable al área metropolitana. Cada vez que la alternativa Río de la Plata fue analizada técnicamente, fue rechazada por inconveniente, para decirlo simple, porque es una alternativa más cara, y porque no es posible asegurar que en determinados momentos del año (más probablemente en épocas de estiaje, cuando es esperable que actúe en respaldo de Aguas Corrientes) no se produzcan intrusiones de agua salina desde el océano Atlántico que impidan su potabilización con la tecnología estándar.

Otro asunto no menor, en términos de costos operativos y de impacto ambiental, es que la toma del Río de la Plata está a cota cero, o sea, el transporte hasta el sistema metropolitano se haría mediante bombeo, léase gasto de energía; mientras que la alternativa que siempre resultó seleccionada técnicamente, la construcción de la represa Casupá, está a una cota mucho más alta, por lo que el transporte se beneficiaría de la simple gravedad.

A esto podríamos agregar que el Río de la Plata es un recurso compartido con otros países, vale decir, la evolución de lo que ocurra con él depende de nuestra voluntad tanto como de la de terceros países (Argentina, Brasil, Paraguay y hasta Bolivia). Si lo que se desea es imaginar escenarios de riesgo, este por cierto aporta variadas complejidades.

Por lo tanto, los estudios técnicos han concluido que la alternativa óptima consiste en incrementar la regulación (represamiento de las aguas del río Santa Lucía), lo cual asegura al mismo tiempo la certeza de poder satisfacer la demanda en términos cuantitativos así como de mejorar la calidad del agua a tratar.

El monto de inversión que insumiría la construcción de la represa de Casupá se estimó en 80 millones de dólares. Al momento de traspasar el gobierno, en 2020, esta obra fue informada como una iniciativa de alta prioridad por el presidente saliente, el doctor Tabaré Vázquez, al presidente que iniciaba su período, el doctor Luis Lacalle. El financiamiento ya había sido asegurado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), se habían iniciado las tratativas para la expropiación de los terrenos necesarios, y el proceso de llamado a licitación estaba muy adelantado.

La llegada del consorcio

Así estaban las cosas cuando en 2020, y ya con nuevo gobierno, un consorcio de empresas privadas conformado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast se presentó en el marco de la Ley de Reactivación Económica, que habilita a las empresas a postularse “siempre que la obra o el servicio respectivo no esté, al momento de la presentación, siendo estudiada por los organismos” estatales correspondientes.

Sin dudas que el tema de la provisión de agua potable al área metropolitana estaba siendo estudiado y ejecutado, por lo tanto, esta iniciativa debería haber sido rechazada sin más. ¿Cuál es la novedad, innovación, o aporte que trae el consorcio proponiendo la construcción del Proyecto Neptuno, largamente estudiado y fundadamente rechazado? ¿Es un misterio? No, ya se sabe, cuando algo parece no tener una explicación evidente, siempre conviene seguir la ruta del dinero.

El primer dato a tener en cuenta es que el Proyecto Neptuno es mucho más caro que la construcción de la represa Casupá. Las primeras estimaciones para Neptuno hablaban de 200 millones de dólares, un poco más del doble que el costo de Casupá.

La segunda cuestión que quizá no resulte evidente para todos es que el consorcio propone esta iniciativa privada no pone un solo peso para la inversión. Solamente viene con la idea. Si el organismo público en cuestión acepta en primera instancia, como fue el caso, el proponente debe avanzar en los estudios de factibilidad, que una vez aceptados por el organismo estatal darán lugar a un llamado a licitación, en el cual el consorcio que se presentó tendrá un margen de preferencia de entre 5% y 20%.

O sea, se presentan consorciadas las empresas constructoras más importantes de plaza, con un proyecto para el que ellas mismas harán los estudios de factibilidad, y por lo tanto casi que ya van escribiendo el pliego de licitación, pero además, van a tener un margen de preferencia en ella. Básicamente puede estimarse que tienen altas chances de ganar el desarrollo de un proyecto innecesariamente caro, al que seguramente podrán colocarle un precio aún más caro, porque cuentan con un margen de preferencia asegurado.

Si todo lo anterior no fuera suficiente para sostener que la administración actual no está protegiendo el patrimonio público y el servicio de agua potable, creo que vale la pena sumar un elemento más, que es, por decir lo menos, irritante.

Dos de los integrantes del consorcio que se presentan con la iniciativa privada Proyecto Neptuno tienen conexión con los estudios previos mencionados, que estudiaron las alternativas de aprovisionamiento del agua potable para el área metropolitana.

Efectivamente, el Plan Director de Agua Potable del año 2000 contó con la participación de CSI Ingenieros, que comparte (o compartió) parte del directorio y su domicilio fiscal con Ciemsa, que forma parte del consorcio que presenta el Proyecto Neptuno.¹

Por su parte, Fast, otro de los promotores de Neptuno, resulta ser un aliado estratégico y firmó un joint venture con Seinco, la misma consultora que en 2017 fue contratada junto con Hazen & Sawyer y avanzó en definiciones sobre la opción óptima ya elegida en el estudio anterior: la construcción de la represa Casupá.

A esta altura de la nota, si alguien aún continúa leyendo (¡gracias!), podrá suponer sin esforzar mucho la imaginación que esto se trata de una “política” de gobierno destinada principalmente a beneficiar a los malla oro. Y una vez más, la que paga la fiesta es una empresa pública.

El Proyecto Neptuno, además, ha incrementado las estimaciones iniciales de costos en la medida en que se avanza en su estudio. Porque, por ejemplo, ya concluyeron que, como no es posible asegurar que el agua del Río de la Plata esté libre de salinidad los 365 días del año, se deberá construir una reserva, una enorme piscina de agua dulce a cinco o diez kilómetros de la nueva planta, para asegurar que esta funcione cuando no se pueda extraer agua del río. ¿No es delirante?

Aún no se sabe qué tan grande deberá ser esa reserva, porque no existen series de datos suficientemente largas como para estimar cuántos días al año puede ser alta la salinidad en el punto de toma proyectado.

También deberán hacerse obras complementarias que permitan conectar la línea de aducción que viene desde Arazatí con el actual sistema de aducción de OSE.

Además, si se quiere que el agua adicional que aportaría el Proyecto Neptuno pueda beneficiar a la zona este del área metropolitana, que es la que más lo necesita, deberán hacerse obras adicionales sobre la quinta línea de bombeo.

Ninguno de los tres ítems que acabamos de mencionar estaban contemplados en los 200 millones de dólares estimados inicialmente. Sumen ganancias para los malla oro.

Recortes y megainversiones

Además, el gobierno anunció otra iniciativa privada tan descabellada como esta para el saneamiento del interior por 1.000 millones de dólares.²

La respuesta a cómo se explica esta aparente contradicción, que hace que una empresa pública a la cual le recortan personal, gastos de funcionamiento e inversión esté al mismo tiempo anunciando estos megaplanes de inversión, es la de siempre: participación privada en el “negocio”.

En el momento en que OSE aceptó, por resolución del directorio, que los proponentes de la iniciativa privada avanzaran en los estudios de factibilidad, también delegaron en ellos que analizaran los “modelos de negocio o de contrato”, mencionando entre las posibles opciones desde “diseñar-construir-financiar” hasta “construir-operar-transferir”, los muy conocidos contratos BOT, por su sigla en inglés, que son sencillamente una forma de privatización.

Es posible que se recurra al mejor maquillaje jurídico posible, pero desde que los números de inversión y operación no cierran con el objetivo número uno del gobierno, que es el achique del Estado, la respuesta es la misma: negocio para los malla oro, destrucción de la empresa pública.

Ya lo hemos dicho en otras oportunidades y en ocasión de otras discusiones: el modelo actual no difiere en los objetivos del que sufrimos en los 90, cambió la estrategia. Ya no enfrentamos una única ley de privatización de empresas públicas que podamos poner a referéndum como entonces.

Se avanza, por distintas vías, leyes, decretos y resoluciones administrativas. El resultado final se arma como un puzle, y como tal hay que desmontarlo.

Lilián Galán es diputada del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.