Gobernando en tiempos de covid-19

“Menos Estado y más mercado” es la frase que sintetiza el plan de gobierno, concebido antes de la pandemia y que se sostiene a pesar de esta. Hablemos de los estragos económicos y sociales que esta premisa neoliberal viene causando en nuestro país y de la insistencia del gobierno en seguir transitando este camino.

Queremos hacer un análisis de la política económica llevada adelante por el Poder Ejecutivo. Para esto vamos a tomar la rendición de cuentas del Fondo Solidario Covid 19, cerrada a diciembre de 2020. Sus números nos dicen mucho de la política aplicada en este año de pandemia y del rumbo que fue tomando el gobierno a contrapelo de lo que se viene haciendo en los demás países. A nivel global, el discurso neoliberal no pudo sostenerse empíricamente como consecuencia de la pandemia; los gobiernos del resto del mundo (e incluso el Fondo Monetario Internacional) vieron que era urgente fortalecer un Estado regulador e invertir para que la recuperación pospandemia no tuviera costos sociales imposibles de solventar (pobreza, menos consumo interno, salud, etcétera).

El Fondo Solidario Covid 19 fue creado por la Ley 19.874, votada en el Parlamento por todos los partidos políticos. La titularidad y la administración del fondo está a cargo del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El gasto del fondo al 31 de diciembre de 2020 fue de 711 millones de dólares, lo que representa 1,3% del producto interno bruto. Este fue el esfuerzo fiscal que el gobierno brindó a esa fecha para paliar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

De estos datos podemos sacar dos conclusiones. En primer lugar, con este resultado seguimos siendo los últimos de la fila en inversión para combatir la pandemia, tanto en América Latina como en el mundo, según lo señalado por la Cepal en su informe “Panorama social de América Latina”. El gobierno se molestó con este señalamiento, pero no sólo no rectificó el rumbo, sino que siguió apostando a menos Estado.

En segundo lugar, con la información brindada por el gobierno podemos analizar los gastos totales del fondo pero no sus ingresos, y si queremos analizar la distribución de ingresos que hace el gobierno es tan importante lo que se gasta como quiénes llevan el peso de financiar las políticas públicas. Además de los impuestos temporales sobre los trabajadores y los jubilados y de los aportes de las utilidades del Banco República y de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el fondo recibe aportes voluntarios de empresarios, pero no sabemos ni de qué magnitud ni quiénes efectúan dichos aportes. Ante un pedido de informes al MEF sobre los ingresos del fondo, se remitieron al artículo 11 de la ley, que establece que hasta que el Poder Ejecutivo no declare finalizada la pandemia, no están obligados a dar información al Poder Legislativo. La transparencia del gobierno, igual que la contribución empresarial a la crisis social, es “voluntaria”.

Pero sí podemos afirmar por los hechos que el Poder Ejecutivo tiene en alta estima al empresariado y confía ciegamente en su solidaridad, porque no fue gravado por ningún tributo, sino que se lo exhortó a donar al fondo; recordemos el mensaje del presidente respecto del “malla oro”. En cambio, el gobierno no tiene confianza en los trabajadores públicos o los jubilados, a los que sí tuvo que imponer el monto a donar al fondo.

La rendición de cuentas del Fondo Covid arroja que se gastó 534 millones de dólares en el Banco de Previsión Social, 26 millones de dólares en la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y 22 millones para el Ministerio de Salud Pública.

Un gasto relevante fue el subsidio al transporte por la baja de boletos vendidos, de 20 millones de dólares. En este punto queremos detenernos, porque justifica el análisis que veníamos realizando de “achique del Estado” y favorecer al empresariado. En subsidio a las empresas de transporte por la baja en su recaudación se gasta lo mismo que en la salud de la población. Confirmamos la premisa de las prioridades de este gobierno nuevamente.

El sistema de salud pública, ASSE, recibió en 2020 90.000 usuarios más que los que tenía en 2019. Esto se explica porque quienes perdieron su empleo dejaron de ser cubiertos por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y los recibió ASSE sin cápita (cuota Fonasa que los acompañe). Más usuarios, menos presupuesto y una emergencia sanitaria: podemos entender cómo está de sobreexigido el sistema de salud pública y el desmantelamiento que esto significa. Acá también hay menos Estado.

Por último, no quisiera dejar de mencionar la particular situación de propagación de la covid-19 que se está viviendo en establecimientos carcelarios: mientras que a nivel general de la población teníamos a mediados de marzo unos 10.500 casos activos, lo que significa 0,3% de la población total, en establecimientos carcelarios el porcentaje de personas cursando la enfermedad es de 5%. El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, advirtió mediante una nota a las autoridades el 5 de marzo de 2020 sobre el peligro que significaba una epidemia en la comunidad carcelaria. Un año después la situación es esta, pero el porcentaje destinado al Ministerio del Interior en el Fondo Coronavirus fue del 0,06%. La situación de las personas privadas de libertad no se limita sólo a ellas; como bien señala Petit en su informe, “la comunidad carcelaria” incluye a los policías y al personal que cumple variadas funciones con relación a ellos, y a las familias de los presos; en total, se estima que son unas 100.000 personas. Pero son de los más pobres y vulnerados en la sociedad y en la función pública. Nunca se habla de ellos en las conferencias de prensa del presidente. Nos lleva a pensar que son considerados “desechos” de la sociedad y no recuperables, y por tanto el Estado no se hace cargo.

Finalmente, queremos señalar que frente a toda esta situación de pandemia, la acción del gobierno ha sido la de una agencia publicitaria: muchas imágenes y palabras, pero los números muestran que hay poca acción con los más afectados (trabajadores, mujeres pobres, la educación pública y lamentablemente un largo etcétera).

Prueba de esto han sido los aumentos de tarifas en los servicios públicos (vulnerando el derecho al acceso universal) y los recortes en educación y en ciencia y tecnología. Pero en la práctica aplican la estrategia del “si pasa, pasa” del recorte, para luego dar una marcha atrás falsa, devolviendo menos que lo que se recortó. Aparentemente, ante parte de la ciudadanía esto rinde en términos de imagen.

Es tan claro como lamentable que la política económica es de ajuste fiscal a cualquier precio, a cualquier costo social y también económico, porque en esta mirada cortoplacista no se está pensando en el país pospandemia o por lo menos en un país inclusivo, para todos y todas y no sólo para los menos, los “malla oro” del señor presidente.

Es ahora. Más políticas públicas, más recursos, menos agencia publicitaria.

Lilián Galán es diputada del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.