Recolectar 700.000 firmas parecía un imposible. La realidad y algunas señales empiezan a mostrar que la organización popular puede contra los cuervos tramposos que intentan engañar una y otra vez a la población. Cerraron con candados los grandes medios de comunicación e intentaron silenciar e ignorar la recolección de firmas y el reclamo de discutir públicamente una ley que carecía de las características de urgente consideración. Hoy, ante la evidencia del movimiento de la recolección de firmas, empiezan a desplegar una nueva etapa de su campaña, que mira más allá del proceso de recolección.

Parece apropiado reflexionar acerca de lo que está sucediendo en torno a esta situación. Siempre hay un más allá que la apariencia de los hechos.

Con las cifras disponibles en materia de recolección de firmas se puede hablar de un nuevo hecho histórico producido y ejecutado por el movimiento popular uruguayo. El centro de atención para los que queremos que otro mundo comience a sembrarse es seguir recolectando firmas, dialogando y construyendo comunidad y sociedad con todas las personas a las que tengamos acceso. De eso se trata concebir y –especialmente– practicar una forma de democracia distinta de la que quisieron y quieren imponer desde el 1º de marzo de 2020. También es necesario señalar que durante el período progresista hubo momentos en que coartaron la participación ciudadana; quizá algunos se desencantaron por ese motivo.

El sentido más profundo de la frase “se acabó el recreo” era poner un límite a lo que se llamó desde posiciones conservadoras el “poder sindical” (varios libros se publicaron durante 2005-2019 referidos a esta cuestión) o a toda organización popular que salga de su control.

Por eso presentaron proyectos de ley para reglamentar a su antojo la actividad sindical, diciendo cómo debía funcionar o cómo debía organizarse. Por ese mismo motivo también están detenidos los préstamos para las cooperativas de vivienda por ayuda mutua (nucleadas en Fucvam) y están pergeñando la manera de brindar préstamos por fuera de esta organización popular. Cada paso es sopesado para no brindar elementos que fomentan la solidaridad en la sociedad: o se busca el individualismo del sálvese quien pueda, o el clientelismo bajo tutela de algún caudillo.

Esa fue la lógica de imponer una ley que implicaba un trabajo político de convencimiento, de discusiones en los diferentes ámbitos de la sociedad. Para eludir este largo y dificultoso proceso esgrimían un artificio (que ya no lo están usando): la ciudadanía nos votó para gobernar. Era la pretensión de creer lo siguiente: tenemos carta abierta para hacer y deshacer cómo y cuánto queramos, por algo ganamos las elecciones. Lo que buscaban era que quedara claro que no había alternativas a sus designios. Y esto se repetía una y otra vez, para convencer a la ciudadanía y para frenar cualquier iniciativa que planteara algo distinto.

Con las cifras disponibles en materia de recolección de firmas se puede hablar de un nuevo hecho histórico producido y ejecutado por el movimiento popular uruguayo.

Todo este atropello se dio en medio de una pandemia, en la que miles de personas pasaron a comer en ollas populares, quedaron sin empleo, ven y sienten cómo su salario desciende día a día. Hoy miles de niños y adolescentes no acceden al derecho a la educación, lo que pone en evidencia desigualdades que ya existían y que las autoridades actuales, lejos de reconocer, pretenden tapar, fomentando un sinsentido en el sistema educativo y en sus actores. El dato más doloroso es que desde marzo mueren más de 50 personas a diario, sin que existan respuestas de fondo a ese problema desde el gobierno.

No lograron salir de sus intereses como sector dominante; su interés se centra en reproducir su riqueza no importando nada más (es el dogma de la religión de mercado) y no viendo nada más que su círculo más cercano (o su barrio privado, o sus campos, o la rambla que los lleva a la Ciudad Vieja).

También intentaron colocar en el centro del escenario político una vieja idea: el gobierno representa al país, a la acción, el que se oponga al gobierno se está oponiendo al país y, como tal, es un traidor a la patria. En más de una aparición pública (y en más de un editorial del diario oficialista) actores más que nada menores disparaban este argumento para ver si convencían a algún distraído. Parece que este frágil argumento sin dudas no caló, no se impregnó en la sociedad.

En todo este escenario, el campo popular lentamente empezó a organizarse para, una vez más, ir por lo que parecía utópico: juntar y recolectar cientos de miles de firmas en una coyuntura marcada por las restricciones de la pandemia. Y ya el número de recolección de firmas marca que hay al menos 500.000 ciudadanos que no están de acuerdo con la aseveración de que “no hay alternativas” y esto se debe acatar sin ninguna discusión.

El derecho a poder discutir lo que pasa en la sociedad, esto es, lo que pasa en la vida concreta de las personas, no puede pasarse por alto e ignorar a las mayorías de la sociedad que hoy sufren su existencia. Esto es lo que está en el centro del escenario político hoy en el país. No se lo esperaban, no estaba en sus planes, y por eso comenzaron a salir nuevamente los cuentistas a intentar engañar con viejos trucos y artilugios a la sociedad: si se alcanzan las firmas para el referéndum se estará ante un operativo desestabilizador de la democracia y se dará libertad al crimen (Julio María Sanguinetii, Correo de los Viernes, 14 de mayo de 2021).

Se intenta que la sociedad, en su imaginario, tema y reaccione al gran demonio construido para controlar la región: la inseguridad, ilustrada en el narcotráfico.

Ante estas novedades habrá que redoblar la recolección de firmas (porque aún no se consiguió el objetivo trazado), habrá que continuar convocando quijotadas para seguir soñando imposibles, para que quede claro que hay alternativas a las directrices de quienes fantasean con ser dueños de un país.

Héctor Altamirano es docente de Historia.