La ley de urgente consideración (LUC) incluye varios artículos que implican cambios en la forma de gobierno de la educación. No sólo modifican la Ley General de Educación de 2008 (LGE), sino que también van en sentido contrario a la tradición uruguaya en la materia.

Estos cambios se pueden resumir en: a) la eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP), b) el incremento de las competencias del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), c) la eliminación de los Consejos de Educación y la centralización de atribuciones en el Codicen de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y d) la disminución de exigencias para el acceso a cargos en Codicen y direcciones generales.

Eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública

La LGE creó el SNEP con el propósito de que el Estado tuviera una herramienta legal que permitiera coordinar acciones, compartir recursos y acordar políticas para cumplir con los principios y orientaciones de la educación como un derecho y un bien público y social.

La LUC elimina el SNEP, lo sustituye por la “Organización General de la Educación Pública” e incluye en los ámbitos de coordinación a representantes de la educación privada y de otras instituciones vinculadas al Poder Ejecutivo.

¿Cuál es la razón para eliminar el SNEP? En su comparecencia al Parlamento, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, señaló que si la educación privada no está en los ámbitos de coordinación “el Estado pierde un espacio”, “como lo pierde si tratamos a la formación policial y militar como algo que no perteneciera al Estado y a la educación pública”.

Sin embargo, esto no es así. En Uruguay, la educación privada, en todos los niveles, es autorizada, habilitada o reconocida por el Estado a través de las instituciones involucradas. Además, tenía y tiene espacios de coordinación y discusión como en la Comisión Nacional de Educación (suprimida por la LUC), en el Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia, en el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada y en el Congreso de Educación.

Algo similar ocurre con la formación policial y militar, que se incorporaron al Sistema Nacional de Educación en 2008, por lo cual se aprobó una ley específica en 2014.

La creación del SNEP se propuso avanzar en la coordinación y elaboración de políticas públicas para la educación, y su eliminación debilita el accionar de la educación pública, la deja librada a la voluntad de coordinación de los gobiernos de turno. Era una institucionalidad para consolidar y mejorar, no para eliminar.

Incremento de las competencias del MEC

A texto expreso, el ministro señaló en su comparecencia que uno de los objetivos de varios artículos de la LUC era fortalecer el papel del MEC en las políticas educativas. Sin embargo, las atribuciones que se le otorgan van más allá del declarado respeto a la autonomía, incluye la definición de un compromiso de política educativa y su aprobación es condición para integrar el Codicen (artículos 145 y 151) y la creación de un Programa de Fortalecimiento de la Formación en Educación (artículo 171) que determinará el carácter universitario de esa formación.

¿Dónde queda la autonomía y la especialización del ente si el MEC define si una institución pública es o no de carácter universitario? En todo caso esta es una función legislativa, no del Poder Ejecutivo. ¿Dónde queda la autonomía si el MEC elabora un Compromiso de Política Educativa que deberán cumplir los integrantes del Codicen?

La autonomía de los entes de enseñanza ‒originalidad uruguaya‒ con control parlamentario, junto a la participación docente y a la coordinación de la educación pública, constituyen la base institucional para la elaboración y aplicación de políticas de Estado, sin desconocer las variantes políticas de los gobiernos que designan a las autoridades de la educación.

Eliminación de los Consejos de Educación

La educación tiene órganos colegiados desde la Dirección General de Instrucción Pública creada por el Decreto-Ley de 1877. Más adelante se crearon el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal en 1918, el de Enseñanza Secundaria en 1935 y el de UTU en 1942. En todos los casos, fueron consejos con integración diversa y plural.

La LUC los elimina con una argumentación ministerial muy particular, ya que se basa en la existencia de direcciones en UTE, Ancap y Antel. Para el ministro, la ANEP debe funcionar como un ente industrial. En su momento las denominó “gerencias”, después le hicieron notar la inconveniencia y las sustituyeron por “direcciones generales”. Pero el concepto es el mismo.

El resultado es inverso al proclamado. Se centralizan decisiones, se conoce menos la realidad y se adoptan resoluciones alejadas de ella.

Hay quienes han fundamentado la disolución de los consejos por su ineficacia y por ser de largas deliberaciones. Pero no hay prueba alguna de paralización por presencia ‒minoritaria‒ de docentes electos, ni tampoco que el carácter colegiado sea causa de indefinición de políticas.

En contraposición, la corta historia de las direcciones generales ha sido de decisiones más lentas, siempre consultadas previamente con la presidencia de Codicen y muchas veces revisadas por su inadecuación.

Es cierto que estos organismos reúnen cometidos de definición de política educativa junto a los de gestión educativa y administrativa. Pero la ley no soluciona este problema, lo agrava.

La incorporación de las direcciones generales al Codicen no es nueva. Ya lo había definido la Ley General de Educación y así se practicó durante los dos períodos de vigencia. Pero se realizaban sesiones especiales para discutir políticas y adoptar resoluciones comunes. Ahora las direcciones generales intervienen en todas las sesiones, aún en las que se adoptan resoluciones de carácter administrativo de la órbita de Codicen, quitándoles tiempo para frecuentar sus territorios y conocer sus realidades.

El resultado es inverso al proclamado. Se centralizan decisiones, se conoce menos la realidad y se adoptan resoluciones alejadas de ella.

Disminución de exigencias para el acceso a cargos

La LUC disminuyó las exigencias para ser integrante del Codicen y ser director general como ninguna otra ley anterior. Mientras normas anteriores ponían como requisito, por ejemplo, ejercer o haber ejercido la docencia por cinco o diez años, la LUC hace únicamente mención a que los designados “deberán poseer condiciones personales relevantes, solvencia reconocida, trayectoria en el ámbito educativo y méritos acreditados en temas de educación”.

Algo similar ocurrió con las mayorías para designar a las direcciones generales. En las leyes anteriores se pedían mayorías especiales. Ahora esas designaciones se resuelven con mayoría absoluta, tres en cinco. Es decir, no se necesitan los votos docentes y los tres designados llegan con el compromiso ya acordado.

Estos cambios buscan ampliar el espectro de candidatos en la actividad privada y hacerlos más dependientes de la voluntad del gobierno de turno.

A modo de conclusión

Los cambios operados en la LUC para definir la gobernanza de la educación están centrados en la idea de que la educación es un asunto del gobierno de turno.

Si hay algo probado es que las definiciones en materia de política educativa trascienden los períodos de gobierno y obtienen resultados a mediano y largo plazo. Nadie podría dudar de la importancia que tienen las mayorías nacionales y parlamentarias en materia de definición de políticas educativas, los presupuestos facilitados y las autoridades designadas. Pero si Uruguay tuvo una larga historia de preservar la educación de los avatares de la política, esa es también una de las razones por las cuales se distinguió históricamente en la región latinoamericana, como lo sigue haciendo.

Los retrasos y dificultades en educación ‒como el egreso en educación media superior‒ no son producto de la gobernanza y no se pueden resolver con los empujes de un solo gobierno. Necesitan políticas a largo plazo con compromiso político y social.

La LUC equivoca el diagnóstico y el camino elegido nos aleja de obtener mejores resultados. Por eso es necesario derogar estos artículos el 27 de marzo.

Luis Garibaldi es maestro y fue director nacional de Educación.