La transparencia y la forma del Estado

La palabra “forma” viene del latín y se refiere a la figura de algo. Esa figura es la manera en la que podemos percibirlo, es lo que puede entrar en contacto con nosotros día a día. En algunas líneas, más o menos inspiradas, queremos explicar por qué entendemos que la transparencia es la mejor herramienta para que la población en general pueda entender cuál es la forma del Estado y, eventualmente, orientar las definiciones sobre cómo debería cambiar.

Antes de entender qué es, por qué nos sirve o para qué queremos transparencia, tenemos que entender qué es lo que la motiva. La democracia es lo que transforma la discusión informada y honesta (deliberación) en un voto (elección). Si entendemos esto, no vamos a tardar mucho en comprender que sin transparencia no vamos a tener información de calidad, y sin esa información la discusión pasa a ser sólo un poco más que los sketches paródicos que se titulaban “Hablemos sin saber”.

Al intentar definir cualquier concepto complejo, muchas veces necesitamos comenzar por establecer qué NO es. Y la transparencia no es solamente comunicación. No importa cuántas veces salga el líder político de turno a explicar lo que se hizo si este no da libre acceso a las bases de datos, los informes técnicos, los contratos, las metas que se plantearon inicialmente o los cambios de timón sobre la marcha.

En la coyuntura que nos toca vivir, vemos cómo la información se mueve al ritmo de la comunicación política, donde todos los incentivos la empujan al marketing político. Y es que el concepto es tan ridículo como eficaz: poder “vendernos” a quién votar o qué opinar, con las mismas estrategias que nos han vendido desde hace décadas un calzado, una bebida o un viaje.

Entonces, ¿qué herramientas tenemos para no convertirnos en “consumidores”? ¿Cómo podemos realmente participar? Se puede ensayar varias respuestas, pero inexorablemente, todas van a necesitar apoyarse en las tecnologías de la información y la disposición de esa información.

Si bien en la actualidad existen leyes en las que se prevé la transparencia, son demasiado flexibles respecto de plazos y no prevén castigos asociados al incumplimiento. El acceso efectivo depende de los jerarcas o de las capacidades de la organización para sistematizar la información. Además, no está extendida la costumbre de buscar una transparencia activa (compartir mi información porque quiero que todos puedan verla). En resumen, no hay costo ninguno por no ser transparente.

Pero, jugando a ser un reconocido periodista deportivo, “hay quienes dirán...” que es absurdo creer que los individuos harán el esfuerzo por instruirse con propósitos de voto. La baja probabilidad de que un voto individual decida qué partido va a gobernar hace que incluso un costo en el margen supere al beneficio.¹

Una ciudadanía informada constituye una de las bases de una democracia dinámica, en la que se estimula la memoria colectiva con una permanente búsqueda, recolección, análisis y difusión de información de los sujetos políticos que participan en los procesos electorales. Esto, a su vez, acentúa la idea de protección de lo público, concientizando sobre el rol e impacto en la vida de los ciudadanos.

La transparencia del Estado es, justamente, aclarar la imagen que tenemos sobre cuál es la forma que tiene. Es la plataforma para incentivar a una ciudadanía proactiva a repensar su rol. A partir de ahí se puede abrir espacios de participación y colaboración entre el sector público, la sociedad civil, la academia y el sector privado. Un acceso a la información generada por el Estado, con la calidad y pertinencia adecuadas, debería ser siempre una exigencia de la ciudadanía y debería interpelar constantemente a nuestros dirigentes políticos.

La manera de pensar y repensar el Estado, en una discusión informada y honesta, necesita de que hagamos esfuerzos continuos por transparentar la figura de cada organismo, cada unidad, cada repartición, para interpelar y entender si queremos esa forma, o bien una reforma.

Pablo Coniglio es licenciado en Economía. Joaquín Zarucki es licenciado en Ciencia Política.