“Corresponsabilidad en la crianza”: legislar contra las infancias

Desde hace ya más de un año y medio, está en discusión en el Parlamento Nacional un proyecto de ley denominado “Corresponsabilidad en la crianza” (anteriormente denominado “Tenencia compartida”).

Este proyecto viene a “resolver” un supuesto problema que dicen tener un grupo muy reducido de hombres, por el que no podrían ver a sus hijos/as, según sus argumentos, porque tenemos una justicia “arbitraria”, que les impediría ejercer sus derechos inherentes a la patria potestad, con base en supuestas denuncias falsas de las progenitoras.

Lo más problemático de estos proyectos es que, bajo argumentos muy bonitos –pero sin un solo dato que avale el relato de estos grupos–, establecen de manera preceptiva y general la tenencia compartida de niños, niñas y adolescentes, incluso en casos de eventuales riesgos de abuso y maltrato infantil (todo esto bajo el supuesto de que tanto las madres como los niños mienten cuando dicen ser víctimas de violencia de género o intrafamiliar).

Veamos qué dicen las estadísticas oficiales. Según la última Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones¹ realizada en 2019, 386.000 niños, niñas y adolescentes viven en hogares donde ha ocurrido algún tipo de violencia de género durante el último año.

Del total de mujeres víctimas de violencia de género, 28,8% declara que las agresiones se dieron en presencia de niños, niñas o adolescentes. Además, 20% dice que sus hijos fueron también víctimas directas de las agresiones del denunciado.

Por otra parte, el informe de 2021 del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav)² establece que 42% de las intervenciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública en situaciones de violencia basada en género corresponden a niñas y adolescentes. Mientras que, según datos del propio Ministerio del Interior, en 49,3% de los episodios de violencia de género hubo niños, niñas o adolescentes.

Por último, según el informe “Panorama de la violencia hacia la infancia en Uruguay en 2017” realizado por Unicef, entre 2012 y 2016 hubo 30 niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidios (infanticidios) en el marco de la violencia intrafamiliar.³

Si bien para el último año no hay datos oficiales, podemos constatar la muerte de seis niños en 2022 en manos de sus padres durante procesos de visitas. Uno de los casos más emblemáticos fue el de los dos niños en Cordón.⁴

Como señalan las defensoras públicas Carolina Camilo y Lucía Long en su artículo “Análisis normativo y práctico de la violencia vicaria en Uruguay”, este tipo de violencia de género tiene el nombre de “violencia vicaria” y se trata de un tipo de violencia que se ejerce sobre los hijos para dañar y violentar de manera secundaria o colateral a la mujer. Es un tipo de “violencia secundaria a la víctima principal” (Vaccaro, 2012, citado en Camilo y Long, 2022). El caso más extremo de la violencia vicaria es el homicidio de los hijos e hijas, pero existen distintos tipos y “niveles”.

Todos estos datos nos dan la pauta de cuáles son los principales problemas que atraviesan las infancias en nuestro país. Problemas extremos y dramáticos para los que el Estado no ha encontrado las soluciones necesarias, y para los que nos encontramos en falta como sociedad, desde el sistema político todo y particularmente desde el Parlamento Nacional.

Hoy, el Parlamento, en lugar de estar discutiendo y buscando soluciones para estos problemas reales y extremos de nuestros niños, niñas y adolescentes, se encuentra discutiendo un proyecto de ley que va en el camino directamente inverso.

Se está tratando de aprobar un proyecto para que progenitores con denuncias de maltrato y abuso puedan seguir viendo a sus hijos, incluso en los casos en los que haya suficiente evidencia para suspender las vistas.

Es un proyecto absolutamente silenciador, aleccionante y dañino para las infancias y las mujeres víctimas de violencia de género. Un proyecto hecho a medida de los violentos, para que las víctimas no puedan seguir rompiendo el silencio (como hemos visto en los últimos años). Un proyecto para seguir culpabilizando del abuso y del maltrato a las infancias. Un proyecto que vulnera los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Este es el Parlamento que tenemos, con mayorías oficialistas que legislan contra todo dato estadístico, contra toda evidencia científica y técnica, y sobre todo contra los derechos humanos básicos de las personas más desprotegidas. Quienes levanten la mano por este proyecto serán responsables directos de un daño irreparable en muchísimos niños, niñas y adolescentes (muchos más de los que nos gustaría), y de eso no hay vuelta atrás. Será el Parlamento de la Vergüenza Nacional.

Inés Cortés es diputada suplente por Canelones (Movimiento de Participación Popular, Espacio 609, Frente Amplio) y politóloga.