Hace ya dos meses que está detenido Alejandro Astesiano, antes responsable de la seguridad presidencial. Las investigaciones sobre él han revelado que dedicaba buena parte de su tiempo a tareas tan alejadas de la función por la que el Estado le pagaba como reñidas con el respeto de las leyes.

La causa que involucra a Astesiano lleva en su carátula, por el momento, los posibles delitos de suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias. El primero tiene que ver con la causa de su detención, el vínculo con una organización criminal internacional que manejaba información falsa para el otorgamiento de documentos uruguayos. A la luz de los datos disponibles, esto sólo era una parte menor de las actividades ilícitas que realizaba, aprovechando su ubicación institucional, las potestades que esta le otorgaba y su familiaridad con funcionarios, en varios casos de alto rango. Los otros dos delitos parecen tener un alcance bastante mayor que el planteado inicialmente, y es probable que corresponda agregar algunos más, así como imputaciones a otras personas.

El caso es una bomba de tiempo, que por suerte no fue desactivada. Habría sido muy lamentable que se diera por buena la versión inicial de que sólo era posible recuperar 2% del contenido del celular de Astesiano, o que prosperara en forma prematura la iniciativa de su abogado para lograr un acuerdo abreviado con Fiscalía, que redujera su pena a cambio del aporte de información. Lo peor que podía pasar era que se centrara la causa en la cuestión de los pasaportes, en vez de abordar en forma rigurosa todas las otras investigaciones pertinentes, procurando que no quede ni una responsabilidad sin establecer y sancionar.

Esto último no será sencillo. Entre los numerosos hechos con fuerte apariencia delictiva que se han empezado a conocer, una importante cantidad puede comprometer, según mensajes recuperados del celular de Astesiano, a importantes jerarcas, muchos de ellos pertenecientes al Ministerio del Interior, cuya colaboración es crucial para la investigación. Estos jerarcas, además, siguen en sus cargos y, por lo tanto, manejan información muy necesaria para la fiscal Gabriela Fossati.

Tampoco ayuda en lo más mínimo que desde Presidencia y el Partido Nacional se haya manejado la situación, desde el primer día de estos dos meses, con criterios de reducción de daños políticos, en perjuicio del conocimiento de la verdad. Se presenta a Astesiano como un personaje irrelevante y con pocas luces (pero capaz de engañar a los más altos jerarcas mientras delinquía frente a sus narices). Se escamotean explicaciones básicas con juegos de palabras y se respalda de antemano a posibles cómplices. Se dispara sin cesar contra los mensajeros, como si el problema no fueran las evidencias sino su filtración por parte de presuntos “periodistas militantes”.

El desenlace de esta historia puede tener consecuencias graves para el oficialismo, pero mucho peor sería que afectara la confianza en las instituciones. Ojalá que todos seamos capaces de comprenderlo.