Sobre archivos, falsedades y conocimiento histórico

El editorial del diario El País del 28 de febrero de 2022 refiere al pedido del periodista Álvaro Alfonso para consultar el llamado “Archivo Castiglioni” y la respuesta negativa del Poder Judicial, que lo custodia en la actualidad.

Este archivo se encontraba en el domicilio del coronel retirado Elmar Castiglioni y fue incautado en 2015 por la jueza Beatriz Larrieu, en el marco de la causa que investiga el asesinato y desaparición forzada de Fernando Miranda en 1975. Luego de esta incautación, el archivo permaneció bajo la órbita del Poder Judicial, debido justamente a que la investigación continuaba en curso. Tras la ubicación del cuerpo de Fernando Miranda en 2005 por el equipo de Antropología Forense dirigido por el profesor José Lopez Mazz, se confirmó su asesinato y desaparación en el marco de las operaciones represivas de la última dictadura militar, y la investigación permitía profundizar sobre las características y los responsables de estos operativos.

Lamento, y he lamentado públicamente en muchas oportunidades, que la documentación histórica que se encuentra en la órbita del Poder Judicial no esté accesible a los investigadores. Sin embargo, señalamos que el problema de la conservación y puesta en acceso de forma íntegra de los archivos públicos en Uruguay es un problema que no sólo afecta a aquellos producidos desde 1973. Lamentablemente sólo nos han llegado fragmentos de lo producido en el pasado y, sobre este período, lo que conocemos y se ha disponibilizado, en este y anteriores gobiernos, son algunos fragmentos y copias de estos archivos de forma parcial.

Este asunto, ciertamente complejo, está vinculado con una deuda que el conjunto del sistema político tiene con la ciudadanía. Como nos preocupa y nos ha preocupado a todos, me tomo el atrevimiento de responder y precisar algunas aseveraciones realizadas en el editorial citado que no son correctas.

Al no haberse procesado en los años inmediatamente posteriores a la salida de la dictadura los juicios a los responsables del terrorismo de Estado, estas causas se han dilatado en el tiempo por décadas. Diferentes marcos legales a nivel nacional e internacional han enlentecido o impulsado estos procesos, y este conjunto de factores ha postergado el acceso público y universal a los archivos en cuestión.

He escrito bastante sobre esto a lo largo de mi carrera, y por ello considero una ofensa gratuita que los editorialistas del diario El País tergiversen los hechos y califiquen mis actividades como historiadora en el marco de una tendencia u opción política que, por otra parte, soy libre de tener en un país democrático.

Cito el párrafo del diario El País para poder aclarar a los lectores los hechos y así despejar las dudas: “En aquel entonces, el Poder Judicial (PJ) se hizo de todo ese material y determinó que dos historiadores notoriamente afines a la izquierda lo revisaran y estudiaran, quedando bajo custodia de la sede judicial los hallazgos de las piezas concretas –viejos diskettes, discos compactos grabados, etc.–. Pero hoy, cuando el periodista reclama conocer el contenido de tal archivo de forma de procurar arrojar mayor luz sobre temas que está investigando, la respuesta de la sede judicial es negativa”.

Al respecto, hago algunas aclaraciones:
- No es que el Poder Judicial “se hizo de todo el material”. En el marco de sus investigaciones, una jueza incautó todo el archivo y por ese motivo quedó bajo la órbita judicial.
- En ese marco, nos solicitaron a Álvaro Rico y a quien suscribe (quien habla a título personal y cuyas opiniones no comprometen a nadie más) informes, como peritos de la Justicia. Es decir que nuestros informes quedaron reservados en el marco de esa causa y se realizaron para responder a las preguntas de la jueza actuante.
Ninguna de las informaciones, documentación y fuentes relevadas en el marco de este peritaje fueron utilizadas para investigaciones sobre el período en cuestión, en el marco de mis actividades como historiadora. Tampoco fue utilizado lo revisado en el marco de este pedido, en relación a mis trabajos como especialista en archivos del pasado reciente.

Señalo, sin embargo, que es de público conocimiento mi opinión sobre la necesidad de atender a una política de desclasificación de los archivos del período, estén o no bajo la órbita del Poder Judicial, dado que ya han transcurrido más de 30 años desde la transición democrática hasta el presente y un período aún más prolongado en relación a los documentos producidos durante la dictadura propiamente dicha.

En el marco del último gobierno de Tabaré Vázquez, me solicitaron asumir la dirección de la secretaría que se ocupaba de estos asuntos y, dadas las dificultades de poner en práctica un plan decidido en esta materia, decidí renunciar a mis funciones en este espacio, respondiendo justamente a mis convicciones sobre estos asuntos, en tanto profesional de los archivos y en consideración de una política integral en materia de transparencia y acceso a los archivos.

Siempre hemos recibido con buenos ojos la identificación y apertura de archivos, así como el interés por la temática, por parte de los diferentes gobiernos. Recuerdo que en la última campaña, el programa de Luis Lacalle Pou tenía un apartado específico sobre el asunto. Señalaba en cuanto a los museos, archivos y bibliotecas que “si bien ha habido avances en algunas áreas, el estado y formas de utilización de los museos, archivos y bibliotecas públicas no llegan a ser satisfactorios”. Proponían, en ese marco, “el aprovechamiento de inmuebles en desuso, propiedad del MEC [Ministerio de Educación y Cultura] o de gobiernos departamentales, para alojar y exponer tesoros patrimoniales que hoy no están en contacto con el público [... y] destinar fondos para la actualización tecnológica y mantenimiento operativo de los archivos del Estado”.

Desde aquella propuesta de campaña en 2019 hasta el momento, sólo copias de algunos fragmentos de fondos documentales fueron dadas a conocer parcialmente, y esto tampoco constituye una política sistemática de acceso a los archivos. Además, como señalaban en su programa de gobierno, implica la disposición de una infraestructura adecuada para asegurar la preservación y el acceso a un volumen importante de documentación producida durante la historia contemporánea del país. Nada de esto se ha puesto en práctica hasta el momento por ninguno de los gobiernos de la posdictadura.

Señalamos, sin embargo, que en el período previo a 2005, todas las noticias de los sucesivos gobiernos –repetidas de manera acrítica por el diario El País, que, vale recordarlo, en su momento fue claro defensor del proceso dictatorial– afirmaban que no existían archivos del período, que estos habían sido destruidos y quemados, y fue sólo a partir del primer gobierno de Tabaré Vázquez que un volumen importante de documentación fue identificada. No compartimos que estos no se hayan establecido como archivos de acceso público a la ciudadanía: repito que ese fue el motivo de mi renuncia en 2016, pero esta medida tampoco se ha llevado a cabo por el presente gobierno.

Solicitaría por lo tanto al diario El País que, antes de calificar a las personas y utilizarlas para justificar falsedades en su medio de prensa, se informe y no le falte a la verdad a la ciudadanía. El problema del acceso a la información, de las investigaciones sobre un período ciertamente traumático en la historia del Uruguay y la necesidad de construcción de una política de largo plazo, estable e integral de preservación y acceso a los archivos es un tema que sin duda nos preocupa a todos. Lamentablemente, medios de prensa como El País, que apoyaron la dictadura y que después nos indicaron que había que mirar para adelante y no tener los ojos en la nuca, siguen sin contribuir a un esfuerzo colectivo por conocer y analizar un período del cual debemos aprender, para la construcción de una mejor democracia en el presente.

Isabel Wschebor es historiadora, docente y coordinadora del Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Udelar.