Analizando el referéndum (I)

Celebro la democracia directa. Me guste o no el resultado final, siempre es saludable la participación de la ciudadanía en torno a los asuntos relevantes que nos afectan o incumben a todas y todos los ciudadanos. Dicho esto, propongo unas líneas de reflexión formuladas cuando apenas han transcurrido pocas horas de finalizado el referéndum del 27 de marzo.

En primer lugar, el resultado concreto fue de no anulación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). La lectura, en consecuencia, admite valoraciones de diferente naturaleza; desde el punto de vista estrictamente legal, aquellos artículos impugnados permanecen vigentes, con todas las consecuencias o efectos que implican. No obstante, la exigua diferencia entre los que votaron por Sí y por No fue de apenas 22.780 a favor de la última opción (escrutado 99,73% de los votos, sin los observados), lo que significa un virtual empate. Asimismo, si sumamos los votos en blanco, que jugaron “a favor” del No, la distancia se incrementa en 28.645. Y haciendo un ejercicio de sumatoria de los votos anulados con el Sí, arroja la suma de 1.144.149 en un total de 2.684.131. Así podríamos hacer otras combinaciones fictas que poco nos conducirían a resultados contundentes. En resumen, queda claro que cuantitativamente la diferencia a favor del No fue –como lo dije– muy exigua. También quedó claro que ninguna de las dos opciones alcanzó el 50% de los votos totales.

En segundo lugar, corresponde un análisis político. El gobierno, encabezado por el presidente colocó el foco de la campaña en una suerte de aprobación o respaldo a este. De hecho, la conferencia de prensa celebrada por Luis Lacalle Pou pocos días antes explicitaba con transparencia su llamado a la ciudadanía a votar por el No. Precisamente, en la medida en que la LUC expresaba –según sus propias palabras– la condensación del programa de su gobierno, se trataba de procurar su confirmación en las urnas. El resultado, como quedó concretado, significó que prácticamente la mitad de la ciudadanía lo legitimó, mientras que la otra mitad lo rechazó. ¿Un país dividido en dos? ¿Era esa la apuesta? Tal parece que sí; de un lado, seis partidos de la derecha asociada en la coalición multicolor y del otro, el Frente Amplio y los movimientos sociales.

En tercer lugar, debemos reconocer que casi todo el aparato del Estado fue puesto al servicio del No, contando además con los principales medios de comunicación masiva, casi todos afines al oficialismo, sin olvidar –por otra parte– que las cámaras empresariales (con escasas excepciones) se declararon a favor de la LUC (“representa nuestros intereses”, según alegó un dirigente corporativo), de suerte que la disputa, puede afirmarse, fue desigual en términos de los recursos disponibles puestos en juego. Del otro lado, una campaña mediática con limitaciones presupuestales, pero una capacidad extraordinaria de movilización de miles de militantes sociales y políticos, quienes explican en gran medida el resultado obtenido.

En cuarto lugar, si comparamos estos resultados con los obtenidos en el balotaje de 2019, observamos una paridad significativa. En efecto, en noviembre de aquel año el actual presidente recogió 50,79% de los votos, mientras que el candidato del Frente Amplio alcanzaba el 49,21%. De hecho, el oficialismo perdió varios miles de adhesiones si comparamos en rigor los votos alcanzados por la sumatoria de aquellos seis partidos de la coalición multicolor en la primera vuelta (55,43%). Aun cuando en este referéndum no se trataba de una votación que enfrentara partidos políticos, parece evidente que tras los promotores del No básicamente estuvieron todas las formaciones políticas que componen el actual gobierno. En conclusión, 49,8% de los que votaron el 27 de marzo pasado fue un porcentaje menor que aquel 55,43%, no obstante considerar que muchos blancos y colorados optaron por el Sí, mientras que otros frenteamplistas se inclinaron por el No (aun cuando no contemos con información más precisa al respecto). Si bien en el referéndum no estaban en discusión programas de gobierno de diferentes partidos políticos, haber apelado a la LUC como componente sustantivo del actual programa de gobierno del oficialismo empujó al parteaguas.

En quinto lugar, el actual escenario deja un sabor agridulce tanto a los defensores del No como a los que impugnaron los 135 artículos de la LUC. Si bien el oficialismo celebra la no anulación como una victoria, es en sí misma una victoria pírrica. Obviamente, no está en discusión la estabilidad de las instituciones democráticas; al contrario, toda vez que la ciudadanía se expresa a través de los mecanismos de la democracia directa, se incrementa la civilidad. Sin embargo, el panorama se torna complejo tanto para la coalición multicolor como para la oposición. ¿Será saludable un itinerario –en esta próxima etapa– de confrontación polarizada? ¿Cuáles son las posibilidades y los límites de una construcción colectiva consensuada? ¿El oficialismo seguirá implantando su programa de reformas de modo unilateral y sin dialogar con la otra mitad? ¿Hasta dónde se sentirá este gobierno con la legitimidad suficiente para implementar la reforma de la seguridad social, de la educación, del Estado y de las empresas públicas, sin procurar amplios consensos políticos y sociales? Sin pandemia, ¿los salarios perdidos se habrán de recuperar? ¿Será plausible una política efectiva para disminuir la pobreza y la desigualdad? Muchas más interrogantes subyacen sin duda, en un clímax político fogoneado por algunos representantes de la derecha más reaccionaria y conservadora.

El referéndum generó desafíos y dilemas: ¿podrá la derecha moderada hacer primar su sensatez, o será la derecha más ultraliberal y conservadora la que continúe con su plan de gobierno? En otras palabras, y lo diré más crudamente: ¿cuál derecha sacará enseñanzas del resultado: la derecha rancia o la histórica derecha liberal? De las respuestas dependerá el futuro mediato. Otro capítulo merecerá el análisis del papel de la oposición, incluidos el Frente Amplio y la mayoría de los movimientos sociales. Mientras tanto, la vida continúa y los que pagan las consecuencias de las decisiones políticas seguirán esperando.

Christian Mirza es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.