Pasado y presente: Treinta y Tres a 50 años del golpe de Estado

El 22 de mayo de 1985 se realizaba en la Junta Departamental de Treinta y Tres una sesión solemne cuyo motivo consistía en homenajear a Zelmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz. Blancos, colorados y frenteamplistas componían el nuevo cuerpo electo de la Junta Departamental que, tras 12 años de dictadura cívico-militar, volvía a integrar legisladores electos democráticamente.

El acto estuvo marcado por intervenciones en que integrantes de todas las colectividades políticas expresaron de forma unánime y contundente el rechazo a la etapa dictatorial que acababa por cerrarse, y reafirmaron con claridad meridiana la importancia de cultivar valores democráticos en la sociedad. En una de las alocuciones, el edil Carlos Carrasco, perteneciente al Partido Colorado, expresaba: “Nosotros creemos que la detención y el asesinato del Toba y de Zelmar tuvieron como causa el relieve que estos poseían en la lucha contra la dictadura. Su muerte sucedió por ser cualquiera de los dos, aristas importantes en la lucha de un pueblo que debió soportar 12 años de dictadura. De sus sacrificios surge como ejemplo deslumbrante y justificador, la rebeldía opositora de todo un pueblo”.

En la misma Junta Departamental, en junio de 1972, en una de las últimas sesiones realizadas previa a la disolución del legislativo departamental, el edil por el recientemente formado Frente Amplio, Francisco Laxalte, denunciaba: “Sr. Presidente, ante el hecho luctuoso y angustioso de la muerte de un oriental más, Luis Batalla, voy a dar lectura al acta de defunción, para conocimiento de este cuerpo, expedido por el Juzgado de Paz de la 1°. Sección del departamento de Treinta y Tres. Dice así (se lee)”. Hacía referencia a la muerte de un albañil de 32 años de edad, afiliado al Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien había sido secuestrado el 21 de mayo de 1972, falleciendo el 24 de mayo del mismo año en el Batallón de Infantería N° 10 del departamento de Treinta y Tres. La causa de muerte fue constatada al realizar la autopsia del cuerpo, y esta confirmaba la sospecha de que Luis Batalla había muerto a causa de la tortura, anemia aguda causada por la ruptura traumática del hígado, consecuencia de los apremios físicos y no por problemas al corazón, como se le informó a la familia por parte de efectivos militares en una primera instancia.

Laxalte era vecino de Luis Batalla, sabía que éste no tenía problemas cardíacos y estaba en conocimiento de las irregularidades que se sucedían dentro del batallón. En este sentido, había convencido a la familia de realizar la autopsia del cuerpo. Para esto se contactó con el entonces senador de la República perteneciente al PDC, Juan Pablo Terra, quien solicitó al diputado Daniel Sosa Díaz que se hiciera presente en la ciudad para –con el aval de la familia– proceder a abrir el féretro en presencia de los médicos Juan Carlos Brouchy y Nelly Rebollo. Sosa Díaz denuncia el hecho en el Parlamento, lo que conllevó a que, luego de ser interpelado por el propio diputado de manera avasallante, el entonces ministro de Defensa, Enrique Magnani, terminara por dimitir.

Tres años más tarde, en la ciudad de Treinta y Tres, efectivos militares detuvieron a varios integrantes del Partido Comunista del Uruguay, representantes de la mesa política del Frente Amplio del departamento, entre ellos, Francisco Laxalte, y simpatizantes de esta coalición de izquierda, en el marco de un operativo que marcó un antes y un después en la represión de la dictadura en Treinta y Tres.

Entre los días 12 y 13 de abril de 1975 un conjunto de adolescentes de entre 13 y 20 años, pertenecientes en su mayoría a la Unión de la Juventud Comunista, fueron detenidos y trasladados al Batallón de Infantería N°. 10, donde fueron sometidos a torturas tanto físicas como psicológicas.

El 30 de abril de 1975 el diario El País publicó el comunicado del ejército en sus páginas policiales bajo el título “Marxismo: única meta la destrucción moral. Descubren campamento: prostituían a más de 60 jóvenes” y así, con la totalidad de la prensa oficial en complicidad con el régimen, se difundió esta calumnia que la sociedad treintaitresina terminó por creer. Fue imposible para la mayoría de estos adolescentes continuar su vida en Treinta y Tres.

No bastó con torturar menores de edad, sino que estos también fueron juzgados por la Justicia Militar; a 13 de ellos se les imputaron delitos de asociación ilícita; asociación para delinquir y atentado a la Constitución en grado de conspiración. Fueron trasladados al Consejo del Niño y se les quitó la patria potestad a sus padres.

Y por si fuera poco, una vez puestos en libertad, se les suspendió la calidad de estudiantes durante cinco años, lo que no les permitía entrar a ningún centro educativo, asimismo se les prohibió el ingreso a las salas de recreación, coros, clubes o plazas de deportes.

El aparato represivo del Estado en dictadura no sólo se abocaba a la persecución política, la tortura y desaparición de civiles, sino que se dedicaba también a desmantelar, con especial cizaña, todo atisbo de cultura que considerase inconsecuente con las ideas y tradiciones fomentadas por el régimen. En diciembre de 1976, el Poder Ejecutivo impulsó un decreto sin precedentes: fue la primera vez en la historia del país que se decretaba la desafiliación de un cuadro de fútbol. El decreto fue firmado por el entonces presidente de facto, Aparicio Méndez, por el ministro del Interior, Hugo Linares Brum, y Walter Ravenna, ministro de Defensa. Este decreto aducía que “ante la promoción, actividades y comentarios de carácter político” el gobierno tenía el deber de “impedir el intento de perturbar la tranquilidad y el orden público”.

El Club Unión Barrio Artigas fue mucho más que un cuadro de fútbol. Era un club incrustado en el corazón del barrio Artigas de Treinta y Tres, barrio donde a su vez se encontraba el que fue el principal centro de reclusión y tortura del departamento, el Batallón de Infantería Nº 10. La huella que dejó transcurre por los primeros pasos de la cultura murguera en el departamento, pasando por un marcado sentido de cooperativismo hasta un distintivo enfoque social que sobresalía por sobre todo lo demás. Estos fueron algunos de los fenómenos que orbitaban en este club, mientras que, al mismo tiempo y a pocas cuadras, se torturaba a civiles en el Batallón.

En esta cuadra viven mil, clavamos el tiempo en un cartel

La iniciativa de un grupo de jóvenes del barrio Artigas, esta vez contemporáneos, junto con algunos de los protagonistas del club al momento de su desafiliación, marcaría el comienzo de un proceso de reconstrucción que le daría forma y vida nuevamente al club en 2018. El último presidente del club al momento de su desafiliación, Francisco Laxalte, fue detenido y llevado por diversos centros de reclusión en la dictadura, y terminó por ser exiliado definitivamente de Treinta y Tres, con la opción de radicarse únicamente en la ciudad del Chuy o en caso contrario, salir del país.

Hasta el día de hoy Francisco Laxalte vive en la ciudad fronteriza. Es, además, presidente honorario del club y parte fundamental de su proceso de reconstrucción. La camiseta alternativa del cuadro, a la izquierda del escudo, lleva dibujada la margarita que identifica la lucha de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Desde 2015, en la plazoleta ubicada frente al Batallón de Infantería N° 10, se encuentra una placa de la memoria que nos recuerda a todos que Nucho Batalla fue el primer muerto por torturas en un establecimiento militar. En esa placa de memoria, cada 20 de mayo, son cientos los treintatresinos que se encuentran para marchar en silencio reclamando por memoria, verdad y justicia.

Los jóvenes del 75 pagaron un precio muy alto por luchar por lo que creían justo, por recuperar las libertades individuales, la democracia y las garantías del estado de derecho. El 31 de octubre de 2011, tras años de denuncias públicas, realizaron la denuncia penal del caso. Luego de 12 años marcados por recursos de aplazamiento del caso, la sistemática no presencia de los acusados cuando eran citados a declarar y todo tipo de artimañas jurídicas destinadas a entorpecer el trabajo de la justicia, el 17 de octubre de 2022 la jueza María Eugenia Mier decretó el procesamiento con prisión de Juan Luis Álvez, Héctor Rombys y Mohacir Leite por la comisión de delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación de libertad en calidad de coautores.

Esta sentencia que tardó 48 largos años de lucha inclaudicable, llega con la certidumbre de que aquellos que cometieron estos crímenes no seguirán impunes; se recubre, además, de una importancia que trasciende a los propios afectados, y genera así un paso importante en la construcción de garantías de no repetición de terrorismo de Estado en nuestro país.

Sofía Mayo y Enzo Teliz son militantes de Fuerza Renovadora, Frente Amplio.