Las bases programáticas que están siendo discutidas por la estructura partidaria son la primera elaboración que realiza el Frente Amplio (FA) luego de la derrota en octubre de 2019, que desencadenó un proceso de balance y autocrítica que se expresó en un documento del Congreso. Se recuperan bases y fundamentos avanzados en 15 años de experiencia de gobierno, con enormes y significativos logros que hoy la coalición gobernante pretende reducir.

Las bases se caracterizan por entrelazar procesos históricos de “acumulación” con más recientes procesos de “innovación”, que a la vez conjugan miradas de corto y largo plazo, con fuerte reivindicación del rol del Estado para que las propuestas sean posibles. La “innovación”, en tanto que trasciende –no elimina– la elaboración temática o sectorial de 32 unidades temáticas, por el contrario, se sustenta en sus contenidos, los conjuga e integra; los transversaliza para expresarlos finalmente en siete ejes integradores e integrados.

Se transita desde un rol estructurador central que jugó la “economía” (con peso preponderante sobre los demás temas o áreas) en anteriores elaboraciones programáticas, a reconocer, en esta construcción, la centralidad del “territorio” como síntesis de los procesos de desarrollo, asunto poco considerado en el largo pasado. También destaca la apertura a promover procesos de desarrollo en múltiples escalas territoriales.

Finalmente, resalta la centralidad del proceso de “transición ecológica justa” en pos de un “desarrollo sostenible”, que en clave de “izquierda” lo asumimos como “desarrollo humano duradero, solidario y soberano”, cuya construcción la veníamos instrumentando en nuestros gobiernos, no exentos de contradicciones y disputas, de impulsos y frenos.

Desde la primera lectura que hicimos de las bases se evidencia un fuerte énfasis en la necesidad de concebir e impulsar “una profunda transformación productiva”. Por tanto, de cambiar lo que venimos y estamos haciendo los diferentes actores en el territorio. Pero ese cambio, esa transformación, se propone realizarla en clave de Transición Ecológica Justa (TEJ), no de cualquier forma: “Nuestra propuesta de justicia social, desarrollo sostenible, soberanía y solidaridad implica la transformación sustancial y gradual del modelo productivo existente, conjugando crecimiento económico con los límites planetarios definidos por la evidencia científica disponible, con distribución e igualdad de oportunidades, y con una creciente participación de la sociedad en el proceso”.

Estos mismos conceptos, con otras redacciones, se reiteran en varios pasajes a lo largo del programa. Se identifican y proponen diversas dimensiones de la transformación productiva que se promueve: social, económica, ecológica y cultural que, finalmente, se sintetizan en la construcción de un “país integrado”, que asume y valora “la riqueza de su diversidad territorial”.

Avanzar en la transformación del “modelo productivo existente” nos desafía a que el conjunto de propuestas temáticas y sectoriales que emanaron de las 32 unidades temáticas se integren y articulen, en sus finalidades y objetivos, en tanto que, según se señala en las bases programáticas, todas las políticas públicas, planes, programas y actuaciones (de desarrollo social y económico) tendrán como finalidad:

  • “Vencer las restricciones estructurales para una verdadera transformación productiva, que incorpore más valor y genere mercados de bienes y servicios con una alta proporción de conocimiento e innovación para la inclusión de trabajo calificado, incrementando la dotación de trabajadores y trabajadoras con mayor formación y capacitación.
  • Mantener y mejorar la calidad de vida de la población actuando sobre todos los factores que generan exclusión o desigualdad.
  • Impulsar la integración social en el territorio con equidad y teniendo en cuenta los diferentes ejes de desigualdad que coexisten.
  • Promover el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los bienes naturales y culturales, principalmente aire, agua, suelos y biodiversidad, para lo que deberá impulsarse un proceso de transición ecológica justa, apoyado en estudios científicos que permitan soluciones adecuadas”.

Claras finalidades para enfrentar con decisión la profunda “crisis ambiental” que hoy se expresa con nitidez. En su “componente sociedad”, en la creciente desigualdad y exclusión socioterritotrial que aqueja a importantes segmentos de la población, y en su “componente naturaleza”, en el creciente deterioro de la base material de recursos naturales y ecosistémicos. Dos claras expresiones de los problemas ambientales que ponen en riesgo la reproducción social de la especie humana.

Esta directa referencia nos coloca en camino a la construcción de “un nuevo proyecto territorial para el país” sobre la transformación crítica y de largo aliento del viejo modelo territorial heredado.

La necesidad de “vencer las restricciones estructurales para una verdadera transformación productiva”, rescatando y valorando los logros productivos y sociales de nuestros gobiernos, en un tránsito de largo aliento hacia el “nuevo proyecto territorial”, constituye un gran desafío. Esto queda expresado cuando se propone de cara a un desarrollo productivo sostenible: “Se impulsará la transformación y diversificación de la matriz productiva” a través de la implementación de políticas públicas que “estarán firmemente ancladas en los territorios, partiendo de y desarrollando las capacidades de las distintas regiones del país y atendiendo a sus muy diversos y particulares contextos”. Y se agrega luego: “Serán sustento y referencia para la elaboración e implementación de estas políticas las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial, que prefiguran el nuevo proyecto territorial del país para el Desarrollo Sostenible”.

Esta directa referencia nos coloca en camino a la construcción de “un nuevo proyecto territorial para el país”, sobre la transformación crítica y de largo aliento del viejo modelo territorial heredado que muestra enormes disfunciones y procesos preocupantes que lo caracterizan.

Las medidas y “acciones prioritarias” para avanzar en la transformación del modelo productivo en clave de transición ecológica justa se van planteando y definiendo en los ejes integradores, y encuentran un espacio-momento de “síntesis” en el Eje 6, que avanza sobre “un país integrado”, que rescata y valora “la riqueza de la diversidad territorial”.

Para eso se propone “un nuevo proyecto territorial para el desarrollo del país”, “de largo aliento, que se proponga superar y transformar críticamente el modelo de territorio heredado, aún con fuertes inercias coloniales”, con “un marcado centralismo apoyado en un trazado de carreteras y vías de tren que lo favorecía” y que determina “profundos desequilibrios entre el norte y el sur del Río Negro; una ocupación perimetral del territorio con ciudades con mayor tamaño poblacional; el preocupante vaciamiento sostenido de sus áreas centrales y una expansión de su área metropolitana”. En definitiva, se trata de un modelo territorial “construido en relación dialéctica con el modelo de desarrollo productivo, caracterizado por una impronta extractivista y primarizante de la economía real”.

Desde ahí, asumimos que las restricciones estructurales que como sociedad debemos superar –junto con las mayorías– refieren, entre otras, a las disfunciones y procesos preocupantes que caracterizan al “modelo territorial actual y heredado”, a cuya transformación crítica y de largo aliento deben concurrir todas las políticas públicas.

Resolver y superar las disfunciones de la actual realidad implicará necesariamente desarrollar nuevas políticas públicas, que respondan a los objetivos que se expresan en las 12 acciones prioritarias, que se definen hacia la construcción del “nuevo proyecto territorial”. Se potencia por tanto un nuevo proyecto integral de territorio ya prefigurado por la política pública de desarrollo sostenible –que se estableció en las Directrices Nacionales–, alcanzable mediante la implementación de políticas públicas e instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio.

El Estado y la necesaria institucionalidad

Las bases establecen que la transformación productiva con sostenibilidad ambiental, con el territorio como protagonista del desarrollo, “en la perspectiva de un país integrado, que construye su nuevo proyecto territorial, [...] fomentando sistemas de producción que incorporen las políticas de transición ecológica justa en todas las escalas territoriales y tipos de producción, [...] pondrá un especial énfasis en la superación de conflictos ambientales que hoy acontecen en el territorio”.

Para enfrentar y superar estas situaciones, las bases definen acciones prioritarias que asientan en el Estado un rol central en la conducción de estos procesos de desarrollo. Se proponen, entre otras acciones:

  • “Fortalecer ámbitos institucionales de articulación y coordinación para procesar los conflictos ambientales en el territorio que articulen las sectorialidades nacionales y las territorialidades y entre el interés general y el particular. Ello implica ensanchar y profundizar la base de participación social y ciudadana, ampliando las instancias de participación descentralizadas en asuntos ambientales y productivos [...] para transitar en forma proactiva y precautoria en la definición e instrumentación de las políticas públicas productivas en el territorio”.
  • “Profundizar el funcionamiento del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, como el espacio de articulación y coordinación (creado) en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de 2008, sumando a los gobiernos municipales y ampliando algunos de sus cometidos”.
  • “Reinstalar el Sistema Nacional de Inversión Pública y la Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como forma de facilitar la planificación de todas las inversiones del país para la correspondiente priorización y análisis de las mismas”.

Héctor Arbiza, Alejandro Borche, Manuel Chabalgoity, Eduardo Cotto, Eduardo Dilandro, Dardo Esponda, Gustavo Guarino, Yessica Hourdebaigt, Carlos Mattos, Sheila Pereyra, Mercedes Peyrou, Jacqueline Segovia son integrantes del colectivo frenteamplista Agrónomos Heterocigotas (Aa). Desde el colectivo frenteamplista de Agrónomos Heterocigotas (Aa) queremos aportar al proceso de “Diálogos por Uruguay” una apretada síntesis de la primera lectura que hacemos de las Bases Programáticas del FA. En futuros textos profundizaremos en otras lecturas y temas.