Hay un monto de violencia que está dentro de nosotros y explota por nimiedades, con resultados trágicos que nos vuelven a golpear y dejar anonadados. Escuché la columna de Antonio Ladra en la diaria Radio el miércoles 15 de abril, en la que, con buen tino, abrumado y sorprendido por los últimos casos de homicidios, se preguntaba lo del título.

Casualmente, el día anterior, conversando con mi amigo Julio Calzada, expresábamos lo mismo, con las mismas palabras. Discurríamos sobre la necesidad de un movimiento cívico plural y sin divisa partidaria que convocara a la paz y la concordia.

Hacía solo 24 horas que la Junta Nacional de Drogas había realizado un encuentro ecuménico con todos los credos y religiones para la cooperación en el abordaje y la rehabilitación de personas con usos problemáticos de drogas.

Estoy convencido de que un encuentro ecuménico de estas características puede ser la base importante de un movimiento social más amplio (organizaciones sociales, barrios, municipios, cooperativas, sindicatos y empresarios) que no solo convoque a la paz y la concordia, sino que también genere espacios comunitarios de encuentro, de mediación, de conciliación de disputas.

La violencia

Se trata de hacernos esta pregunta: ¿qué nos está pasando? No qué les pasa a los otros, sino a nosotros, asumiendo que somos parte de, y no jueces morales que tipifican delitos y gritan para encerrar gente. ¿Será que no tenemos nada que ver con el egoísmo, con la competencia ilógica, con la envidia de objetos, con tentaciones de enriquecerse rápidamente? ¿Que no tenemos problemas con esta sociedad del cansancio que nos impone la autoexigencia? Esto para quienes tienen laburo. Hay otros que revuelven basura para comer. ¿Será que los celulares que roban los pibes chorros se los venden a los marcianos? ¿En el ámbito doméstico no hay actos violentos, aunque no se denuncien? ¿Niñas, niños y adolescentes con maltrato, no solo físico, que sufren años y no se animan a denunciar? Lo dijo alguien hace muchos siglos: “El que esté libre de pecado que lance la primera piedra”.

Un homicidio contra un trabajador de delivery de 63 años a manos de un transportista que, en una discusión por temas de tránsito, tomó una navaja y lo mató.

Un homicidio perpetrado por un expolicía contra su expareja y sus exsuegros, que luego se quitó la vida; una crueldad que rompe la cara y el corazón.

Violencia sistemática contra su familia e hijos por parte del padre de Moisés Martínez, quien tomó la decisión de eliminarlo y por ese acto fue condenado a 12 años de prisión.

Un hombre en parque Capurro pateó a un pequeño bulldog francés, luego de que el animal se acercara a sus gatos. Hubo una fuerte discusión entre los dueños de los animales. Llegó el novio de la dueña del perro, quien fue apuñalado por el dueño de los gatos.

16.000 presos: es violencia. Hay 60 de ellos que salen en libertad todos los días. Hay una reincidencia del 65%. La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, dijo que el costo de la reincidencia penitenciaria asciende a 132 millones de dólares por año.

Más violencia: episodios de reclusos muertos por quemaduras. En 2024 en el ex Comcar hubo seis muertos. En 2025, cuatro muertos; en 2026, otros seis muertos. En 2012 en la cárcel de Rocha hubo 12 muertos en un incendio. Uruguay tiene una tasa de 456 presos cada 100.000 habitantes. Récord continental. Lo superan El Salvador con 1.600 presos cada 100.000 y Estados Unidos con 546 cada 100.000.

El mayor índice de homicidios no lo tenemos en los barrios de la periferia, lo tenemos en las cárceles. Territorio bajo el poder y control del Estado.

“Vemos a las familias en la puerta de la cárcel, con los ojos desorbitados, rogando que alguien les diga algo. ¿Es su hijo? Se enteraron por la tele. Nadie les avisó. ¿Es su esposo? Hay que esperar. Siempre esperar. Para la visita, para llevarles algo de comer, un dibujo de los hijos. Siempre esperar. Hacer fila. Mantener la calma. Entonces resuena en la cabeza la frase tantas veces escrita. ‘Trato cruel, inhumano y degradante’”, escribía Paula Scorza en Búsqueda.

Familias Presentes es una asociación de familiares que ha denunciado esta situación. Que sufren estas violencias. No son solo los 16.000 reclusos, es toda la familia.

3.504 personas viven en la calle. El número crece. Tenemos fe en que con el plan integral que lanzaron el presidente y el Ministerio de Desarrollo Social podamos solucionarlo. De ellos, muchos son exreclusos, otros están desamparados por conflictos familiares. Muchos consumen drogas. Siempre como causa, nunca como consecuencia. “La droga” aparece siempre como una coartada, como un tabú o chivo expiatorio que explica todo. 2.800 recetas de ansiolíticos emitidas solo por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). ¿Somos adictos?

Se trata de hacernos esta pregunta: ¿qué nos está pasando? No qué les pasa a los otros, sino a nosotros, asumiendo que somos parte de, y no jueces morales que tipifican delitos y gritan para encerrar gente.

En 1995 la coalición gobernante colorado-blanca, votó la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 16.707), que modificó el Código Penal para endurecer las penas de ciertos delitos y eliminó medidas atenuantes. “Participé en el debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, y se nos decía que el aumento de las penas, [...] la existencia de mayores delitos, prácticamente iban a ser la panacea en materia de seguridad [...] lo que hemos vivido en Uruguay es una proliferación de normas penales, una especie de inflación del derecho penal que lo único que ha logrado ha sido un éxito de marketing [...] Vean ustedes: en el año 1995, cuando se estaba discutiendo la ley se creaba el delito de copamiento [...] Se me dijo que eso iba a ser necesario y que se iba a terminar con las pocas rapiñas con privación de libertad –eso es el copamiento–. Con eso se iba a terminar con el copamiento. ¿Y se terminó? En este momento debe haber más de 1.000 copadores en todas las cárceles de la república. Ahora no podemos derogar el copamiento”, sostenía Milton Cairoli, exmagistrado de la Suprema Corte de Justicia, en la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados en 2013.

Desde 1995 a la fecha hubo entre diez y 15 modificaciones del Código Penal. La última, de gran envergadura, fue la Ley de Urgente Consideración: amplió la legítima defensa policial, endureció los delitos de rapiña, hurto, reincidencia, cambió reglas de cumplimiento de pena.

Unos mucho y otros nada, y eso no es casualidad

¿Faltan recursos? ¿Seguimos ajustando para abajo? ¿No es siquiera discutible la iniciativa de gravar con el 1% a los superricos? Veamos.

Uruguay está entre los regímenes más generosos. Las empresas usuarias de zonas francas están exentas de impuesto a las rentas de las actividades empresariales (IRAE), IVA, el impuesto al patrimonio, el impuesto específico interno, y sin límite de tiempo, mientras dure el contrato de usuario. También están exentos los bienes y servicios que ingresan o salen de la zona franca.

El agro en Uruguay tiene varias exoneraciones y regímenes especiales que reducen significativamente la carga tributaria. Sustitución del IRAE por el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios, exoneración del impuesto al patrimonio. Muchos insumos, bienes de capital y maquinaria agropecuaria están exonerados de IVA. Rubros como forestación, arroz, lechería o inversiones en riego tienen exoneraciones de impuestos a la importación de maquinaria, deducciones por inversión y beneficios de la Ley de Inversiones.

¿Estos sectores no se conmueven con esta realidad? ¿Están dispuestos a colaborar para un fondo de la pobreza infantil o para un fondo de rehabilitación? Estamos en una situación de emergencia.

No fue un error, fue un pecado

La fascinación por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está de moda. Nunca se tiene en cuenta cuánto se sacrifica de libertades y democracia.

Alcanza con el ejemplo uruguayo. En 1972, el gobierno constitucional de Juan María Bordaberry envió al Parlamento la Ley de Estado de Guerra Interno, que recortó garantías constitucionales y habilitó a la Justicia militar a procesar civiles. Fue la antesala del golpe de Estado.

Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra hicieron mea culpa años después. Wilson dijo: “No fue un pecado votar la Ley de Seguridad del Estado, fue un error. Nunca debimos autorizar a militares a juzgar civiles. Era doloroso, pero para el uruguayo medio la tranquilidad se había transformado en algo más importante que la libertad”.

Por último, pero no menos importante. En nuestro continente hemos visto al presidente estadounidense, Donald Trump, movilizando una fuerza naval para iniciar la fase letal de la guerra contra las drogas. Lanzando misiles para hundir 47 lanchitas de “narcoterroristas” y asesinando a 153 personas de las que nadie sabe su identificación. Tampoco de qué se las acusa, cuál era el cargamento, a qué organizaciones pertenecían. No se les dio orden de detención; lisa y llanamente, se las eliminó. Pena de muerte exprés. Trump también amenazó con un genocidio en Irán, como el que ejecuta con Benjamin Netanyahu en Gaza. Pensar que esta violencia mundial no nos afecta sería un mecanismo de negación fantástico, pero imposible.

Milton Romani Gerner es licenciado en Psicología. Fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.