El país está entrampado en una dinámica económica muy baja, que se sustenta en formas de explotación de recursos naturales social y ambientalmente poco sostenibles, lo que configura un escenario con muchas limitaciones para el avance en términos de bienestar y genera escepticismo sobre la posibilidad de transformaciones importantes. Para peor, el gran capital que tiene el país en términos de credibilidad del sistema político y de sus partidos parece estar erosionándose y existe una llamativa falta de debates serios sobre temas estratégicos. La imagen de la política ante la opinión pública se deteriora. Además, como señalaba Carlos Bianchi en una entrevista reciente en la diaria (6 de junio), no existe un relato que movilice y motive a distintos actores en torno a un movimiento transformador.
En este contexto, la puesta en marcha del Diálogo por una Estrategia Nacional de Desarrollo (“Estrategia” sería su nombre de fantasía) abre una ventana de ilusión y esperanza. Se trata de una iniciativa del Parlamento Nacional a través de la ley de presupuesto; también ha sido iniciativa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Agencia Nacional de Desarrollo, el movimiento sindical y la Confederación de Cámaras Empresariales, quienes conjuntamente pusieron en marcha este diálogo que también sumó al Congreso de Intendentes, al Parlamento Nacional a través de su Comisión de Futuro y al sector académico (universidades públicas y privadas y la Academia Nacional de Ciencias).
En realidad, no consiste exactamente en un diálogo: procura construir y llevar adelante políticas. No quiere ser una ronda más de charlas, intercambios, diagnósticos y planificaciones de esas que terminan en cajones o quedan escondidas en alguna página web en desuso. Tampoco pretende hacer un plan enorme que abarque todos los aspectos de la economía y la sociedad, sino, a partir de una visión compartida de una sociedad dinámica, igualitaria y sostenible, coincidir en un conjunto de políticas transformadoras. La intención es lograr, en un breve período de seis meses, acuerdos concretos para poner en marcha, a partir del año próximo, políticas que tengan dos características: la identificación de desafíos críticos y de estrategias para superarlos en un horizonte de largo plazo, y la definición de metas concretas de corto plazo para empezar a avanzar ya el año próximo. Mirada larga, concreciones cercanas.
Pongamos el ejemplo de la transición energética. En su momento se produjeron avances muy importantes: se logró que cerca de la totalidad de la energía eléctrica se produjera a partir de fuentes renovables, con un acuerdo total entre los partidos políticos, con una fuerte cooperación interestatal, con la creación de empresas privadas, con una fuerte interacción público-privada y con importantes aportes de sectores académicos y de los vinculados a la ciencia y la tecnología. Claro que un factor determinante fue el fuerte peso y liderazgo de UTE en la creación de este mercado. Este es un buen ejemplo de lo que se ha dado en llamar “misiones”: se trata de estrategias para superar un desafío que implican contar con planes específicos, basados en un conjunto de alianzas entre los sectores público y privado y distintos actores sociales, plasmados en una potente política pública con respaldo presupuestal. Pues bien, una de las posibles áreas en las que se pueden lograr acuerdos importantes es la de continuar y completar esa transición energética mediante la sustitución plena de los combustibles fósiles. Otro ejemplo mencionado con frecuencia es el muy conocido Plan Ceibal.
Difícilmente vayamos a encontrar desafíos en los que actualmente no se esté trabajando o ya se haya trabajado. Pero hay dos características problemáticas de los abordajes realizados hasta ahora que se repiten de forma constante en todos los diagnósticos. Una es la fragmentación de las políticas y los planes de las distintas reparticiones del Estado, pese a que no hay problema serio y estratégico que pueda afrontarse con éxito sin cooperación entre las distintas esferas de la política pública. La coordinación público-pública es tan fundamental como deficitaria. La otra cuestión es la discontinuidad de las políticas entre un gobierno y otro, incluso dentro de la misma fuerza política. Sin duda, los amplios acuerdos políticos y sociales son fundamentales para asegurar la continuidad y la consistencia de las políticas públicas.
La intención de la Estrategia Nacional de Desarrollo es lograr acuerdos concretos para poner en marcha políticas que identifiquen desafíos críticos y estrategias para superarlos en un horizonte de largo plazo, y definan metas concretas de corto plazo.
Es posible identificar desafíos en áreas específicas, en las que podamos acordar poner en marcha transformaciones reales. Seguramente no todos acordarán con todas; probablemente algunos actores formen parte de algunas políticas y no de otras, sin que por ello los acuerdos pierdan legitimidad ni respaldo. Deberíamos ser capaces de conformar consorcios específicos para impulsar distintas misiones.
La Estrategia ha definido algunos ejes críticos por abordar: el de la competitividad, el de la productividad y el de la sostenibilidad ambiental y social. En tres seminarios (junio, julio y agosto) se abordarán estos ejes, con el fin de avanzar en la identificación de misiones que seguramente contendrán objetivos en esas dimensiones y que, claramente, tendrán en cuenta la importancia decisiva de los aspectos científicos, tecnológicos y de innovación. Los seminarios se ponen en marcha con informes que abordan la temática específica y luego con debates entre distintos especialistas y actores políticos. El primero de los seminarios, sobre el eje de la competitividad, se realizará este miércoles en el edificio anexo de la Torre Ejecutiva y será de acceso libre.
Además, se ha hecho una amplia convocatoria para que tanto los sectores académicos como el conjunto de participantes del diálogo propongan, mediante las llamadas Notas de Política, iniciativas concretas que contribuyan a la definición de misiones. Igualmente, a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento y su Plataforma de Participación Ciudadana Digital se abre un espacio para la recepción de propuestas e iniciativas de la ciudadanía.
Si fuéramos capaces de acordar un número limitado de “misiones” que propongan soluciones de largo plazo para problemas del país y cuya implementación pueda iniciarse rápidamente, con resultados constatables, podríamos obtener dos beneficios adicionales al inicio de esas transformaciones. Por un lado, generar antecedentes de una forma de trabajo que podría replicarse de manera más espontánea en muchas otras esferas y a distintos niveles. Por otro lado, podría contribuir a que, más allá de estas iniciativas concretas y sin subestimar los conflictos y desacuerdos, generemos una cultura optimista de la transformación, elevando el foco de la política hacia grandes cosas y ayudando a que la ciudadanía fortalezca su visión positiva de lo que la política pública puede lograr y de lo que los políticos pueden gestar. Tal vez así podríamos empezar a transitar hacia una sociedad y economía más dinámica, sostenible social y ambientalmente.
Luis Bértola es integrante del Consejo Académico de la Estrategia Nacional de Desarrollo en nombre de la Academia de Ciencias del Uruguay y del Consejo Ejecutivo en representación del Consejo Académico.