Uruguay no es un bloque homogéneo, es un entramado de realidades sociales y económicas que se cohesionan. Mientras que Montevideo presenta niveles de acceso a servicios críticos casi universales, con un déficit en saneamiento de apenas 2,6%, departamentos como Cerro Largo (7%) o Treinta y Tres (6,8%) exhiben brechas de infraestructura que condicionan directamente la calidad de vida y el valor de la propiedad. Estas disparidades en el acceso a servicios básicos, sumadas a las marcadas diferencias en la densidad poblacional y la concentración de ingresos, generan escenarios de gestión diametralmente opuestos para cada territorio.
Esta desigualdad territorial se manifiesta con especial crudeza en los indicadores de pobreza multidimensional e ingresos de los hogares. El norte sigue viviendo bajo una lógica de rezago estructural. Bajo este precedente, nuestro país opera de acuerdo con tres niveles de gobierno que buscan especificar la aplicación de las políticas públicas. La estructura de descentralización en Uruguay otorga a las intendencias y a los municipios una autonomía significativa, que le permite a cada territorio ajustar el uso de sus recursos en función de las necesidades más específicas de su gente.
En línea con ello, para su financiamiento, los gobiernos departamentales perciben diversas transferencias del gobierno central. No obstante, el artículo 297 de la Constitución establece su propia capacidad recaudatoria y, por ende, la presión fiscal que ejercen sobre la ciudadanía. El presente análisis se propone desglosar la realidad de los recursos de los 19 departamentos al cierre del ejercicio 2024, evaluando indicadores clave como los recursos netos y per cápita, la presión sobre el producto bruto local y la comparación sobre los ingresos promedio de los hogares.
Algunas consideraciones metodológicas
Para garantizar una comparación equitativa, se aplicaron algunos criterios que corrigen asimetrías institucionales y temporales: 1. A diferencia del resto del país, donde el saneamiento depende de OSE, la Intendencia de Montevideo lo gestiona y financia autónomamente. Para estandarizar, resté los $ 2.616.517.853 correspondientes a la tarifa de saneamiento de los ingresos de la capital, que evita una sobreestimación de su presión fiscal. 2. Ante la ausencia de datos oficiales del producto interno bruto (PIB) de cada departamento posteriores a 2014, se proyectaron los valores actuales utilizando la tendencia de participación departamental en el PIB nacional del Observatorio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Este cálculo asume la continuidad de las tendencias estructurales de la última década, ajustándose al cierre del PIB Nacional de 2024. 3. Se utilizaron los datos del último cierre del ejercicio disponible para las 19 intendencias (2024). Esto genera que puedan existir desvíos puntuales o que, con los tratamientos de los presupuestos quinquenales departamentales, se presenten incrementos y reducciones impositivas, cuya información detallada no se encuentra disponible de forma homogénea. 4. Para esclarecer el análisis, utilizaremos el total de los recursos departamentales, únicamente incluyendo a modo visual el desglose de los ingresos departamentales y las transferencias nacionales.
Recursos brutos
Al observar los totales de ingresos de las 19 intendencias, es natural que los departamentos con mayor densidad demográfica y actividad económica lideren los valores absolutos. En línea con ello, Montevideo, Canelones y Maldonado concentran el mayor volumen de recursos; empero, la magnitud de los recursos no debe confundirse con la carga sobre el contribuyente.
Cabe aclarar que estos tres departamentos perciben menores recursos del gobierno nacional, a comparación de sus presupuestos: Montevideo (9,1%), Canelones (24,1%) y Maldonado (14,3%). En contraparte, Artigas (55,2%), Cerro Largo (57,2%) y Treinta y Tres (63,5%) reciben un porcentaje significativamente mayor de ingresos nacionales en relación con sus recursos totales.
Montevideo presenta la presión fiscal más baja de todo el territorio nacional, situándose en apenas 1,81% de su participación en el PIB nacional. En contraste, se encuentran en la cima los departamentos de Maldonado (7,21%), Flores (5,85%) y Rocha (5,72%).
Recursos per cápita
Con los datos del Censo 2023, se puede realizar un cálculo muy simple: los recursos de las intendencias per cápita. Si bien parte del supuesto de la no existencia de una progresividad tributaria, permite estimar la capacidad de captación de recursos de las intendencias en relación con su población.
Como resultado de este cálculo, Canelones ($ 20.136), Montevideo ($ 22.852) y Rivera ($ 24.091) se establecen con el menor nivel de recursos per cápita, mientras que Rocha ($ 43.655), Flores ($ 53.371) y Maldonado ($ 60.483) como los de mayor.
Adelantándose a algún análisis apresurado, no se puede aseverar que exista una correlación directa entre menor población igual a mayor coeficiente. De hecho, si utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson (medición de la relación lineal entre dos variables, que genera valores entre 0 -nula relación- y 1 o más -relación perfecta-), resulta 0,39, lo que indica una correlación baja.
Presión fiscal (Recursos/PIB departamental)
La siguiente variable es la presión fiscal. A nivel de países, esta es la medida estándar para evaluar la recaudación de los gobiernos. Como aclaré en las consideraciones metodológicas, este análisis asume la continuidad de las tendencias económicas estructurales de la última década y se basa en el cruce entre los recursos de cada intendencia y su participación en el PIB nacional.
Aquí se observa que la capital del país presenta la presión fiscal más baja de todo el territorio nacional, situándose en apenas 1,81%. En contraste, se encuentran en la cima los departamentos de Maldonado (7,21%), Flores (5,85%) y Rocha (5,72%), que resultan con una presión significativamente mayor.
El “tamaño” de las intendencias en los ingresos de su población
Finalmente, y quizás el indicador más sensible, es la relación entre lo que las intendencias ingresan per cápita sobre el promedio de ingresos de la población.
Con un relevamiento entregado por la Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social con base en la Encuesta Continua de Hogares, podemos visualizar la heterogeneidad de los ingresos en cada departamento. Desde Montevideo ($ 68.220), Canelones ($ 52.913), Soriano ($ 50.076) y Maldonado ($ 50.028), que presentan los mayores ingresos promedios, hasta Artigas ($ 30.983), Treinta y Tres ($ 36.569) y Cerro Largo ($ 36.987), que presentan los niveles de ingresos más bajos.
Por ende, al cruzar los recursos per cápita, con los ingresos promedios de la población, obtenemos un ratio que determina el "esfuerzo contributivo" de la población. Bajo esta óptica, el análisis arroja resultados concluyentes. Por tercera vez, Maldonado (10,07%) y Flores (9,12%) están en el podio, con Treinta y Tres (8,96%) en tercer lugar. En el extremo opuesto, Montevideo registra el ratio más bajo del país (2,79%), seguido de Canelones (3,17%).
Los datos expuestos permiten derribar ciertos mitos instalados en el debate público: a pesar de la tan escuchada “voracidad fiscal” de la Intendencia de Montevideo, hoy sabemos que esta se consolida como la administración con la menor presión del país (1,81% del PIB local) y el ratio de esfuerzo contributivo más moderado (2,79% respecto del ingreso promedio). En el extremo opuesto, departamentos como Maldonado y Flores poseen recursos de mayor porcentaje sobre sus economías.
No podía cerrar este artículo sin nombrar un pilar clave de cualquier estructura fiscal: la justicia tributaria. El debate financiero no debe agotarse en la magnitud de la recaudación, sino en la capacidad redistributiva de los sistemas tributarios. Resulta imperativo analizar a futuro si la carga fiscal de los departamentos se distribuye bajo criterios de progresividad que protejan a los sectores más vulnerables.
Un antecedente relevante en esta línea es la reforma de la Contribución Inmobiliaria implementada por Montevideo en 2024, que ajustó las alícuotas de los tramos inferiores, logrando que el 76% de los padrones de Montevideo se vieran beneficiados con una rebaja en la contribución, financiada mediante un incremento en los valores imponibles de unos 12.000 inmuebles de mayor valor. Analizar estas capacidades redistributivas y la aplicación de políticas públicas en cada departamento es clave para comprender cómo los gobiernos departamentales abordan las desigualdades económicas de sus habitantes.
Niro Vázquez es edil de Montevideo por el Frente Amplio y su sector Fuerza Renovadora.