“No hay plata” ha sido la expresión favorita de Javier Milei desde que asumió la presidencia en Argentina, y es la frase que, acompañada de un encogimiento de hombros, por lo general, utilizan los ministros de finanzas del mundo entero para justificar sus negativas a los reclamos por educación, salud, vivienda o protección social.
“No es cierto”, argumentó Olivier de Schutter en julio, durante el foro de Naciones Unidas sobre desarrollo sustentable. De Schutter culminó su mandato como Relator Especial de la ONU sobre la pobreza extrema señalando que “en los últimos 25 años, el ingreso per cápita promedio mundial se triplicó, pasando de 5.500 dólares en 2000 a 14.400 dólares en 2025”. Pero este crecimiento de la economía mundial no se repartió equitativamente. “El 1% más rico de la población mundial se quedó con el 41% de esta nueva riqueza, y la mitad más pobre recibió apenas el 1%”.
Los ingresos son el aspecto medible de la desigualdad, pero no se trata solamente de pobres y ricos. Hay desigualdad entre hombres y mujeres, entre el campo y la ciudad, por motivos religiosos y por tonos de piel. La desigualdad está en el origen de las migraciones y de muchas violaciones a los derechos humanos y conflictos armados. Pero nunca ha sido un tema para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni ha tenido prioridad entre las metas de los programas de desarrollo.
Desde la presidencia del Grupo de los 20, el gobierno de Sudáfrica le pidió al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz que organizara un Comité Extraordinario sobre Desigualdad. Este grupo recomienda establecer un Panel Internacional sobre la Desigualdad (IPI) en las Naciones Unidas para abordar la crisis mundial de la desigualdad.
“Este panel —explica Stiglitz— desempeñaría un papel similar al del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático; reuniría el importante trabajo de los académicos para desarrollar un consenso sólido y claro sobre la magnitud de la crisis de la desigualdad, sus factores impulsores, sus consecuencias y las posibles políticas que se pueden implementar para reducir la desigualdad a niveles seguros”.
El Panel Internacional sobre la Desigualdad “proporcionaría evaluaciones fidedignas sobre la desigualdad, evaluando las respuestas de políticas tanto a nivel global como nacional”.
Sudáfrica, Brasil, España y Noruega respaldan la iniciativa, apoyada también por el secretario general de la ONU. Un evento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York se realizará el 23 de septiembre.
“La desigualdad socava el desempeño económico y la cohesión social para todos y niega oportunidades a demasiadas personas en todo el mundo”, dice la convocatoria al evento. “A nivel internacional, las desigualdades persistentes pueden socavar los cimientos del orden multilateral. No es inevitable que la desigualdad sea tan alta, y nos conviene a todos reducirla”.
El Panel Internacional sobre la Desigualdad estará “basado en un análisis neutral, científico y objetivo” y “proporcionaría evaluaciones fidedignas sobre la desigualdad, evaluando las respuestas de políticas tanto a nivel global como nacional”. Será un “organismo ágil e independiente, basado en las contribuciones voluntarias de investigadores de todo el mundo, pero vinculado al sistema multilateral, trabajará con los actores y les brindará apoyo a nivel nacional e internacional”.
El presidente Yamandú Orsi ha sido invitado, en reconocimiento a la posición de Uruguay como el país menos desigual de la región. América Latina es la región más desigual del mundo, lo que disminuye algo el brillo de ser el mejor de los peores. Pero desde la reforma vareliana de la educación que comenzó hace 150 años, a la unanimidad de la aprobación legislativa del cuidado como derecho, hace una década Uruguay tiene mucho que mostrar sobre el combate a la desigualdad como política de Estado y carta de presentación ante el mundo. La del 23 es una cita a la que no podemos faltar.
Roberto Bissio es coordinador de la red mundial Social Watch.