Acaso hacer un poco de historia y señalar al Uruguay como pionero absoluto en la región en lo que hace al aprovechamiento hidroeléctrico de sus cursos de agua tenga sentido en estos días. Uruguay ya en los treinta y cuarenta supo generar energía renovable y desplazar fósiles. No era el viento, sino el Rincón del Bonete, y no era el gas y el diésel, sino el carbón.
Seguramente resultará pertinente recordar que, como en tantas otras esferas, un acuerdo entre los partidos políticos con representación parlamentaria llevó al diseño de una política energética nacional que transformó al país en un ejemplo en reducción de emisiones para la región, a la vez que fortaleció su seguridad energética reduciendo drásticamente la importación de combustibles. Desde ese acuerdo se ha seguido avanzando en aspectos de planeamiento, demanda, electromovilidad, biocombustibles y tantos otros que posicionan a la política pública uruguaya en energía a la vanguardia de la región.
Tal vez sea imprescindible reconocer a Uruguay como el único país de la región en cuyo ordenamiento regulatorio del mercado eléctrico considera a la potencia comprometida en un contrato de importación como potencia firme de largo plazo.
Es necesario recordar que Alberto Methol Ferré observó que en Uruguay lo nacional resulta inextricable de lo internacional.
Si Uruguay está dotado de enormes recursos naturales, si las ramblas de Montevideo son una invitación al paseo perpetuo y si sus diáfanos cielos, su río “sin orillas”, su mar atlántico son de una belleza proverbial, ese balcón al frente del que hablaba Alfredo Zitarrosa, es menester valorar que no son estos su mayor tesoro ni su mayor aporte para América Latina y el Caribe.
El mundo que conocimos los que ya peinamos canas se ha transformado, tal vez para siempre. Y pensar nuestro futuro en clave regional es, ante todo, una medida de prudencia.
Las consecuencias que desataron los conflictos en el este europeo y Medio Oriente no se agotan en el petróleo ni en el gas natural licuado: se extienden a otras cadenas ligadas a los hidrocarburos, como la petroquímica y, con particular incidencia en América Latina, los fertilizantes. La región produce y exporta crudo, pero importa volúmenes significativos de sus derivados. Con la urea sucede algo semejante: la capacidad instalada para producirla a partir del gas natural es reducida, y la que existe opera con una ociosidad considerable.
Esta dependencia se hizo sentir con particular crudeza en los últimos meses. El estrangulamiento de las cadenas globales de suministro encuentra en la energía y la agricultura dos de sus expresiones más sensibles. Según datos de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), la inflación energética interanual de América Latina y el Caribe pasó del 2,12% en marzo a un máximo de 8,03% en junio de 2026, frente a una inflación general del 4,49%. El diésel, utilizado entre otras actividades para la cosecha, llegó a encarecerse un 21% en promedio en la región tras el inicio del conflicto y, pese a la corrección posterior, aún no ha regresado a los niveles de febrero.
Las proyecciones internacionales anticipan, además, una demanda mundial de alimentos en ascenso. Para América Latina, que encuentra en la producción agropecuaria una de sus fortalezas más persistentes y un componente sustantivo de su inserción exportadora, sostener rendimientos agrícolas crecientes adquiere una relevancia singular, más aún ante los déficits persistentes de nutrientes que presentan nuestros suelos. Sostener esos rendimientos depende, en buena medida, del acceso a la urea, cuyo costo golpea tanto la productividad agrícola como el precio de los alimentos. Las cifras del sector introducen, a su vez, una tensión difícil de soslayar: en 2025, el Mercosur consumió alrededor de 21,8 millones de toneladas de nitrogenados y produjo menos de 2 millones; cerca de 6.500 millones de dólares debieron destinarse a importaciones.
La integración gasífera regional no solo podría ampliar la disponibilidad del insumo energético: también permitiría agregarle valor.
Pero acá hay gas natural. Vaca Muerta y el Presal brasileño concentran las mayores expectativas de crecimiento de una oferta regional cuya mayor disponibilidad abre nuevas posibilidades para la producción de fertilizantes. En términos de escala, alrededor de 27 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes a dos tercios del gas que consume la industria brasileña, bastarían para producir en la región un volumen de fertilizantes nitrogenados equivalente a todo el consumo del Mercosur en 2025.
El gas podría llegar a los grandes centros de consumo, como Brasil, para ser transformado allí, o industrializarse más cerca de las cuencas productoras, como en Argentina. Los costos de transporte y logística, junto con las inversiones requeridas, definirán la conveniencia de cada alternativa. En ambos casos, la integración gasífera regional no solo podría ampliar la disponibilidad del insumo energético, sino que también permitiría agregarle valor.
El alcance de esa transformación, sin embargo, no se agota allí donde el gas se industrializa. En Uruguay, una agricultura de altos rendimientos y sistemas intensivos de producción de carne y leche sostienen una fuerte demanda de nitrógeno que, ante la ausencia de producción local, depende del suministro externo. La urea representa cerca del 60% del consumo de nitrogenados y el déficit de este fertilizante ronda las 400.000 toneladas anuales.
El horizonte que dibuja esta oportunidad es necesariamente regional. A la rica experiencia de integración energética, y, en particular, gasífera a través de ductos, sobre la que venimos trabajando, se añade ahora una dimensión comercial y productiva: el desarrollo de un mercado regional de fertilizantes, capaz de transformar el gas natural de la región y ofrecer al agro una garantía de abastecimiento y seguridad de precios que hoy no tiene.
Por ello no es casualidad que sea en Uruguay donde reuniremos a gobiernos, empresas y especialistas de los sectores energético y agropecuario, junto con CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Integración y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Allí, luego de los fertilizantes, con seguridad corresponderá discutir la posibilidad de marcos regionales para los biocombustibles, para los mercados de carbono.
Pensar la integración de la región como una serie de compartimentos estancos resulta contradictorio. La integración bien entendida debe implicar la integración de las políticas, los planes y los mercados entre los países y entre los sectores: la infraestructura, la regulación y, por caso, lo agropecuario y lo energético.
El mayor tesoro que Uruguay (su cultura política) tiene para la región es una doble conciencia meridiana: la superación de nuestras dificultades debe alcanzarse con un gran pragmatismo en el marco del diálogo; la prosperidad y la seguridad que necesitamos yacen necesariamente en la dimensión regional.
Guido Maiulini es diplomático argentino, actualmente se desempeña como Jefe de Asesoría Estratégica de la Olacde.