El prolongado conflicto en torno a la planta de Ambev en Paysandú llegó a un preacuerdo que, para el Sindicato de Obreros de la Empresa Norteña (SOEN), tiene una doble lectura. Por un lado, se logró evitar el cierre de la fábrica y se confirmó que la producción se retomará el 1° de enero. Por otro, el proceso culminó con 21 trabajadores desvinculados, en una negociación que Eduardo Alza, dirigente de SOEN, calificó como “muy dura” y desgastante, en dialogo con la diaria.
“Por suerte llegamos a un preacuerdo”, señaló Alza, e inmediatamente señaló el otro aspecto de la situación: “Es triste porque quedaron compañeros desvinculados”. Desde el comienzo de la negociación, el sindicato advirtió que la reestructura podía terminar con una reducción importante de la plantilla.
El proceso comenzó formalmente cuando la empresa comunicó que la planta no cerraría, pero que llevaría adelante una reestructura de importancia. En un primer momento, se planteó la desvinculación de 31 trabajadores. A partir de entonces, comenzó una negociación en la que el sindicato logró reducir esa cifra. De los 21 desvinculados, seis corresponden a trabajadores que pudieron acogerse a la ley de prejubilación por contar con 58 años; ocho acordaron mediante incentivos y los siete restantes fueron despidos definidos por la empresa.
Uno de los aspectos más sensibles para el SOEN fue la forma en que se definieron los siete trabajadores que fueron despedidos. Alza sostuvo que la selección se realizó en función de criterios de “meritocracia”, del desempeño observado por los supervisores y de decisiones de la gerencia. “Nosotros como trabajadores no nos llevamos esa explicación”, señaló el dirigente sindical, al indicar que se trató de una decisión tomada por la empresa y no acordada con el sindicato. Alza remarcó que el sindicato continuará trabajando para intentar reubicar a quienes quedaron fuera, ya sea dentro de la propia empresa o con otras alternativas de reinserción laboral.
Por otro lado, el dirigente destacó el papel de los seis trabajadores que optaron por la prejubilación, ya que, según relató, algunos plantearon que preferían acogerse a esa posibilidad antes que ocupar un puesto que pudiera ser destinado a trabajadores más jóvenes. A ellos se sumaron otros trabajadores que aceptaron desvinculaciones incentivadas, ya sea porque tenían emprendimientos o porque, después de meses de incertidumbre, estaban cansados de una situación que llegó a poner en duda incluso la continuidad de la planta.
Alza diferenció la situación de Paysandú de otros conflictos industriales recientes. Según explicó, cuando el SOEN comenzó a negociar ya no estaba planteado un cierre total, sino una reestructura de la planta. “Nosotros estábamos en mejor posición. Ya estábamos negociando una reestructura. No estábamos negociando un cierre”, señaló. “Yo te doy, está bien, te doy prebendas, te doy regalías, te doy un montón de cosas”, resumió al referirse a las negociaciones entre gobiernos y empresas amparadas en el régimen de promoción de inversiones.
Para el sindicato, la reanudación de la actividad en 2027 es un aspecto asegurado. No obstante, Alza planteó que permanece la interrogante sobre cuáles fueron las condiciones acordadas entre el gobierno y Ambev para garantizar la continuidad de la planta. “Queremos saber cuál es el costo que le dio al país esto”, puntualizó. El dirigente dijo que el sindicato desconoce qué condiciones o beneficios pudo haber otorgado el gobierno a la multinacional para que mantuviera abierta la planta, ya que, según Alza, esa información nunca fue comunicada. La discusión, sostuvo, está directamente relacionada con la competitividad de la industria y con la situación de las empresas exportadoras uruguayas. “No hay duda” de que el problema es económico y de competitividad, afirmó.