Promitentes compradores de dos complejos del MVOT denuncian patologías constructivas y falta de respuesta del Estado

Los promitentes compradores de dos complejos del MVOT denunciaron patologías constructivas y falta de respuesta del Estado durante más de diez años. En una recorrida por ambos proyectos habitacionales, la diaria pudo verificar los vicios y patologías constructivas que los vecinos vienen denunciando desde hace años.

Lo llamativo es que ambos complejos construidos por la empresa Apud -que hoy está cerrada- presentan las mismas dificultades: filtraciones de agua por losas y ductos, pisos que se levantan y explotan, humedades generalizadas, entre otros problemas.

Para acceder a los apartamentos, los postulantes debían ser jefas de familia con hijos a cargo, contar con ingresos de entre 16 y 60 Unidades Reajustables (UR) y acreditar un ahorro de aproximadamente 8.000 dólares. Los apartamentos fueron tasados en UR equivalentes a 130.000 dólares.

Queda la impresión de que, durante el proceso constructivo, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) -que contrató a la empresa- no ejerció un control efectivo sobre la ejecución de las obras. La descripción de los vicios encontrados es abrumadora.

Los promitentes compradores del edificio Francisco “Paco” Espínola -de diez pisos y 40 apartamentos, ubicado en Sarandí 790- habitan el complejo desde 2011. Los del Éxodo del Pueblo Oriental -tres bloques con otros 40 apartamentos, en la calle homónima al 955- lo hacen desde 2013.

“Yo me siento estafada”, dijo Graciela Taramasco, vecina del complejo Éxodo del Pueblo Oriental. Por su parte, la arquitecta Patrizia Malugani señaló: “Somos madres jefas de familia con hijos a cargo. Hay un apartamento del Mides en planta baja que no fue entregado por estar inhabitable, nadie viene a ventilarlo y nosotras estamos pagando los gastos comunes”.

La versión oficial

La diaria accedió a información oficial sobre la situación de ambos proyectos. En el caso del edificio Paco Espínola, la obra se inició el 27 de febrero de 2009 y finalizó el 30 de junio de 2011. El acta de recepción definitiva fue suscrita el 30 de diciembre de 2013. El conflicto derivó en una demanda judicial por daños y perjuicios presentada en 2021 por una copropietaria contra el MVOT. Según la fuente consultada, el juzgado interviniente determinó que la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) no tenía responsabilidad en el caso, pero condenó al MVOT, a la empresa Apud Construcciones y a la arquitecta en calidad de garante. “El fallo fue apelado y está en el Tribunal de Apelaciones”, indicó la fuente.

En el caso del edificio Éxodo del Pueblo Oriental, las obras comenzaron el 1.° de febrero de 2011 y culminaron el 26 de junio de 2013, con acta de recepción definitiva suscrita el 22 de diciembre de 2014. Las fuentes consultadas señalaron que, tras la recepción definitiva, se atendieron varios reclamos hasta que la empresa presentó un informe de finalización de trabajos acompañado de las conformidades firmadas por los ocupantes. El 3 de julio de 2024, la ANV ofició a la Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI) del MVOT el cierre de los reclamos vinculados a Apud Construcciones por ese edificio. Según la ANV, no se recibieron reclamos posteriores a esa fecha.

“Corría agua en el tablero de la luz”

la diaria dialogó con varios integrantes de la Comisión Administradora del Paco Espínola y con una vecina del Éxodo del Pueblo Oriental. Los planteos eran similares. Malugani relató que “desde el primer día que nos mudamos, el ascensor quedó parado. El mayor tiempo que estuvo sin funcionar fueron tres meses. Lo arreglaban y al otro día volvía a pararse. Hicimos la mudanza por escalera. Subir garrafas era todo un problema”. Con cierto humor, describió al ascensor como “Frankenstein, porque está armado con piezas de otros. Empezamos a padecerlo desde el día uno”.

Sobre los reclamos, señaló: “Ellos -el MVOT y la ANV- alegan que no tienen registro de reclamos de nuestra parte. Siempre los hicimos, primero a través de la Comisión Administradora y luego en forma individual, aunque siempre en Paysandú, donde no había formalidad administrativa”.

Malugani también explicó —y la diaria pudo constatarlo— que las filtraciones de agua en las losas comenzaron en el piso 10, luego avanzaron al 9 y ahora afectan el 8. “Hay rajaduras desde el día uno, levantamiento permanente de baldosas, ventanas partidas y problemas de diseño. En el ascensor no entra una camilla”, enumeró.

Rosario Pereira agregó un episodio alarmante: “En una de las últimas tormentas, corría agua por el tablero eléctrico del apartamento de Giovanna y hubo una explosión. Ninguna de las dos tenemos luz en el living. Tenemos miedo. La hija le dijo:'¡Mamá, nos vamos a morir acá!'. Un hombre con discapacidad tuvo que irse. Yo tengo una gotera desde hace dos años. Eso no es por mal uso”.

Malugani recordó además que la arquitecta Juana Galisi, de la empresa Apud, recién se hizo presente en la obra a los cinco meses de iniciada. “Ahí nos dimos cuenta de que debían contar con un profesional permanente en obra”, reflexionó. Las vecinas destacaron que siempre cumplieron con el pago de la cuota y los gastos comunes.

Una sobrecuota de 45.000 dólares

Zulma Romero explicó que “en algún momento nos planteamos contratar una gestoría, pero no está permitido. Nos hemos dado la cabeza contra la pared. Siempre es no. Hemos pagado una sobrecuota de 45.000 dólares; 20.000 fueron para el ascensor”. Añadió que “una nueva empresa tuvo que reacondicionarlo, lo que implicó miles de dólares: hubo que cambiar las poleas, rehacer la instalación eléctrica y contratar un service mensual”.

Malugani recordó que “en alguna oportunidad vinieron y colocaron capas de membrana nueva que después tuvimos que retirar”. Describió también que “en un apartamento del cuarto piso, la humedad en el ducto del baño es horrible. Los caños se despegan por el movimiento del edificio”.

Consultada sobre si alguna vez se realizó un peritaje, respondió con un rotundo “jamás”. Relató que en 2021, cuando estaban por vencerse los diez años de garantía, “apareció un señor que dijo ser arquitecto de Apud, recorrió el edificio, supuestamente hizo un informe y sostuvo que los problemas eran por mal uso del edificio”. En su propio apartamento, señaló: “Desde el día uno chorrea agua en el lavadero. Me dijeron que no lo usara. La bajada de agua es de caños galvanizados”.

Las vecinas reiteraron que el MVOT “nunca apareció”. Al principio contaban con un equipo de tres trabajadoras sociales y un coordinador regional que “estuvo acá sentado con nosotras, nos dio su teléfono y cuando lo llamábamos decía: 'ya lo vamos a solucionar'”. En la última visita de la ministra de Vivienda a Paysandú, “le entregamos una carpeta y una nota. Después, desde la agencia local nos pidieron el detalle de lo gastado en el edificio y el libro de actas —que ellos tienen— y nunca más lo devolvieron”, comentó Romero.

“Hacemos los reclamos a través de la prensa para que nos escuchen. Acá el costo es muy alto”, afirmaron las vecinas, subrayando que “el Estado nunca nos regaló nada” y reconociendo que la mayoría cuenta con un subsidio a la cuota. “Me siento estafada”; “ni en el período pasado ni ahora pasó nada”

Los problemas en el complejo o edificio Éxodo del Pueblo Oriental parecen calcados de los del Paco Espínola. La empresa constructora es la misma.

Graciela Taramasco recibió a la diaria en su apartamento y fue directa: “Yo confiaba en que el Estado me iba a garantizar que no tendría ningún problema. Era la oportunidad de tener el techo propio y la verdad es que me siento estafada. Nadie responde”.

Recordó que “éramos ahorristas y pusimos todo lo que teníamos para comprar nuestra casa, y nos encontramos con estos problemas”. Relató que a los cinco años de habitar el complejo “empezaron las dificultades, que continúan hasta hoy: primero fueron problemas eléctricos, después con la grifería, que tuve que cambiar toda”.

Sin conocer las vicisitudes del otro edificio, los vecinos del Éxodo siguieron los mismos pasos que los del Paco Espínola, con idénticos resultados negativos, aunque actuando en forma individual. “Yo le compré el apartamento al ministerio y quiero que me dé una respuesta”, afirmó Taramasco.

La vecina reconoció que el ministerio se hizo presente en alguna oportunidad, pero “solo vinieron a ver; nunca dieron respuestas a los planteos”. “Ni en el período pasado ni ahora pasó nada”, resumió. Por eso, algunos compradores han optado por la vía judicial. “Tiene que haber alguien que venga a hacer un peritaje, un estudio serio”, reclamó Taramasco.