El arquitecto Pablo Antonaz, integrante del Instituto de Asistencia Técnica (IAT) PVS, sostuvo que en su momento el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) renovó el documento de aptitud técnica (DAT) al sistema constructivo Cruep, pese a que considera que ya existían antecedentes de fallas por corrosión. Además, denunció presuntas irregularidades en el proceso y reclamó una investigación administrativa, civil y penal.
Antonaz, en diálogo con la diaria, formuló críticas al MVOT por haber otorgado en dos oportunidades el DAT al sistema constructivo Crupe, utilizado en varias cooperativas de vivienda del país, entre ellas, dos emprendimientos ubicados en Paysandú y en Fray Bentos que posteriormente registraron severos problemas de corrosión en su estructura. A su vez reconstruyó la secuencia de los hechos y sostuvo que el principal cuestionamiento apunta a la renovación del DAT en abril de 2017, cuando, según aseguró, ya existían antecedentes de obras realizadas con ese sistema que presentaban la misma patología.
“Las cooperativas adquirieron el sistema constructivo porque estaba habilitado por el ministerio. Nosotros, como instituto, elaboramos el proyecto utilizando ese sistema que, además, aportaba los cálculos estructurales y los detalles técnicos. Era un sistema oficialmente aprobado”, explicó.
Según relató, las obras comenzaron en mayo de 2017 y avanzaron normalmente hasta 2019, cuando en la cooperativa de Fray Bentos comenzaron a detectarse signos de oxidación en los perfiles galvanizados que conformaban la estructura. “Cuando verificamos que el acero estaba oxidado, solicitamos explicaciones a la empresa Crupe, pero las respuestas no nos convencieron. Por eso decidimos denunciar inmediatamente la situación al Ministerio de Vivienda y paralizar las obras. Fue la primera vez en mi vida profesional que ordené detener una obra” afirmó.
El profesional indicó que tanto la cooperativa de Fray Bentos como la de Paysandú quedaron detenidas mientras el ministerio analizaba la situación. Posteriormente, historió que técnicos del ministerio y de la Agencia Nacional de Vivienda transmitieron que la oxidación observada era consecuencia del proceso normal de construcción y que posteriormente se estabilizaría. Con esa explicación, la obra de Fray Bentos continuó hasta completarse y los cooperativistas ingresaron a vivir en febrero de 2020. Sin embargo, los problemas persistieron.
“Descubrimos que no era un caso aislado”
El profesional aseguró que, a partir de la denuncia presentada por el instituto, comenzaron a investigar otras construcciones ejecutadas con el sistema Crupe y comprobaron que existían antecedentes similares. “Descubrimos que todas las obras realizadas con ese sistema presentaban el mismo problema de oxidación. Incluso encontramos un complejo habitacional construido en Canelones en 2015 que ya había sufrido exactamente la misma patología”, señaló.
Para el profesional, ese antecedente resulta determinante porque ocurrió antes de que el ministerio renovara el DAT. “Lo que nosotros nos preguntamos es por qué razón el ministerio volvió a otorgar el DAT en abril de 2017 si ya existían obras con problemas. El propio reglamento establece que antes de renovar el DAT deben inspeccionarse las obras ejecutadas con ese sistema. Si eso se hubiera hecho correctamente, estas cooperativas nunca habrían construido con Crupe”.
Acceso al expediente
Antonaz explicó que el instituto solicitó el expediente completo mediante la ley de acceso a la información pública para conocer cómo se había tramitado la renovación del certificado. Paralelamente, las cooperativas iniciaron acciones judiciales contra los distintos actores involucrados, entre ellos la empresa proveedora, organismos públicos y el propio instituto técnico. “En el transcurso del juicio empezamos a descubrir un proceso que, desde nuestro punto de vista, fue muy irregular en la forma en que se otorgó el segundo DAT”, sostuvo, y recordó que en 2020 el MVOT retiró definitivamente la habilitación al sistema constructivo Crupe.
La hipótesis del yeso
Dentro de la investigación técnica desarrollada por el instituto, Antonaz afirmó que detectaron un elemento que consideran determinante. “Encontramos que el mortero utilizado por Crupe contenía yeso. El yeso es incompatible con el acero galvanizado y favorece la corrosión. Hicimos análisis químicos y después construimos otras cooperativas utilizando un mortero diferente, sin yeso, y esas obras no presentaron ningún problema”. A su entender, ese resultado fortalece la posición técnica del instituto dentro del proceso judicial.
Cuestionamientos a una consultoría
El arquitecto también cuestionó la consultoría contratada recientemente por el MVOT durante la actual administración para analizar el caso. Según explicó, la exministra Cecilia Cairo resolvió suspender temporalmente el proceso judicial para encargar un estudio independiente que permitiera determinar las causas de las fallas.
Sin embargo, Antonaz afirmó que el informe presentado terminó generando nuevas dudas. “Nos encontramos con que el informe fue firmado por un ingeniero que es el técnico responsable de Crupe ante el propio ministerio. No podíamos creerlo. Por eso presentamos una denuncia solicitando que se investiguen las responsabilidades administrativas, civiles y eventualmente penales”.
“Hubo amenazas”
El arquitecto también recordó las consecuencias personales que, según dijo, tuvo la denuncia presentada por el instituto en 2019. “Después de denunciar el caso recibimos todo tipo de amenazas y finalmente terminamos suspendidos. Fueron momentos muy difíciles. Llevo 25 años de profesión y nunca imaginé atravesar una situación de estas características”. No obstante, remarcó que volvería a actuar de la misma manera.
“Nuestro deber era proteger a las cooperativas. Hoy el instituto tiene más de 5.000 viviendas construidas y siempre actuamos de acuerdo con los criterios técnicos. Lo que ocurrió con Crupe fue una situación excepcional que denunciamos desde el primer momento”.
Antonaz entiende que el objetivo actual es que la investigación permita esclarecer cómo se otorgaron las habilitaciones al sistema constructivo y establecer las responsabilidades correspondientes, tanto de la empresa como de los organismos públicos que intervinieron en el proceso.