La afirmación del presidente de la República, Yamandú Orsi, de que Argentina había retirado la denuncia penal vinculada al proyecto de HIF Global en Paysandú generó una inmediata respuesta desde la Justicia Federal argentina. La fiscal federal Josefina Minatta afirmó que la denuncia penal por el proyecto de la planta de combustibles sintéticos “no fue retirada” y continúa en trámite.
“La denuncia no se retiró. Fue impulsada por mí y no he tenido las respuestas por parte de la República Oriental del Uruguay que he solicitado con respecto al proyecto”, afirmó Minatta al medio entrerriano Análisis. La fiscal agregó que “bajo ningún punto de vista la denuncia se ha cerrado” y sostuvo que Orsi brindó “una información que no es verídica”.
En Guichón, Orsi aseguró que el proyecto de HIF Global continúa en marcha y señaló que se habían logrado destrabar distintos aspectos vinculados a la inversión. Entre ellos, mencionó como una de las principales dificultades superadas el retiro de la denuncia penal presentada en Argentina.
“Seguimos, más allá de las decisiones que se tomen en un momento determinado o llegado el momento de la inversión. Hemos despejado un montón de complicaciones. La última importante es que se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho”, sostuvo el mandatario.
La causa por presunto daño ambiental
La denuncia penal fue presentada en febrero por Minatta ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a raíz de los posibles impactos ambientales del proyecto que HIF Global pretendía instalar en Paysandú, frente a las costas de Colón. La fiscal planteó entonces posibles riesgos de contaminación y cuestionó el cumplimiento de los procedimientos vinculados al impacto ambiental transfronterizo y al Estatuto del Río Uruguay.
Minatta señaló ahora que, mientras no existan certezas con respecto al proyecto, la causa continuará en trámite. También advirtió que tampoco existe información definitiva sobre una eventual relocalización de la planta. En ese sentido, planteó que, si el nuevo emplazamiento también se ubicara sobre el río Uruguay, “el riesgo de contaminación persiste”.
La planta proyectada por HIF Global implicaría una inversión cercana a los 6.000 millones de dólares y es considerada una de las mayores inversiones previstas en la historia de Uruguay. La posibilidad de modificar su ubicación surgió como consecuencia de las objeciones planteadas desde Entre Ríos y de las gestiones diplomáticas entre ambos países.
Tres acciones judiciales siguen abiertas
La respuesta no llegó únicamente desde la Fiscalía. La multisectorial Somos Ambiente de Colón emitió un comunicado al que accedió la diaria en el que expresó su preocupación por las declaraciones de Orsi y afirmó que la denuncia penal no es la única acción judicial existente en Argentina.
“Las tres causas judiciales iniciadas en Argentina continúan vigentes”, sostuvo la organización. Además de la denuncia penal impulsada por Minatta, permanece en trámite una acción civil preventiva promovida contra la República Oriental del Uruguay y HIF Uruguay, así como un amparo ambiental contra el Estado argentino por sus obligaciones de protección frente a eventuales impactos transfronterizos.
Desde Colón remarcaron que, por lo tanto, no puede considerarse que el conflicto judicial haya quedado superado ni que los cuestionamientos ambientales hayan sido resueltos.
La acción civil es impulsada por los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl, quienes fueron aceptados como “amicus curiae” por el juez federal de Concepción del Uruguay, Hernán Viri.
En ese expediente se dispusieron distintas medidas, entre ellas una pericia ambiental y pedidos de información a la Comisión Administradora del Río Uruguay, con el objetivo de determinar si el proyecto fue comunicado al organismo y si HIF Uruguay presentó el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo.
También se solicitó documentación a organismos uruguayos, entre ellos la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental y el Banco Central del Uruguay.
El último movimiento señalado en la causa ocurrió el 21 de agosto, cuando el juez Viri realizó un reconocimiento judicial en las costas de Colón junto con la bióloga Viviana Cousté, designada como perito, y los legisladores que impulsan la acción.
Colón reclama certezas
La multisectorial Somos Ambiente cuestionó que la supuesta superación del conflicto haya sido presentada como una “buena noticia diplomática” y como un obstáculo ya resuelto para avanzar con la inversión.
“Las preocupaciones ambientales, sanitarias y sociales que dieron origen a estas acciones tampoco han desaparecido”, afirmó la organización. Para el colectivo, mientras no exista información oficial y precisa sobre una eventual relocalización de la planta, no es posible afirmar que los riesgos y conflictos planteados hayan sido solucionados.
“Desde Colón reafirmamos nuestra posición: ninguna negociación política o diplomática puede reemplazar los estudios, procedimientos y garantías ambientales que corresponden para proteger el río Uruguay y a las comunidades de ambas orillas”, expresó la multisectorial.