Cecilia Álvarez

A partir de la aprobación en Argentina de la ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo, la necesidad de promover una iniciativa legal similar en nuestro país comenzó a ser sugerida por diversas organizaciones. Particularmente desde el Partido Colorado (PC), ayer la agrupación Diversidad Colorada y Batllista lanzó un pedido a sus legisladores para que consideren el tema, mientras que el colectivo Ovejas Negras presentó a los legisladores del Frente Amplio y a algunos del PC un borrador de proyecto de ley para fomentar el debate.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró ayer que no tomará medidas respecto a los funcionarios involucrados en el incendio de la cárcel de Rocha hasta que no hayan culminado las investigaciones, porque no se puede responsabilizar a quienes “no tenían recursos”. Bonomi consideró que la situación “desastrosa” del sistema carcelario se arrastra desde hace 25 años y que lo importante es el camino marcado para superar el hacinamiento. Del otro lado, el diputado interpelante, José Carlos Cardoso (Partido Nacional, Herrerismo), concluyó que hubo decisiones que “incrementaron el riesgo”.

El ámbito para el debate será la sesión del Gabinete Social, en el que se pondrá sobre la mesa un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuyo objetivo es equiparar a las trabajadoras del sector privado -dependientes y no dependientes- con las trabajadoras del sector público respecto a los beneficios relacionados con la maternidad. La iniciativa crea un subsidio para lactancia, agrega una semana más a la licencia maternal y otorga diez días de licencia a los padres.

El Senado dio ayer sanción definitiva a la Ley de Emergencia Carcelaria. Se habilitaron así casi 14 millones de dólares para la construcción y refacción de establecimientos carcelarios, el realojo en unidades militares de reclusos de menor peligrosidad y la creación de hasta 1.500 cargos destinados a la Dirección Nacional de Cárceles.

El grupo de trabajo sobre Reforma del Estado de la Presidencia de la República desplegará hoy ante el Consejo de Ministros un informe sobre las líneas estratégicas de la reforma y un cronograma para el envío al Parlamento de una batería de proyectos de ley. En esta jornada se definirán los ministerios en los que se implementarán experiencias pilotos sobre el rediseño de la carrera administrativa y los cambios en los sistemas de compras y gestión de trámites.

La nueva intendenta de Montevideo, Ana Olivera, fijó como sus tres prioridades para estos primeros seis meses de gobierno dar “un vuelco” en la limpieza de la ciudad, mejorar las frecuencias de los ómnibus y apoyar la instalación de los ocho municipios capitalinos. A los funcionarios les pidió resolver las diferencias “en beneficio del conjunto” y trabajar por “la excelencia en la gestión”, y planteó dos objetivos en relación al gobierno nacional: discutir una ley de capitalidad y la incorporación de las policlínicas municipales a ASSE.

Ayer se renovaron las autoridades de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas que permanecían desde el segundo gobierno de Sanguinetti.

El jueves serán cinco los departamentos cuyos gobernantes cambiarán de partido político, y en todos los casos las futuras autoridades tienen previsto auditar la administración anterior. Algunos de los intendentes salientes se adelantaron y entregarán la comuna con auditorías externas, pero en otros casos brindaron escueta información a los intendentes entrantes.

La comisión multipartidaria sobre energía nuclear retomó su trabajo en el gobierno de José Mujica, al tiempo que un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República (Udelar) organiza para mediados de octubre un juicio público, una metodología de participación aplicada en Dinamarca para que la opinión ciudadana sea considerada cuando se discuten cuestiones científico-tecnológicas.

La instalación en el Senado de un ámbito para aportar ideas e información sobre una eventual reforma electoral abre la puerta a distintas propuestas. Sobre la mesa está volver a unir las elecciones nacionales y las departamentales, algo rechazado por varios dirigentes, y eliminar la segunda vuelta en caso de que un partido alcance la mayoría parlamentaria en la primera. Pero antes resta acordar si los cambios serán sólo en cuestiones electorales.

En vez de disolver el corte de ruta, el gobierno argentino decidió denunciar a sus autores.

El Parlamento del Mercosur tendrá hoy su tercera sesión del año y por Uruguay irán sólo los legisladores frenteamplistas designados el jueves en la Asamblea General, ya que los partidos Colorado y Nacional todavía no nombraron a sus representantes. De hecho, sus órganos de conducción resolverán en esta jornada si participan o no en el ámbito regional.

El Frente Amplio hizo valer sus votos para ser mayoría en la bancada uruguaya del parlamento del Mercosur.

Hubo acuerdos sobre energía, salud y defensa, pero no se sabe qué pasará con el control de UPM y el corte de ruta.

El ex intendente de Paysandú, Julio Pintos, piensa que la decisión de habilitar la candidatura en su departamento de la candidata del Movimiento de Participación Popular (MPP), Salomé Wollman, junto con su propia postulación a un segundo período, fue un “error político” que el Frente Amplio (FA) terminó “pagando muy caro”. “Nos metimos en una competencia interna y por eso fuimos derrotados”, sentenció el dirigente del Partido Socialista (PS), molesto por la “incapacidad” de sectores de la izquierda sanducera al momento de “determinar quién es el adversario”.

Una reunión del secretariado ejecutivo del Frente Amplio (FA) con los intendentes electos y salientes de la izquierda fue el puntapié inicial para el análisis y debate sobre los gobiernos a nivel nacional y departamental, las estructuras de la fuerza política y los resultados del proceso electoral que terminó en mayo. Para setiembre se espera concluir con la convocatoria al Plenario Nacional del FA.

Mientras se prepara la reunión bilateral entre los presidentes de ambas orillas, el canciller Luis Almagro consideró ayer que, en el marco de la “nueva relación de vecindad” con Argentina, fue el gobierno de aquel país el que tomó las tres primeras medidas para recomponer el vínculo. Ayer, la delegación argentina descartó en el plenario de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) monitorear la gestión ambiental de UPM en la propia planta, y Entre Ríos dejó en suspenso la iniciativa de instalar un tren turístico que una Concordia con Salto.