El Plenario del Frente Amplio (FA) tomó [la resolución de apoyar el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC), pero dejó en manos de la Mesa Política la decisión de impugnar toda la ley o algunos artículos, así como la definición de avanzar por la vía larga o la corta para la recolección de firmas.
Tras varias horas de discusión, este viernes la coalición de izquierda resolvió acompañar lo resuelto por el PIT-CNT y la Intersocial y acompañar el “camino largo”. El presidente del FA, Javier Miranda, explicó que, en el “entendido de que es una mala ley”, “en principio” la coalición de izquierda se inclina por el camino largo y buscará impugnar los artículos “más perjudiciales”. “El FA ha mejorado una parte de la ley y en principio se dispone a anular disposiciones de la ley que no hubiera votado. Insisto en el ‘en principio’ porque esto está en el marco del diálogo con las organizaciones sociales, en particular con la Intersocial, para acordar tanto el mecanismo como el contenido de impugnación”, declaró.
El camino elegido requiere la recolección de 25% de adhesiones del total de habilitados para votar durante el año siguiente a la promulgación de la ley. En cambio, el camino corto tiene varios pasos previos: en primer lugar, se debe conseguir 2% de las adhesiones del padrón electoral en los 150 días posteriores de la promulgación. Luego, si se llega a ese número, la Corte Electoral llama a la ciudadanía a votar si adhiere al referéndum. En caso de llegar a 25% de las adhesiones, se llama a un referéndum. Este segundo mecanismo era apoyado por Asamblea Uruguay (AU), la Vertiente Artiguista (VA), Marea Frenteamplista y algunos integrantes del Movimiento de Participación Popular.
En la resolución, aprobada por consenso, el FA afirma que la LUC “es una de las piezas fundamentales de un proyecto de clase, concentrador, excluyente y autoritario, totalmente perjudicial para las mayorías sociales”. Además, se critica a sus impulsores por no haber promovido un “debate público, amplio e informado”, y se afirma que además de no atender “las verdaderas urgencias de nuestro pueblo”, “contiene normas claramente antipopulares, represivas y regresivas”.
“Quedaron artículos o capítulos de la LUC absolutamente antipopulares, por lo cual corresponde un esfuerzo adicional de lucha para la anulación de los mismos por la vía constitucional del referéndum”, sostiene el FA en la resolución y adelanta que trabajará “estrechamente” con los sectores sociales, reunidos en la Intersocial -que resolverá el 7 de noviembre si interpone recurso contra toda la ley o artículos- para promover la “anulación de los artículos o capítulos de la norma que afecten las garantías ciudadanas o vulneren intereses ”.
La discusión interna
El FA ingresará ahora en otro análisis, de contenido, y deberá definir qué artículos impugnar. En la discusión de este viernes, se resolvió en términos generales ir solamente en contra de los artículos de la LUC que el FA votó en contra. Una siguiente discusión será si la coalición de izquierda se opone a todas las disposiciones que votó en contra o solamente a algunas. Existen posiciones diferentes sobre este punto y el próximo lunes el Secretariado analizará el tema.
De todas formas, lo que defina el FA será en diálogo con la Intersocial, dijeron las fuentes consultadas. Para entablar el diálogo con el movimiento social se designó a Mercedes Romero, delegada de las bases de Montevideo, Daniel Marsiglia (Partido Comunista del Uruguay), Eduardo Florio (Movimiento de Participación Popular) y Rafael Michelini, secretario del FA.
La resolución aprobada este viernes por la Mesa Política tuvo dos abstenciones. En el segundo punto, se establece “que después del trabajo de nuestros compañeros parlamentarios y parlamentarias, y en conjunto con los sectores sociales, para cambiar, revertir o rechazar varias normas regresivas en la etapa parlamentaria, quedaron artículos o capítulos de la LUC absolutamente antipopulares, por lo cual corresponde un esfuerzo adicional de lucha para la anulación de los mismos por la vía constitucional del referéndum”. Según supo la diaria, Casa Grande se abstuvo de votar este punto porque consideró que era necesario incluir que el FA estaba abierto a considerar todos los artículos.
La representante de AU Elena Ponte explicó a la diaria que su sector se abstuvo de votar la resolución porque le parecía importante explicitar en su redacción que el FA impugnará sólo los artículos que no acompañó. “Nosotros defendemos todo el trabajo que hizo la bancada, en articulación con la sociedad civil, que en muchos casos pidió mejorar algunos artículos que los afectaban. Eso significó un trabajo enorme, entonces esos artículos no deben estar en discusión”. Ponte explicó que ese fue el sentido general que se manifestó en la discusión de este viernes, pero a ella le hubiera gustado que se dejara de manera explícita. “Si bien se entiende eso, me parecía bueno que quedara explícito”, señaló.
Por su parte, en la Mesa Política, el Partido Socialista planteó que es “razonable” que el FA propicie la anulación de los artículos que votó en contra y, en esa línea, acompañó la resolución que “orienta al FA a propiciar la anulación de los artículos que no acompañó”, explicó a la diaria el dirigente socialista José Nunes. “Ahora bien, lo que dijimos fue que, si desde el movimiento social se plantea la anulación de algún artículo que el FA votó a favor, estudiemos el caso, no tengamos una decisión de patria o muerte”, agregó.
Eduardo Brenta, de la VA, dijo a la diaria que su sector planteó que era necesario generar un acuerdo interno, más allá de lo que estableciera la declaración, de que el FA no cuestionará el proceso que llevaron adelante sus legisladores. En cuanto a los artículos que se podrían impugnar, Brenta dijo que su sector parte de la base de no poner en cuestión “200 artículos” ‒algo que también es compartido por AU‒, y centrarse en algunos, pero afirmó que el detalle lo analizará el Secretariado.