Si bien la Intersocial no logró resolver por consenso si derogar todo o parte de la ley de urgente consideración (LUC), sus principales organizaciones –el PIT-CNT, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la Intersocial Feminista- y otras más lograron ponerse de acuerdo para recolectar firmas para llevar a referéndum 133 artículos de la norma.
La propuesta implicó que organizaciones como el PIT-CNT terminaran apoyando la derogación de más artículos de lo que inicialmente habían propuesto (116), mientras que otras, como FUCVAM y la FEUU, debieron ceder en sus intereses de votar o no la derogación de toda la norma. En cambio, otras organizaciones, como la Coordinadora Feminista y el colectivo Maestras contra la LUC, se mantuvieron en su postura de intentar derogar completamente la norma.
Un comunicado divulgado el miércoles por la noche por la Intersocial explica que “al no llegar al consenso absoluto en el plenario de hoy [miércoles], frente a la moción presentada por el PIT-CNT, la FEUU, la Intersocial Feminista y FUCVAM de ir contra 133 artículos, se deja librado a todas las organizaciones que quieran sumarse a esta iniciativa del referéndum”.
El secretario general de FUCVAM, Gustavo González, explicó a la diaria que la Intersocial tiene una estructura “muy amplia y complicada”, y para llegar a una resolución común debería llegar a una unanimidad. “Lo que ocurrió es que hubo colectivos que no hicieron acuerdo porque seguían con la propuesta de derogar toda la ley”, expresó.
Según pudo saber la diaria, la idea de incorporar casi una veintena más de artículos a los 116 que inicialmente propuso el PIT-CNT vino de la Intersocial Feminista.
En concretó, la Intersocial propuso derogar el artículo 5 de la ley, que tipifica al “encubrimiento” como una circunstancia agravante en un delito; el 13 y el 21, que establecen una nueva redacción para los delitos de autoevasión y de declaraciones voluntarias de indagados ante la Policía; el 35, que restringe la libertad anticipada en algunos delitos gravísimos; el 43, que duplica el período para dar comunicación inmediata al fiscal en caso de una detención; el 50 y el 51, que autorizan a la Policía a pedir identificación a los ciudadanos y a realizar “registros personales” con alguien que esté detenido o del que existan “indicios” de que cometió un delito; el 56, que crea la División Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior; el 63, que dictamina los derechos y obligaciones de los efectivos policiales en retiro, y el 74, que amplía las penas a delitos sobre tráfico de estupefacientes cuando se involucra a menores de edad, discapacitados o se utilice hogares o instituciones educativas, deportivas, culturales o sociales para el tráfico.
“Estos son los artículos que llevamos sí o sí, y se podrán unir todas las organizaciones políticas que se quieran sumar luego: el Frente Amplio (FA), la Unidad Popular y todos los partidos políticos que se declaran de izquierda. Hay que abrir un gran frente social donde se hará el debate de esta ley”, expresó González.
En lo concreto, la propuesta de estas organizaciones sociales obliga al FA a juntar firmas para derogar artículos que la fuerza política aprobó en el Parlamento, como los referidos a la creación de la Comisión Coordinadora de la Educación y los que establecen un nuevo mecanismo para la fijación de precios de los combustibles.