“Es muy difícil ser 100% justo en estos casos, cuando uno tiene que elegir entre derechos a proteger. De otra manera sería muy simple. Entre el mal y el bien es simple, pero cuando la actividad de gobierno sugiere retacear algunos derechos es donde uno tiene que apelar a sus más íntimas convicciones”, dijo ayer de noche el presidente Luis Lacalle Pou antes de anunciar las nuevas medidas para frenar la aceleración del aumento de casos de coronavirus.
Luego de una larga reunión del gabinete de ministros en la Torre Ejecutiva, pasadas las 21.00, el mandatario informó en una rueda de prensa que se decidió reglamentar por ley el artículo 38 de la Constitución de la República, que establece: “Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos”.
Lacalle Pou dijo que a raíz de la emergencia sanitaria, este viernes se convocará al Parlamento en una sesión extraordinaria para que reciba un proyecto de ley que posibilita “la limitación del derecho de reunión cuando se esté, notoriamente, atentando contra la salud”. “Este mismo proyecto de ley va a definir legalmente el concepto de aglomeración, que ha sido muy discutido y queremos que específicamente se defina y que todos tengamos claro las reglas a aplicar”, subrayó el mandatario.
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Además, señaló que, en base a la experiencia mundial –sobre todo el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que incrementó fuertemente el tránsito y provocó “un disparo de contagios”–, por intermedio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se reglamentará que en los ómnibus interdepartamentales viaje un máximo de 50% de la capacidad de los vehículos. Adelantó que se subsidiará “aquella pérdida que eventualmente puedan tener las empresas”. La medida regirá desde el 21 de diciembre hasta el 10 de enero.
“Esta es una medida que nos cuesta mucho, porque sabemos que hay miles de uruguayos que en las fiestas retornan al país a visitar a sus familias”, prosiguió, y seguidamente informó que el gobierno tomó la decisión de suspender el ingreso desde el exterior al país también desde el 21 de diciembre hasta el 10 de enero. La medida tiene un par de excepciones, como el transporte de carga y “aquellos uruguayos que tengan un pasaje adquirido al día de la fecha”. Acotó que esta segunda excepción se basa en que el gobierno ya sabe cuántos son los que ya tienen pasaje, “y es un número no muy grande”.
Además, se suspenderán los espectáculos públicos “de toda índole” también desde el 21 de diciembre hasta el 10 de enero. Lacalle Pou adelantó que hoy Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, tendrá una reunión con la mesa del Congreso de Intendentes para coordinar la aplicación de esta medida con los jefes departamentales, porque “hay muchos temas que son de materia departamental”.
Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, el 16 de diciembre.
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También se va a exigir el cumplimento del teletrabajo en la administración pública y la presencialidad se implementará “sólo en casos excepcionales, por naturaleza del servicio”. Además, como se había implementado antes, a partir de los primeros casos de coronavirus, los funcionarios públicos mayores de 65 años no concurrirán a las oficinas y se les estimulará el teletrabajo.
En cuanto a las compras, que en estos días aumentan, Lacalle Pou dijo que se coordinará la extensión del horario de todos los comercios, incluidos los shopping, para “bajar sensiblemente el aforo”. “Asimismo, hay algunas ferias tradicionales que en el día de mañana [en referencia a este jueves], con la mesa del Congreso de Intendentes, vamos a sugerir que se amplíen el espacio y el horario”, agregó.
El 38
Luego, en el espacio para las preguntas de la prensa, Lacalle Pou fue consultado por el alcance del proyecto de ley para reglamentar el artículo 38 de la Constitución. Explicó que “estamos hablando de todo lo que hemos visto”, reuniones de “gente de todas las edades en plazas, parques, donde se juntan 100, 200, 300, 400 personas”, y que sabe “a determinada hora de la noche lo que sucede en esos lugares”. “Eso atenta contra la salud pública, y es una herramienta necesaria para el gobierno, con ese único fin de no atentar contra la salud pública. Porque hasta el momento contábamos con la facultad de convencer; ahora, de disuadir y, eventualmente, disolver estas reuniones”, sostuvo.
Lacalle Pou agregó que quizás sea “un iluso”, pero tiene la “íntima convicción” de que “nos vamos a cuidar” y “se va a tomar conciencia de que es mucho más complejo que marzo, abril, mayo y junio, y que esa misma conducta que tuvieron los más veteranos, los del medio y los más jóvenes la van a tener”.
La medida para limitar el artículo 38 generó ruido en la oposición. El senador del Frente Amplio Charles Carrera señaló a la diaria que si bien desconoce cómo estará redactado el proyecto, si se va por ese camino “se le debe dar facultades a la policía sanitaria”, que es el Ministerio de Salud Pública (MSP). “El que tendría la capacidad de decir si una reunión pasa ciertos límites es el MSP, que podrá coordinar acciones con los inspectores de los gobiernos departamentales. Y si no pueden cumplir con la medida que tienen que cumplir, recién ahí piden auxilio a la fuerza pública, como está establecido en la Constitución, que es la Policía”, señaló. Por último, Carrera dijo que está “muy preocupado” porque no ve concordancia entre “el diagnóstico y las medidas que proponen”.
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A su vez, el senador frenteamplista Mario Bergara dijo, sobre la limitación del artículo 38, que entiende la motivación y estará “atento a la redacción del proyecto que el gobierno envíe”. “Debemos otorgar herramientas para cuando haya evidentes riesgos sanitarios, con el cuidado de salvaguardar los derechos de la gente y con protocolos claros para definir la presencia de dichos riesgos. No puede ser un cheque en blanco”, señaló.
Por último, Bergara escribió: “Notamos la clara ausencia de medidas de ayuda económica y social, sobre todo a las familias más vulnerables. Hoy vuelve a ser imprescindible garantizar un ingreso mínimo para esos sectores. Más nos preocupa cuando escuchamos la referencia al ahorro en plena pandemia”.