El tratamiento que hizo la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) de la denuncia hecha por los viajes del ex secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma genera versiones encontradas entre los ex integrantes de este cuerpo, que archivó el caso a principios de este año. Por un lado, el entonces vicepresidente Daniel Borrelli y la ex vocal Matilde Rodríguez Larreta sostienen que le dieron la oportunidad al presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, de reconsiderar el caso y este se negó, mientras que este último insistió en las sospechas que generaba la respuesta de Toma.

El 9 de enero, Borrelli y Rodríguez Larreta decidieron archivar el caso que investigaba el viaje de Toma en diciembre del año pasado junto a la contadora de la Secretaría Antilavado Giuliana Pérez Muñiz, en el marco del juicio por el Plan Cóndor en Roma.

En diálogo con el programa radial En perspectiva, de Radiomundo, Rodríguez Larreta planteó que le sorprendió la polémica que causó el tema porque cuando lo estudiaron se trataba de “un caso más”. Según explicó, eran “lógicos” los viajes de Toma, así como que solicitara llevar asesores. “No vimos nada anormal en la situación”.

El organismo tomó el caso debido a una denuncia anónima que recibió Borrelli en su correo electrónico. Según dijo Rodríguez, generaba “suspicacia” el carácter de anónimo, porque “tenía olor a venganza personal de algún funcionario, que quería enchastrar la situación”.

El semanario Búsqueda informó que el presidente del organismo, Ricardo Gil Iribarne, se encontraba de licencia y, tras su regreso, solicitó que se dejara constancia de que estaba en contra de la resolución que había aprobado el organismo en su ausencia. Consultado por El Observador tras la polémica, el ex presidente de la Jutep dijo que la decisión de archivar el caso fue “por lo menos apresurada” y que era “bastante excepcional” que algo “se archive tan rápido”.

Sin embargo, Rodríguez Larreta planteó que cuando Gil Iribarne planteó sus reparos, el directorio le planteó que pidiera una reconsideración del tema. “Insistentemente se le dijo [para rever la resolución], pero no quiso pedir una reconsideración, lo cual fue inusual, porque en todas las resoluciones que habíamos tomado en ese directorio se buscó la unanimidad”.

“Tal vez fue una resolución equivocada, asumo la responsabilidad. Ninguna de estas cosas que se comentan ahora las sabíamos”, dijo Rodríguez Larreta, y puso como ejemplo los tres viajes a Washington que realizó Toma con la contadora. “Obviamente ahora hay una cantidad de elementos que exigen una reconsideración del tema y que la Jutep tendrá que indagar”, afirmó.

La actual presidenta de la Jutep, Susana Signorino, dijo el jueves a la diaria que el organismo no volverá a expedirse sobre el tema y argumentó que había que tomarlo como “cosa juzgada”. Pero Rodríguez Larreta discrepó con ese criterio: “No creo que haya cosa juzgada, se puede retomar el tema perfectamente. No sé si querrán o no hacerlo. A mi juicio hay muchos más elementos y amerita abrir de nuevo el caso”, señaló.

En tanto, Borrelli sostuvo en una entrevista con Canal 4 que en dos oportunidades le ofreció a Gil Iribarne reconsiderar el caso, pero este no accedió.

“Le dije que no tenía problema y que le daba el voto para la reconsideración, y me dijo que no, que ya estaba firmado. Se lo dije dos veces. ‘Matilde no va a tener problema’, le expresé, pero dijo que no”, aseguró Borrelli.

El ex vicepresidente de la Jutep dijo que la denuncia inicial era “muy confusa” y que, si bien decía que Toma se “llevaba a dos funcionarios de paseo”, no especificaba quiénes eran.

Según dijo, la respuesta que dio Presidencia fue “muy amplia y confusa”. “Es normal que las delegaciones viajen con algún asesor cuando el tema es de incumbencia de ellos. En ese dictamen con Matilde Rodríguez encontramos que no había nada raro”, sostuvo Borrelli, que incluso dijo que el tema ni siquiera fue enviado a la división jurídica de la Jutep, porque “eran números”. Además, Borrelli confesó que lo dejó “tranquilo la respuesta de Presidencia, porque fue intervenida por el contador auditor de ese inciso, quien es el representante del Tribunal de Cuentas y no encontró ninguna irregularidad”.

Por su parte, Gil Iribarne volvió a explicar por qué el tema le generaba sospechas. Según dijo en una entrevista con Canal 4, no era razonable que alguien de la Secretaría Antilavado viajara por el tema del Plan Cóndor. El ex jerarca había sido testigo en el juicio “y en ningún momento se manejó que hubiera delitos económicos”. Además, dijo que en esa oficina había personas con mucho mayor experiencia para asesorar a Toma, como su ex titular, Daniel Espinosa.

El futuro del caso

Ariel Sánchez, subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil, se encargará de llevar adelante la investigación administrativa que abrió el gobierno por el caso de los viajes de Toma, que actualmente se desempeña como fiscal de gobierno. En diálogo con Subrayado, explicó que la instrucción tiene un plazo de 60 días y, en caso de que se constate una irregularidad y sea destituido, debido a que es un funcionario presupuestado, se requiere la previa venia del Senado.