“Nos estamos enfrentando a un proceso de venganza a través de la función judicial”, dijo a la agencia AFP Fausto Jarrín, abogado del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Un tribunal dispuso que se ejecute la condena contra Correa en el caso conocido como Sobornos 2012-2016, que quedó firme el 7 de setiembre, cuando fue rechazado un recurso que presentó la defensa del ex presidente ecuatoriano. La Justicia ordenó el miércoles que la Policía localice y detenga a Correa para que cumpla los ocho años de prisión a los que fue condenado. “La sola mención de la posibilidad de que él sea candidato genera este tipo de reacciones en toda la institucionalidad del Estado”, agregó Jarrín.

Según la sentencia, Correa participó en una red de corrupción por la cual su partido de entonces, Alianza País, se financió con sobornos que pagó la empresa Odebrecht a cambio de contratos con el Estado. Junto a Correa fueron condenadas otras 17 personas cuya detención también fue ordenada el miércoles. Muchas de ellas fueron colaboradoras cercanas del dirigente, como el ex vicepresidente Jorge Glas, que está en prisión por otro caso de sobornos.

En las últimas elecciones, que se celebraron en 2017, Glas fue reelecto en la vicepresidencia, esta vez como compañero de fórmula del actual presidente, Lenín Moreno. Poco después de que asumiera el nuevo gobierno, Moreno y Correa se convirtieron en enemigos políticos, y Glas tomó partido por este último. También él afirma que está siendo objeto de una persecución judicial por motivos políticos. A su vez, Correa, que gobernó de 2007 a 2017, insiste en que en este caso se lo involucró sólo porque aparecían 6.000 dólares en su cuenta bancaria y afirma que esa suma correspondía a un préstamo.

A diferencia de la mayoría de los condenados en el caso Sobornos –al que Correa llama “Bochornos” –, el ex presidente no reside en Ecuador sino en Bélgica, país en el que nació su esposa y en el que se instaló una vez que dejó la presidencia.

La resolución judicial que ordenó su detención fue tomada por el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia, que también dispuso que el Ministerio de Economía le suspenda a Correa la pensión vitalicia de 4.000 dólares mensuales que perciben los ex presidentes.

En su cuenta de Twitter, el dirigente dijo que “jamás se hizo eso” con otro ex gobernante ecuatoriano y que en su caso se actúa “con saña y dedicatoria”.

Correa, que aspiraba a competir por la vicepresidencia en las elecciones de febrero, había sido condenado además a ocho años de inhabilitación política. Sin embargo, hasta esta semana, sus partidarios intentaban defender su candidatura, y el martes la alianza Unión Nacional por la Esperanza inscribió formalmente la fórmula Andrés Arauz-Rafael Correa.

Los partidarios del ex presidente argumentan que ya proclamaron a Correa como candidato y que él aceptó su postulación desde Bélgica, pese a que otras lecturas de las normas electorales establecen que la candidatura debe aceptarse de manera presencial. Un triunfo en esa batalla del correísmo por la postulación le daría a Correa los fueros que tienen en Ecuador quienes compiten por cargos electivos a partir de que se formaliza su postulación. Pero la resolución judicial del miércoles vuelve todavía más lejana esa posibilidad.

Como alternativa, uno de los partidos de la Unión Nacional por la Esperanza, Centro Democrático, presentó la semana pasada al periodista y economista Carlos Rabascall como reemplazo de Correa en la fórmula. El ex presidente calificó a Rabascall como alguien con un “gran humanismo, progresista y vinculado con los sectores empresariales”, informó Telesur. También dijo sobre el oficialismo: “Están desesperados porque saben que vamos a arrasar en las urnas”.