La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) presentó un recurso al Poder Ejecutivo para revocar el acto administrativo que representa el contrato entre el Estado uruguayo y la empresa Katoen Natie para que esta, a través de la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP), obtenga la concesión del puerto de Montevideo hasta 2081.

Según la bancada de la oposición, al dar prioridad a TCP para operar buques con contenedores en el acuerdo se está conformando un monopolio en el puerto, algo que, según la Constitución, no puede hacerse si antes no se aprueba una ley con dos tercios de los votos de las cámaras de Senadores y Representantes.

En una conferencia de prensa realizada este viernes en el anexo del Palacio Legislativo, en la que participaron los diputados frenteamplistas Daniel Caggiani, Ana Olivera, Gustavo Olmos y Cristina Lustemberg, se informó que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 150 días para dar lugar o no a este recurso. Si no lo hace, que es lo que se espera que ocurra, la bancada tendrá 60 días para presentar el recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

El TCA tendrá un plazo de un año, según informó la diputada Olivera, para dar lugar o no al recurso. En caso de que proceda por la negativa, los legisladores evaluarán recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo el diputado Caggiani.

Durante la conferencia, el diputado Olmos manifestó que “si el Poder Ejecutivo defiende los intereses del país, debería dar lugar [al recurso], porque en la interpelación en el Senado no fue capaz de dar una fundamentación de por qué esto era beneficioso para el país”.

El recurso señala que la resolución del Ejecutivo “no ha sido notificada personalmente ni publicada en el Diario Oficial, como mandata el artículo 317 de la Constitución de la República”. En este sentido, la bancada del FA señala que la resolución “padece gravísimas ilegitimidades”, así como “vicios insubsanables, en su procedimiento y en el contenido”, tales como “la aparente inexistencia de un procedimiento administrativo previo, la errónea e insuficiente motivación del acto e incluso la ausencia de motivos que surge del acto”.

También se denuncia que el acto administrativo tiene “un vicio de incompetencia que lo afecta fatalmente”, porque “se trata de un acto dictado por el Poder Ejecutivo en materias reservadas exclusivamente a la ley”, en referencia a “la creación de un monopolio en favor de un privado y la estipulación de una nueva sociedad de economía mixta”.

El punto clave es el artículo 85 de la Constitución. Este, que establece las competencias que tiene la Asamblea General, señala en el numeral 17 que es competencia del Poder Legislativo “conceder monopolios”, y que para ello se requieren “dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara”.

“Esta es una instancia muy importante para nosotros, nunca en la historia de este Parlamento sucedió algo parecido”, aseguró el diputado Caggiani.

“Simultáneamente con esto, estamos pidiendo la información del acuerdo, porque no ha sido publicada. Por lo tanto, hay aspectos de fundamentación del fondo del tema que nos reservamos en el recurso que estamos presentando para también seguir opinando al respecto. Es decir que solicitamos información que no está a disposición pública, y simultáneamente presentamos el recurso del acto por ser ilegítimo”, explicó Olivera.

Transparencia

Según Olmos, el acuerdo con Katoen Natie “fue hecho entre gallos y medias noches con una resolución del Poder Ejecutivo que ni siquiera fue publicada en el sitio de Presidencia, en la que los socios de la coalición dijeron que se enteraron de este acuerdo cuando salió a la luz pública”.

“Esta falta de transparencia y esta no comunicación al Poder Legislativo de los actos administrativos son las consecuencias de fondo que tiene, porque se le está dando un monopolio a una empresa privada por 50 años sin informe jurídico, sin un expediente del Poder Ejecutivo que avale la toma de esta decisión, sin análisis del impacto económico que tiene. Nos parece que es sumamente grave y nocivo, con perjuicios para el país en el largo plazo, y es lo que estamos tratando de revertir a través de este recurso”, explicó el legislador frenteamplista.

Caggiani se mostró preocupado por “la falta de contestación por parte del Poder Ejecutivo de los recursos que se han presentado tanto por parte de empresas como de sindicatos”. “Eso es una omisión que termina siendo como una espada de Damocles del Estado, porque termina generando una presunción de que no hay una contestación formal y una defensa del Estado sobre un acto que es muy importante”, manifestó. En este sentido, indicó que “se han presentado tres recursos a los que ni siquiera se ha contestado; eso es lo que más nos preocupa, porque hay falta de información y de fundamentación de por qué se ha hecho esto”.

El recurso presentado ante el Poder Ejecutivo señala que la bancada frenteamplista se reserva “el derecho de diferir la expresión de los fundamentos con posterioridad” debido a la “complejidad del asunto y ante la necesidad de conocer previamente todos los antecedentes administrativos que precedieron y motivaron el acto”.

El recurso también plantea que la concesión por un plazo de 50 años vulnera un límite establecido por ley. Para fundamentar esto, los legisladores frenteamplistas hacen referencia a la ley de urgencia sobre servicios públicos y privados y fomento del empleo y la inversión, del año 2000. Esta ley establece, en su artículo 20, que refiere, justamente, a la participación entre la Administración Nacional de Puertos (ANP) y los capitales privados para la explotación de la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, que el “plazo de uso de las instalaciones será de treinta años”. Esto fue ratificado por un decreto de 2001, que estableció que “la Sociedad Anónima firmará un contrato con la ANP para efectuar la gestión integral de la Terminal por un plazo de treinta años”.

El nuevo Reglamento General de Atraque de TCP comenzará a regir el 1° de noviembre. En el inicio, se espera que 20% de las operaciones de Montecon, la empresa competidora, se vean afectadas.

En la actualidad, 60% de los embarques se hacen a través de Montecon y 40% mediante TCP, la empresa que cuenta con 80% de participación de Katoen Natie.

En paralelo al recurso, ya hay una denuncia penal presentada por la bancada de senadores del Frente Amplio por conjunción de interés público con interés privado y otros posibles delitos. Los denunciados son el exministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber, el subsecretario Juan José Olaizola, el presidente de la ANP, Juan Curbelo, y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.

El día que se presentó la denuncia, el presidente Luis Lacalle Pou dijo en su cuenta de Twitter que los funcionarios “actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad”, lo que fue visto por la oposición como una forma de presionar al Poder Judicial.