Este viernes será la tercera reunión de la semana de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), que se están centrando en que las delegaciones sociales —trabajadores, jubilados y empresarios— y los representantes del Frente Amplio (FA) hagan distintas consultas a los miembros del oficialismo sobre el documento con recomendaciones que se divulgó la semana pasada. En la sesión habrá una presentación de Adriana Scardino, gerenta de la Asesoría Económica y Actuarial del Banco de Previsión Social (BPS), centrada en las proyecciones que surgen de los cambios que se proponen para el régimen jubilatorio.

Las distintas delegaciones ya comenzaron a hacer sus análisis y estimaciones en función del documento conocido, y si bien se trata de ideas primarias, en diálogo con la diaria distintas fuentes adelantaron sus impresiones. Por un lado, advirtieron que los cambios en el cálculo jubilatorio darán una tasa de reemplazo inferior al 45% que rige hoy como mínimo, y que los cambios en el esquema de subsidios determinarán impactos sobre los salarios medios. Además, indicaron que la suba de la edad de retiro de 65 a 70 años, que se propone en un esquema gradual que eleva un año el límite por cada año calendario, afectará a la población de entre 60 y 70 años con problemas laborales.

Todo esto se trata de evaluaciones primarias y en función de análisis generales, entendiendo que en lo previsional la casuística es amplia, señalaron las fuentes. También reconocieron que las nuevas reglas planteadas por el oficialismo podrían beneficiar a parte de la población de menores ingresos, que podría acceder a una pasividad algo mejor que en la actualidad.

La dinámica de la CESS, que comenzó su trabajo en noviembre del año pasado, fue que durante los últimos tres meses los nueve integrantes designados por el gobierno y los partidos socios de la coalición multicolor negociaran una propuesta de consenso para luego presentarla a las demás delegaciones, y eventualmente abrir una negociación de cara al informe con recomendaciones, que deberá aprobarse a final de mes. De todas formas, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar el informe por mayoría.

Tasa de reemplazo y subsidio

El concepto de tasa de reemplazo refiere al porcentaje del sueldo básico jubilatorio, es decir, el promedio de años que se toma para el cálculo de la pasividad de una persona, que cubrirá esa futura prestación. Según las fuentes, las reglas actuales establecen como mínimo un ingreso del 45% del promedio, que surge de los 20 mejores años de aporte como período continuado o los diez últimos años ‒según lo que más convenga a la persona‒.

Un primer cambio es que ahora el oficialismo propone pasar a considerar como norma única el período de 25 mejores años de aporte. Según Rodolfo Saldain, presidente de la CESS, la ampliación del plazo a 25 años busca “pagar beneficios asociados al esfuerzo de aporte” de la persona, porque “cuanto más corto menos asociado”. Se trata de que haya una correlación lo más fuerte posible entre los aportes de la persona durante su trayectoria laboral y lo que formará parte del cálculo jubilatorio. Un extremo contrario para entender esto sería alguien que tuvo aportes por un salario mínimo y en sus últimos diez años cobró mucho más: su pasividad tendrá correlación con el último período pero no con toda su vida laboral.

A su vez, al cálculo mencionado antes de la tasa de reemplazo, con un piso de 45% del sueldo básico jubilatorio, se suma en la mayoría de los casos un subsidio extra, que surge del artículo 28 de la Ley 16.713, que multiplica por 1,5 la contribución por debajo del primer nivel de aporte (67.564 pesos) y hacia arriba aplica un subsidio de forma progresiva hasta el segundo nivel de aporte (101.346 pesos). Esto aplica para los trabajadores que hicieron la denominada opción del artículo 8 —la gran mayoría—, que implica dividir los aportes entre BPS y AFAP hasta la primera franja.

Aparte de tomar los 25 mejores años, la propuesta del oficialismo establece un nuevo mecanismo para el cálculo de la jubilación, en el que lo aportado se multiplicará por una tasa que se plantea que sea entre 1,1 y 1,35 de la contribución. A ese monto inicial se le sumará un “suplemento” ‒así se denomina en el documento‒ que abarcará a todos quienes ganen menos de 39.000 pesos. La lógica es que este subsidio sea mayor cuanto menor sea la jubilación o los años de aporte, y menor a medida que se acerca al límite de 39.000 pesos.

Según las fuentes de las delegaciones que analizan el documento, al comparar el esquema vigente con el que se propone, surge de forma clara que quienes tengan un sueldo básico jubilatorio ‒el promedio de sus 25 años de aporte‒ por encima del límite de 39.000 pesos estarán en peores condiciones que hoy, pero también todos aquellos con montos cercanos a ese valor, ya que accederán a un subsidio inferior por su carácter progresivo. Una fuente indicó que un posible punto de quiebre serían los 25.000 pesos, y otra consideró que con estas reglas los costos de la reforma recaen sobre “la clase media”.

Las fuentes también coincidieron en que es posible que para los salarios inferiores exista algún tipo de mejora con el nuevo esquema, dependiendo de las trayectorias laborales y otras particularidades. Por ese posible beneficio para los de menores ingresos y la afectación de la clase media es que, en una declaración que emitió el miércoles el PIT-CNT, se indicó que “el pilar básico propuesto, sin nuevas fuentes de ingreso, sólo es financiable mediante la rebaja de otras prestaciones, por lo que la redistribución será sólo entre trabajadores”.

Edad de retiro e ingreso universal

Más allá de la nueva edad de retiro, que será de 65 años cuando se complete el proceso gradual y manteniendo la exigencia de 30 años de aportes, la propuesta del oficialismo contempla que se exijan menos años de aporte en edades mayores: a modo de ejemplo, si una persona tiene 27 años de aportes se podría jubilar con 66 años, porque ese último año que trabajó cuenta por tres al verificar el tiempo de servicio; lo mismo si llega con 15 años de aportes a los 70.

Mientras que desde los 71 años se aplicará el denominado ingreso mínimo garantizado, cuyo único requisito será ser residente y que vendría a suplantar al esquema actual de jubilación por edad avanzada.

Una de las fuentes sostuvo que si bien es para destacar que se asegura un ingreso universal desde los 71 años, al subir la edad mínima del retiro se afectará a la población de mayor edad con problemas laborales. Esto ya había sido señalado por un informe de la Asesoría General en Seguridad Social del BPS, que indagó en las consecuencias de subir la edad jubilatoria y advirtió una posible “precarización” de los empleos para los trabajadores más añosos.

La fuente señaló que la población con menores tramos de trabajo formal, a quien se le dificultará incluso llegar a 15 años de servicio, no recibiría nada hasta luego de los 70 años. Contemplando la realidad del mercado laboral, el avance de la automatización y otros fenómenos que afectan a la población de mayor edad, quedarán en una situación “difícil” los mayores de 60 años, consideró. Pensando a futuro y de establecerse estas reglas, dijo que probablemente sea necesario establecer alguna medida para compensar a este grupo de trabajadores.

Refiriéndose en parte a esto, el PIT-CNT expresó que “los cambios paramétricos al barrer, como el aumento de la edad de retiro y otros no contemplan desigualdades evidentes e implicarían serios problemas de protección para vastos sectores de la población, que no están en condiciones de jubilarse más tarde”.