A pocos días de que termine formalmente el trabajo de la investigadora de la Cámara de Diputados sobre las compras y gastos del Ministerio de Turismo (Mintur), como se preveía, se redactaron dos proyectos de resolución para ser tratados en el Plenario. En el primero, de la coalición, piden remitir todas las actuaciones de la comisión a la Fiscalía, tanto de la gestión del exministro Germán Cardoso como de la administración del Frente Amplio (FA), a cargo de Liliam Kechichian.

El diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez, miembro de la comisión, dijo en conferencia de prensa que “si se investiga todo, es un verdadero ejercicio de transparencia”, porque “hay elementos que se deben tener en cuenta, tanto de la gestión de Cardoso como de la de Kechichian”, para que la Justicia “pueda indagar”. “Si el FA no quiere enviar a la Justicia determinado tiempo de las actuaciones dentro del Mintur con respecto a la compra de medios y a los gastos, tendrá que explicar por qué”, sostuvo.

En tanto, el diputado de Cabildo Abierto Rodrigo Albernaz, también miembro de la comisión, dijo que “hay potestades” que la comisión “no tiene”, y acompañan la visión de enviar a la Justicia todos los datos que surgieron en la investigadora y no enviar “parcialmente lo que conviene partidariamente”.

A su vez, el diputado nacionalista Juan Martínez Rodríguez, presidente de la comisión, subrayó que hay decisiones tanto de la gestión de Cardoso como de la de Kechichian que tienen “el carácter de discrecionales”. Es decir, que dentro del marco normativo se tomaron decisiones “que pueden ser compartibles o no, cuestionables o no, criticables o no, pero que se encuentran dentro de la ley”.

Rodríguez subrayó que, desde el punto de vista jurídico, “una cosa es la discrecionalidad y otra muy distinta es la arbitrariedad”. Entonces, para el diputado “lo que debe valorarse al momento de realizar un juicio respecto a lo que han sido todas las gestiones es si sus actuaciones fueron discrecionales y, por tanto, legales, o fueron arbitraria y, por tanto, violatorias de la norma”. “Ese es el punto central que a nosotros nos interesa dejar debidamente claro. En ese sentido, es la Fiscalía, y eventualmente, a posteriori, la Justicia, la que deberá valorarlo”, finalizó.

“Varias contradicciones”

Por otro lado, el diputado del FA Nicolás Viera, integrante de la comisión, dijo en conferencia de prensa que hacen una evaluación positiva del trabajo de los dos meses de la investigadora, porque obtuvieron información que de otra manera seguramente no hubiesen podido. Agregó que presentaron una resolución para trasladar al Plenario de Diputados, que recomienda enviar los antecedentes actuados en la comisión a la Fiscalía que está investigando la denuncia que presentó la bancada del FA sobre la gestión del exministro Cardoso.

El otro diputado del FA que integra la comisión, Gustavo Olmos, subrayó que discreparon con la coalición, que entendió que hay que enviar todos los antecedentes a Fiscalía, porque “no hay denuncias concretas” sobre el período de la exministra Kechichian. En cambio “sí hay una telaraña de intereses y de personas que se repiten en distintos roles, y que tienen que ver con la contratación de Kirma”, la contratación de publicidad en vía pública, el hotel Serena y “un conjunto de irregularidades que merecen ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía”.

Viera dijo que la comisión investigadora ayudó a generar nuevos elementos que dan “prueba de que hay irregularidades” en la gestión de Cardoso, por ejemplo, relacionadas al cumplimiento del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) “en algunos procedimientos administrativos”. Viera recordó que a Cardoso le preguntaron por qué tanto él como su asesor, Daniel Reta, conformaban facturas, y respondió que todo lo que no está en el Tocaf se puede hacer, cuando, en realidad, “sólo se puede hacer lo que está establecido en el Tocaf”, subrayó el diputado de la oposición.

Además, Viera destacó que hay “varias contradicciones”, sobre todo entre las personas del círculo inmediato de Cardoso. En particular, el rol de Elbio Rodríguez, el amigo de la adolescencia de Cardoso, que se presentó ante la comisión como “colaborador honorario” del exministro, “pero después Cardoso dijo que él no tiene nada que ver con Rodríguez”.

“Entonces, durante varios meses, existió una persona llamada Elbio Rodríguez que entraba al ministerio, que accedía a información, que daba consejos de a quién contratar o no, que vinculaba a empresas del extranjero con la agencia para generar lo que él entendía como un negocio lucrativo a futuro, que lo beneficiaría a él como privado, con el dinero público. Entonces, ha quedado claramente establecido que todo ese proceso que se puso sobre la mesa está plagado de contradicciones”, finalizó.